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IEQROO convierte su informe en el arranque electoral de 2027
Rubí Pacheco Pérez presentó ante la XVIII Legislatura un balance con 137 cargos judiciales ya electos y una advertencia: las reglas de registro, paridad y acciones afirmativas para la sucesión de la Gubernatura todavía no están escritas.
Rubí Pacheco Pérez, consejera presidenta del IEQROO, presentó ante la XVIII Legislatura de Quintana Roo su informe 2025-2026 y adelantó la planeación de 2027, cuando se renovarán la Gubernatura, 25 diputaciones y 11 ayuntamientos. Destacó la elección judicial de 137 cargos y 72.6 millones de pesos para partidos. El acto abre la discusión sobre reglas, paridad y presupuesto del árbitro electoral.
La consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), Rubí Pacheco Pérez, presentó ante el Pleno de la XVIII Legislatura su Informe de Labores y Resultados 2025-2026 y lo hizo con el calendario de 2027 como eje: la renovación de la Gubernatura, las 25 diputaciones del Congreso y los 11 ayuntamientos. Formalmente se trata de un ejercicio de rendición de cuentas. En la práctica funciona como el arranque institucional de la elección más grande del calendario local, y coloca al árbitro electoral frente al mismo Congreso que será renovado en esa contienda.
El informe está ordenado por hechos verificables. El instituto reportó el cierre técnico, documental y estadístico de la primera elección extraordinaria del Poder Judicial de Quintana Roo, con 137 cargos locales elegidos y 3 mil 840 paquetes electorales procesados con el 100% de los códigos de validación. En órganos de dirección, el Consejo General celebró 23 sesiones con 52 acuerdos y 15 resoluciones; la Junta General, 25 sesiones y 60 acuerdos. Para 2026 asignó 72 millones 604 mil 830.85 pesos de financiamiento público a partidos —actividades ordinarias, específicas y de liderazgo político de las mujeres— y determinó que los dos partidos estatales cumplieron el mínimo de afiliación para conservar el registro.
En materia administrativa, Pacheco Pérez reportó 100% de cumplimiento en obligaciones de transparencia, evaluación sobresaliente en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) de 2025 y las 355 actividades que le requirió el Instituto Nacional Electoral (INE) vía el Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE). Con la nueva Ley de Transparencia estatal, derivada del Decreto 154, el organismo atendió 98 solicitudes de acceso a la información con un promedio de cuatro días de respuesta.
De la elección judicial a la boleta de 2027
La parte del informe que mira hacia adelante es la que tiene consecuencias. El IEQROO deberá actualizar lineamientos electorales, criterios para el registro de candidaturas, bloques de paridad y acciones afirmativas para adecuarlos a la reforma constitucional del 29 de mayo de 2026 —decretos 251 y 257—, incorporar al régimen local a dos nuevos partidos políticos nacionales y concluir el Concurso Público 2026 del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). A ello suma infraestructura tecnológica, protocolos de ciberseguridad y los sistemas de cómputo y de organización de debates.
El área de educación cívica completó su propio reporte: 3 mil 350 estudiantes en procesos electorales escolares, 2 mil 70 jóvenes de secundaria en el programa "¿Qué rollo con la Democracia?", y una Red de Mujeres Electas que pasó de 40 a 58 integrantes. Quintana Roo fue sede del Encuentro Nacional de Inclusión y Democracia Sustantiva 2026, con autoridades electorales de 28 entidades.
La lectura política
El informe es, primero, una operación de legitimidad presupuestal. Cuando Pacheco Pérez habla de "ruta de planeación metodológica" y "optimización de recursos" está describiendo, en el lenguaje administrativo disponible, un operativo de tres niveles de gobierno electoral que todavía no tiene techo financiero conocido. La elección judicial es su mejor activo: 137 cargos y 3 mil 840 paquetes con validación completa es la prueba técnica con la que el instituto puede defender capacidad operativa ante el Congreso que le aprueba recursos y ante el INE que le audita.
Segundo, el compareciente y el auditor son el mismo cuerpo. Las 25 diputaciones que se renuevan en 2027 son las de los legisladores que escucharon el informe y que operarán el marco jurídico de esa elección. Ahí está el incentivo real: criterios de registro de candidaturas, bloques de paridad y acciones afirmativas no son detalles técnicos, definen quién puede estar en la boleta y en qué orden. Anticipar esas reglas reduce el margen de impugnación posterior, pero también traslada la negociación al momento en que los partidos todavía no tienen candidatos que defender.
Tercero, la incorporación de dos partidos nacionales amplía la oferta y la carga logística: más boletas, más casillas, más representantes que acreditar. Para el árbitro es una prueba de capacidad; para los partidos locales, una advertencia de competencia por el mismo electorado.
El límite del acto es claro: se trata de una funcionaria en funciones rindiendo cuentas ante el Legislativo, no de una precandidatura ni de un posicionamiento electoral, y la evidencia disponible no sostiene otra lectura. Tampoco hay aún dato sobre el anteproyecto de presupuesto 2027 ni sobre la fecha de inicio formal del proceso local: sin esos dos elementos no puede medirse la dimensión real del operativo.
Qué sigue
El instituto enumeró sus próximos hitos: la conclusión del Concurso Público 2026 del SPEN; la actualización de lineamientos, criterios de registro, bloques de paridad y acciones afirmativas conforme a los decretos 251 y 257; y la incorporación formal de los dos nuevos partidos nacionales al régimen electoral local. Falta conocerse el calendario de aprobación de esas reglas, el monto del financiamiento público 2027 y la fecha de instalación formal del proceso electoral. Cada uno de esos pasos pasará, otra vez, por la XVIII Legislatura.