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Iepac proyecta 631.5 mdp para 2027 en Yucatán; el Congreso puede recortarlo
La cifra supera en 20.6% lo que el Instituto solicitó en 2024 y equivale a 44.6% más de lo que el Legislativo autorizó ese año. Dos terceras partes del gasto se irían a partidos y a remuneraciones del personal.
El Iepac de Yucatán aprobó un anteproyecto de 631.5 millones de pesos para organizar en 2027 la elección de Congreso local y ayuntamientos, 20.6% más de lo que pidió en 2024. Dos tercios se irían a partidos y a nómina. El Congreso estatal, que ya recortó en 2024, tiene la última palabra.
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán aprobó por unanimidad un anteproyecto de presupuesto de 631.5 millones de pesos para 2027, el año en que organizará la renovación del Congreso local y de los ayuntamientos. La cifra todavía no es dinero: es una solicitud que debe pasar al Ejecutivo estatal para incorporarse al paquete presupuestal y luego al Congreso, que puede modificarla. Pero ya fija el terreno de la discusión que acompañará todo el proceso y anticipa dónde estará el conflicto: no en las urnas, sino en cómo se reparte el gasto.
Del total, 212.8 millones —una tercera parte— se destinarían al financiamiento público de partidos y candidaturas independientes. Otros 212.6 millones irían a remuneraciones del personal del Instituto y de quienes participen en actividades electorales. La organización de los comicios absorbería 161 millones, poco más de una cuarta parte. El funcionamiento de oficinas costaría 33.4 millones y otros programas institucionales, 11.7 millones.
La comparación con la elección anterior es la que ordena la discusión. Para 2024 el Iepac solicitó 523.6 millones; ahora pide 107.9 millones más, un alza de 20.6%. El aumento se concentra en dos partidas: financiamiento a partidos, que sube de 188.7 a 212.8 millones, y proceso electoral, de 129 a 161 millones. Frente a los 436.6 millones que el Congreso autorizó finalmente en 2024 —87 millones por debajo de lo pedido—, la proyección de 2027 representa 44.6% más. El Instituto pide, en los hechos, contra su propio antecedente de recorte y no contra su solicitud original.
Hay que subrayarlo: son proyectos. El Legislativo estatal puede ajustar la cifra y en 2024 ya lo hizo. Ninguna de estas partidas está aprobada.
El calendario ya corre
El dinero llega acompañado de fechas. El proceso electoral local 2026-2027 arranca el 6 de noviembre. Las precampañas van del 15 de enero al 12 de febrero; las campañas, del 20 de abril al 2 de junio, y quienes aspiren por la vía independiente tendrán del 4 de enero al 12 de febrero para recabar apoyo ciudadano.
El Instituto ya integró comisiones temporales para el PREP, la documentación y el material electoral, los cómputos distritales y municipales, los consejos electorales y la coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE). También aprobó el calendario de ministraciones mensuales y las partidas que deberán destinarse a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
La lectura política
Un presupuesto electoral es, antes que una ficha administrativa, un acto político. Define cuánto costará el arbitraje, quién lo paga y cuánto margen tendrán los partidos para operar. Y en Yucatán llega con una particularidad: 2027 no habrá gubernatura en juego, solo Congreso local y ayuntamientos. Es la primera elección intermedia de la administración estatal en curso y, por su escala municipal, la que definirá el mapa de poder territorial hacia la segunda mitad del sexenio.
El dato más revelador es el destino del gasto. Cerca de dos terceras partes se van a financiamiento de partidos y a nómina del propio Instituto y de sus colaboradores eventuales. Lo que el ciudadano asocia con "la elección" —casillas, boletas, cómputos— es una cuarta parte. Esa proporción coloca al Iepac, en la práctica, como el principal distribuidor de recursos públicos entre las fuerzas políticas del estado durante el año electoral.
Los incentivos apuntan a un forcejeo previsible. La unanimidad del Consejo General sirve para blindar el anteproyecto: sin votos disidentes, no hay flanco interno que el Congreso pueda usar como argumento para recortar. El Ejecutivo estatal tiene pocos alicientes para aparecer ajustando al árbitro, pero el Legislativo sí: recortar el presupuesto de un organismo autónomo en año electoral se presenta fácilmente como austeridad, sobre todo cuando la solicitud crece 20% frente al ejercicio comparable. Y el precedente es verificable: en 2024 se recortaron 87 millones.
La consecuencia para los partidos es desigual. El financiamiento público es la partida que más crece y la que menos se discute en tribuna; lo que suele quedar expuesto al tijeretazo es el gasto operativo, justo el que sostiene casillas, capacitación de funcionarios y logística el día de la jornada. Quien pida recorte tendrá que decir qué se recorta.
Conviene ser preciso sobre los límites del dato. Este anteproyecto no dice nada sobre candidaturas, alianzas ni precandidaturas: no es señal de posicionamiento de ningún aspirante ni permite anticipar quién competirá. Ese elemento sigue faltando y llegará por otra vía, la de las definiciones partidistas de enero y febrero.
Qué sigue
El anteproyecto pasa al Ejecutivo estatal para incorporarse a la propuesta de presupuesto y después al Congreso de Yucatán, que puede modificarlo. La evidencia no precisa en qué fecha sesionará el Legislativo para resolverlo; ese plazo lo fija el paquete estatal, no el Instituto.
En paralelo, el calendario electoral avanza: el 6 de noviembre inicia formalmente el proceso 2026-2027; del 4 de enero al 12 de febrero de 2027 los independientes recaban apoyo ciudadano; del 15 de enero al 12 de febrero corren las precampañas, y las campañas, del 20 de abril al 2 de junio.
La señal a vigilar es simple y medible: cuánto de los 631.5 millones sobrevive al Congreso. Ese número, más que cualquier discurso, dirá con cuántos recursos y con qué grado de tensión se jugará 2027 en Yucatán.