Iglesia de Tabasco advierte que las coordinaciones pueden anticipar la campaña de 2027

El vocero de la Diócesis de Tabasco, Denis Ochoa Vidal, pidió respetar la ley electoral y evitar actos que anticipen campañas, justo cuando ex alcaldes de la entidad han hecho público su interés por un cargo en el proceso de 2027. La advertencia no es un trámite eclesiástico: nombra la franja más frágil del calendario electoral, esa en la que una aspiración ya opera en territorio pero todavía no existe como candidatura ni como precampaña registrada.

Ochoa Vidal fue preciso al identificar el eufemismo. “Es cuidar mucho esos aspectos, no anticipar campañas para que las figuras que se están poniendo de coordinaciones no sean una antesala de campañas políticas”, sostuvo. Con eso colocó una palabra —coordinaciones— en el centro del debate y le atribuyó un riesgo concreto: que el nombre formal de una responsabilidad organizativa sirva para hacer campaña sin cumplir las obligaciones que la ley impone a una campaña.

El señalamiento no flota en el aire. El ecosistema informativo tabasqueño registra anuncios públicos como el de Carlos Madrigal Leyva, quien dio a conocer su registro para coordinar los comités de la Transformación en Nacajuca, y el propio vocero diocesano habló de “figuras” en plural. El destino natural de ese apetito está claro: en 2027 Tabasco renueva diputaciones federales, Congreso local y sus 17 ayuntamientos —no la gubernatura, electa en 2024—, de modo que los ex presidentes municipales compiten por curules y por volver a presidir municipios.

Jurídicamente, nada de eso es todavía una candidatura. La ley electoral mexicana no sanciona la aspiración, la militancia ni el activismo organizativo; sanciona el acto anticipado de campaña, que exige elementos verificables —llamados explícitos al voto, difusión sistemática de una imagen con ese fin, financiamiento no reportado— y se tramita ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) y el Tribunal Electoral de Tabasco (TET), con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la cadena de revisión. La pregunta que la Iglesia instala no es si un ex alcalde puede aspirar, sino en qué momento su estructura deja de ser estructura.

La lectura política

La intervención diocesana tiene una virtud para quien la emite: habla en general y no acusa a nadie. Ese formato le permite fijar un estándar público —la ley electoral como límite— sin romper interlocución con ningún gobierno ni con ningún partido, y reservarse el derecho de repetir el llamado cuando el calendario apriete. En una entidad con presencia católica extendida y con una clase política que suele buscar legitimidad moral en el obispo, el mensaje llega a un público que no lee acuerdos del INE.

El incentivo de los ex alcaldes es distinto y más perentorio. Su activo es una red territorial que se enfría rápido: si esperan al inicio formal del proceso, pierden posicionamiento frente a quienes ya caminan; si se mueven antes, ganan ventaja y trasladan el costo a la autoridad electoral, obligada a resolver caso por caso con prueba escasa. Ahí está la función práctica de la “coordinación”: permite mantener activos cuadros, medir lealtades y ordenar una sucesión interna sin comprometer candidaturas, que es exactamente lo que la ley todavía no prohíbe.

Para la fuerza dominante en Tabasco, la ambigüedad también es un recurso. Quien controla la estructura decide qué coordinación se tolera y cuál se considera competencia desleal; quien no la controla compite con desventaja aunque tenga capital electoral propio. La advertencia de la Iglesia incomoda más a los aspirantes sin aparato que a los que ya lo tienen. Y envía una señal a los adversarios: en 2027 la disputa real será por las candidaturas locales y por el peso de cada tribu en la coalición, no por un discurso nacional.

Lo que la evidencia disponible no permite afirmar es la magnitud del fenómeno: no hay cifras de cuántos ex alcaldes se han registrado, ante qué instancia ni con qué respaldo partidista, ni consta denuncia alguna por actos anticipados. Sin esos datos, calificar cada coordinación como precandidatura de facto sería un exceso; sostener que ninguna lo es, también.

Qué sigue

El primer paso verificable es institucional: si el IEPCT o el TET reciben denuncias por actos anticipados y con qué prueba las admiten. El segundo está en los partidos, que definirán convocatorias y métodos de selección antes de que el proceso local entre en su etapa formal; ahí se sabrá qué coordinaciones se convierten en registros y cuáles se diluyen. El tercero depende de la propia diócesis: si el llamado queda como pronunciamiento aislado o se repite con nombres y fechas. Mientras tanto, la vara quedó puesta y cualquiera que se mueva antes de tiempo tendrá que explicar por qué su coordinación no es una campaña.