INE aprueba voto en prisión preventiva en 21 estados para 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un modelo para implementar el voto en centros penitenciarios en 21 entidades federativas de cara a las elecciones de 2027, incluido San Luis Potosí. El mecanismo no es una concesión nueva: materializa un derecho que ya existe para las personas en prisión preventiva, es decir, quienes enfrentan un proceso penal sin sentencia firme y conservan sus derechos político-electorales. La decisión importa porque convierte una discusión de principio en una operación logística con fecha, territorio y responsables, y porque obliga a las autoridades a responder una pregunta incómoda: cómo se vota con información cuando el encierro aísla.

El universo al que apunta el modelo es acotado pero significativo: cerca de la mitad de las personas internas en centros penitenciarios se encuentra en prisión preventiva, sin sentencia. José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la asociación civil Perteneces, ubicó ahí el punto crítico. A su juicio, el reto no se agota en instalar casillas dentro de los penales, sino en asegurar que quienes están privados de la libertad sepan quiénes buscan su respaldo y qué proponen. La advertencia no es menor: un voto emitido sin información suficiente cumple el trámite, pero no necesariamente la función democrática que justifica reconocerlo.

La distinción jurídica es central y suele diluirse en la conversación pública. No se trata de otorgar el voto a personas sentenciadas, sino de hacer efectivo el de quienes aún no tienen resolución definitiva. Esa frontera explica por qué el modelo puede avanzar sin reforma constitucional y por qué su implementación depende de coordinación entre el INE, las autoridades electorales locales y los sistemas penitenciarios estatales. En 21 entidades esa coordinación ya tiene un marco aprobado; en el resto, el derecho sigue esperando mecanismo.

La lectura política

El movimiento del INE ordena una obligación legal, pero también envía una señal sobre el tipo de elección que se prepara para 2027: una donde la autoridad electoral busca anticipar litigios y reclamos de exclusión antes de que ocurran. Cada entidad que implemente el modelo reduce el margen para impugnaciones por vulneración del voto de personas en prisión preventiva, un frente que en procesos anteriores se resolvió más por amparo que por diseño institucional.

El incentivo de los partidos es menos evidente de lo que parece. La población en prisión preventiva no es un bloque homogéneo ni previsible, y su peso numérico no altera por sí solo una elección. Pero su inclusión tiene valor simbólico y jurídico: obliga a las campañas a decidir si ignoran a ese electorado o si diseñan materiales y mensajes para un público sin acceso ordinario a medios. Quien no haga ese esfuerzo no pierde automáticamente votos, pero deja que la autoridad electoral y las organizaciones civiles definan el estándar de información con el que se evaluará el proceso.

Para el INE, el modelo también es una prueba de capacidad operativa. La instalación de casillas en penales exige protocolos de seguridad, capacitación de funcionarios y condiciones de equidad que no dependen solo del árbitro electoral, sino de gobiernos estatales y fiscalías. Si el mecanismo falla en la práctica, el costo político recae en la autoridad que lo aprobó, aunque la ejecución sea compartida. Esa asimetría explica por qué el discurso oficial subraya la aprobación del modelo más que sus condiciones de aplicación.

La advertencia de Perteneces introduce un actor que no compite electoralmente pero que puede influir en la agenda de derechos: al señalar la brecha de información, la organización coloca un parámetro de evaluación que trasciende la jornada electoral. El desafío que describe no es técnico, es de equidad: sin acceso a propuestas, el voto en prisión preventiva puede quedar formalmente garantizado y materialmente vacío. Esa es la diferencia entre cumplir una sentencia de tribunal y construir ciudadanía electoral.

Qué sigue

El siguiente paso verificable es la instrumentación del modelo en cada una de las 21 entidades: convenios con los sistemas penitenciarios, definición de casillas y protocolos, y capacitación de quienes operarán el mecanismo. Para 2027, el INE y los organismos electorales locales deberán publicar lineamientos sobre cómo llegará la información de campañas a los centros penitenciarios, un punto que la evidencia disponible aún no detalla. La pregunta que queda abierta es si el modelo incluirá mecanismos de difusión equitativa o si se limitará a garantizar la emisión del sufragio. De esa respuesta dependerá que el voto en prisión preventiva pase de ser un derecho reconocido a un derecho ejercido con condiciones reales.