Iepac aprueba 631.5 mdp para 2027; partidos recibirían más que la organización electoral

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán aprobó su proyecto de Presupuesto de Egresos 2027 por 631.5 millones de pesos, año en que se renovarán el Congreso local y los 106 ayuntamientos. El dato que ordenará la discusión no es el total, sino su reparto: 212.8 millones se destinarían al financiamiento público de partidos y candidaturas independientes, mientras la organización de los comicios costaría 161 millones. El subsidio a los competidores pesa más que el operativo que decide quién gana.

El reparto que anticipa la pelea

El desglose aprobado por el Consejo General tiene otros tres bloques: 212.6 millones para remuneraciones del personal del Instituto y de quienes participan directamente en las actividades de los comicios; 33.4 millones para operación de oficinas; y 11.7 millones para programas institucionales.

El total supera en casi 108 millones —20.6%— lo que el Iepac solicitó para 2024 (523.6 millones), y queda muy por encima de los 436.6 millones que el Congreso autorizó finalmente ese año. El proyecto, pues, es una petición de arranque y no una cifra en firme.

El Instituto también conformó comisiones temporales de seguimiento para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el material y la documentación electoral, los cómputos distritales y municipales y la coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), además de definir partidas para capacitación y liderazgo político de las mujeres. La propuesta se enviará al Ejecutivo estatal para integrarse a la iniciativa de presupuesto y luego discutirse y votarse en el Congreso.

La lectura política

El presupuesto es el acto inaugural del proceso: fija cuánto puede gastar el árbitro y cuánto pueden gastar los jugadores. El financiamiento público se reparte conforme a la votación obtenida y al registro vigente de cada partido, lo que tiende a consolidar la posición de quien ganó la elección anterior. Los 212.8 millones son, por eso, un dato competitivo antes que administrativo.

Hay además un conflicto estructural que ninguna ley elimina. El mismo Congreso que discutirá y eventualmente recortará el presupuesto del Iepac es el que se renovará en 2027 bajo las reglas y el árbitro que ese presupuesto sostiene. Quien vote el ajuste será, en su caso, calificado por la institución a la que ajustó. Eso no empuja a la generosidad ni a la austeridad: empuja a la negociación.

Dos límites conviene precisar. El monto de financiamiento es un techo presupuestal, no un derecho adquirido: para las candidaturas independientes el acceso depende de cumplir requisitos de firmas y registro, así que la partida puede quedar parcialmente subejercida. Y la evidencia disponible no desglosa cuánto corresponde a cada partido ni cuánto creció ese rubro respecto de 2024; sin ese dato no puede sostenerse que el alza de 20.6% se explique por más cargos en disputa, por actualización de costos o por una decisión de fortalecer a las fuerzas con registro.

Lo que sí puede afirmarse es la función práctica del movimiento: colocar al Iepac en posición de negociar su techo de gasto antes de que arranque formalmente el proceso, y forzar a los partidos a pronunciarse sobre un reparto que ya los beneficia.

Qué sigue

El proyecto pasa al Poder Ejecutivo estatal, que debe integrarlo a la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que enviará al Congreso local. Ahí se define el monto final: en 2024 se pidieron 523.6 millones y se autorizaron 436.6, un precedente que sugiere que la cifra aprobada será menor a la solicitada.

Las comisiones temporales de seguimiento —PREP, material electoral, cómputos y coordinación con el INE— marcan el arranque operativo y anticipan dónde se concentrarán los reclamos si el recorte termina tocando la organización y no el financiamiento. Los partidos inconformes con su partida tendrán en el Consejo General la primera ruta de impugnación.