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IEPC de Durango: 154 millones para partidos en el año preelectoral
El anteproyecto también contempla cerca de 100 millones para la operación del organismo y reserva el resto para el proceso electoral de 2028, con 1.7 millones de boletas y unas 2 mil 700 casillas. La cifra final la define el Congreso del estado.
El IEPC de Durango presentó un anteproyecto de presupuesto 2027 con 154 millones de pesos para prerrogativas de los partidos con registro, cerca de 100 millones para su operación y el resto para el proceso electoral de 2028. Los montos son estimaciones: deben pasar por el Consejo General y por el Congreso del estado, que tiene la última palabra.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango informó el 13 de octubre de 2026 que su anteproyecto de presupuesto para 2027 contempla 154 millones de pesos para prerrogativas de los partidos con registro: el más alto de los dos bloques que el organismo desglosó hasta ahora. El segundo ronda los 100 millones para el gasto operativo ordinario, y el resto se reserva para las actividades del proceso electoral de 2028, en el que se renovarán 15 diputaciones locales de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, además de las presidencias municipales que se votarán en la primera semana de ese año.
El consejero presidente del IEPC, Roberto Herrera, presentó el desglose en estos términos: "Inicialmente, 154 millones de pesos para las prerrogativas de los partidos políticos con registro ante el Consejo General del Instituto, cerca de 100 millones para el gasto operativo ordinario del propio organismo y el resto para las actividades relacionadas con el proceso electoral". La cifra no es un cierre: es el punto de partida de una negociación que pasará por el Consejo General y terminará en el Congreso del estado.
La parte operativa ya dibuja el tamaño del montaje. El IEPC prevé alrededor de 1.7 millones de boletas y cerca de 2 mil 700 casillas, además de impresión de documentos, materiales electorales, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la contratación de más de mil personas para distintas tareas. A eso se suman la renta y el equipamiento de inmuebles para los ocho organismos electorales municipales que funcionan como cabecera de Distrito.
Un calendario que empieza antes de la elección
El calendario obliga a contratar y equipar con un año de anticipación: a finales de 2027 deben instalarse los 39 Consejos Municipales que coordinarán la elección de presidencias municipales, de modo que 2027 no es un año de trámite para el IEPC sino de armado. En voto electrónico, en cambio, el organismo no se compromete: Herrera indicó que por ahora no está contemplado en el anteproyecto y que una eventual modalidad para casillas especiales dependería de lo que determine el Instituto Nacional Electoral (INE), que hasta el momento no ha definido nada.
La lectura política
El primer dato político está en el orden de las cifras: el rubro más alto del anteproyecto no es la operación del árbitro, sino el dinero que llegará a los partidos. Conviene precisar el límite de esa lectura. Conforme al marco legal vigente, las prerrogativas se calculan con una fórmula que combina el padrón electoral y la participación en la elección previa, de manera que los 154 millones no son un gesto de generosidad del IEPC sino, sobre todo, inercia normativa. La discrecionalidad real —y por tanto la negociación política— se concentra en el gasto operativo y en la bolsa del proceso.
Eso reordena quién gana y quién pierde margen de maniobra. El Congreso de Durango tiene la última palabra sobre el presupuesto, así que el gobierno estatal y la mayoría legislativa conservan la capacidad de ajustar el gasto operativo y el del proceso sin tocar, al menos no legalmente, la bolsa de los partidos. Cada peso recortado a la operación se traduce en menos sedes equipadas, menos contrataciones temporales y menos holgura para el PREP: decisiones que parecen administrativas y tienen efecto competitivo, porque un árbitro subfinanciado es un árbitro con menos margen.
Para los partidos, el mensaje es de continuidad: la prerrogativa está protegida por fórmula y llegará salvo cambio legal. La señal de fondo es otra. 2027 será un año de contratación y despliegue territorial del IEPC, y quien incida en la bolsa del proceso tendrá influencia sobre las condiciones en que se organizará la elección de 2028. Falta un elemento para medir la magnitud real del anteproyecto: la información disponible no precisa el monto total ni el calendario de aprobación. Tampoco hay aún un pronunciamiento de los partidos ni del Congreso estatal sobre las cifras, lo que impide saber si habrá disputa o trámite.
Qué sigue
El anteproyecto debe ser aprobado por el Consejo General del IEPC y enviado después al Congreso de Durango, que define la cifra final; ninguna de esas dos fechas aparece en la información disponible y el propio organismo advirtió que los montos son estimaciones. En el calendario electoral, a finales de 2027 deberán instalarse los 39 Consejos Municipales y en la primera semana de 2028 se celebrará la elección de presidencias municipales. Queda pendiente, además, la definición del INE sobre voto electrónico en casillas especiales, que podría modificar el anteproyecto.