IEPC Guerrero no puede sancionar asambleas, pero abre la vía al INE

Luz Fabiola Matilde Gama, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, delimitó qué puede y qué no puede hacer su instituto frente a los actos que varios partidos describen como campaña anticipada: fiscalizar y dar vista al Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de fiscalización, "porque es el órgano regulador", mientras los procedimientos sancionadores que se van concluyendo se remiten al Tribunal Electoral del Estado.

No es un matiz administrativo. Es la constatación de que el debate sobre las asambleas informativas de Morena —y sobre cualquier acto de posicionamiento que se le parezca— no se resolverá por la vía sancionadora local, porque, según la propia presidenta, esa conducta no está prevista en la ley electoral local ni en la federal. El efecto práctico es que el primer filtro de las conductas anticipadas en Guerrero antes de 2027 no será la sanción política, sino el dinero.

Matilde Gama habló al concluir la presentación del libro *La democracia inconclusa, a la búsqueda de la reforma electoral perfecta*, de Marco Antonio Adame Meza, director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero. En el mismo acto estuvieron la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Alma Delia Eugenia Alcaraz, y Dagoberto Santos Trigo, del INE.

Ahí detalló que las denuncias por actos anticipados de campaña ante el IEPC suman cinco: una del PRI, tres de ciudadanos y una iniciada por un comentario del representante de Movimiento Ciudadano. El jueves por la noche el instituto sesionó la queja contra Beatriz Mojica Morga, promovida por una ciudadana de Acapulco, y determinó que no se acreditó acto anticipado de campaña porque "no se llamó expresamente al voto de una persona".

Ese criterio pesa más que la resolución. El árbitro local está haciendo público dónde está su umbral: sin llamado expreso al voto, no hay sanción. La presidenta añadió que las quejas y denuncias exigen objetividad y que el instituto no puede entrar en "temas subjetivos". Cuestionada por el dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, quien acusó que el Instituto no genera confianza porque no vio los actos anticipados de Morena, respondió que es "respetable su opinión" y devolvió el problema al legislador: hubiera sido bueno adecuar la ley electoral para prever estas situaciones.

Del otro lado, Santos Trigo afirmó que no existe una sola denuncia ante el INE por actos anticipados de campaña y que los partidos acuden a los medios, donde no les piden pruebas. Sobre las pintas con nombres, dijo: "nosotros vemos un nombre, pero no indica nada" si no hay llamado al voto.

Un vacío que ya tenía fecha

El diagnóstico no es nuevo. El 19 de septiembre de 2026, la misma presidenta había advertido que el IEPC no puede frenar las llamadas campañas anticipadas porque no están reguladas en la ley estatal ni federal. La reiteración, con el proceso de 2027 más cerca, confirma que no hubo cambio normativo y que el "acto interno de partido" quedó fuera del catálogo de conductas sancionables en Guerrero.

La lectura política

El argumento "no está en la ley" cumple dos funciones a la vez: blinda al instituto —ningún órgano electoral puede crear tipos sancionadores— y traslada el costo político al Congreso local y a la Cámara de Diputados. Matilde Gama ubicó esa tarea "una vez que pase el proceso electoral", es decir, después de 2027. Traducido: las reglas con las que se competirá ya están escritas, y quien resulte beneficiado por el vacío no tiene incentivo para legislar antes de la elección.

En la práctica, los actos que no alcanzan el umbral del llamado al voto operan como posicionamiento temprano. No son candidatura registrada ni precandidatura formal, y la resolución sobre Mojica Morga no acredita ni descarta nada sobre aspiraciones: sólo establece que no hubo acto anticipado sancionable. La distinción importa para no confundir una derrota procesal de la denuncia con una exoneración política.

Donde el árbitro conserva dientes es en la fiscalización. Ahí el estándar no es valorativo sino contable: origen y destino de los recursos. Dar vista al INE activa a otra autoridad, con otro expediente y otro tipo de prueba; para quien organiza asambleas con dinero no reportado, ese riesgo es mayor que cualquier debate en medios. Los incentivos de los partidos, mientras tanto, apuntan a denunciar en la conversación pública —donde rinde y no se exige probar— y no ante la autoridad, donde la carga probatoria es del denunciante. El resultado es incómodo: ni sanción ni absolución, el tema queda vivo.

El balance de poder es claro. El instituto local gana margen al no decidir el fondo; el Tribunal Electoral del Estado acumula expedientes; los partidos que esperaban que el árbitro nivelara el piso pierden, y quien se posiciona primero conserva la ventaja de arrancar antes.

Qué sigue

Las cinco denuncias siguen en trámite y, conforme se concluyan, se remitirán al Tribunal Electoral del Estado; de cualquiera puede derivar una vista al INE por fiscalización. Si un partido quiere activar al órgano nacional, tendrá que presentar denuncia formal con pruebas: hoy, según Santos Trigo, no hay ninguna. La tipificación de los actos internos de partido quedó en manos del Congreso local y de la Cámara de Diputados para después del proceso. En paralelo, Matilde Gama dijo que ya está invitada a la Mesa de Seguridad, que no tiene un mapa propio de focos rojos y que éste corresponde al estado, entre marzo y abril, cuando se acerca la instalación de casillas.