INE arranca 2027 en Quintana Roo sin filtros anticrimen pese a reforma

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo arrancó el Proceso Electoral Federal 2026-2027 sin protocolos ni rutas claras para detectar candidaturas de riesgo o con antecedentes criminales, pese a que la reforma electoral de mayo de 2026 ordenó esa verificación. Lo reconoció el consejero presidente de la Junta Local Ejecutiva, Sergio Ruiz Catellot: el acuerdo que debía aterrizar los mecanismos “todavía no ha bajado de las oficinas centrales”. El proceso local inició el 30 de septiembre y el nacional el 10 de septiembre, de modo que la entidad ya avanza en tareas de organización —insaculación, capacitación, casillas— mientras el filtro anticrimen sigue sin procedimiento escrito.

La escala de lo que está en juego ayuda a medir el hueco. La elección concurrente de 2027 pondrá en disputa 165 cargos en Quintana Roo: una gubernatura, 15 diputaciones de mayoría relativa, 10 de representación proporcional, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas y 117 regidurías. Al corte más reciente, el estado reporta un Padrón Electoral de un millón 588 mil 805 personas y una Lista Nominal de un millón 568 mil 626, con alrededor de 2 mil 624 casillas previstas para la jornada del 6 de junio.

La comisión existe; el procedimiento, no

El 30 de mayo, el INE creó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, presidida por el consejero Arturo Chávez y coordinada por la Secretaría Ejecutiva. Esa es la pieza formal y ya está instalada. Lo que falta es el acuerdo operativo: quién solicita la información, a qué autoridad, dónde se analiza y con qué criterios se resuelve.

Ruiz Catellot lo planteó como una duda abierta: “¿No sabemos si seremos gestores y la información se analizará en Ciudad de México? ¿Si en la Ciudad de México solicitarán la información y nos la bajará a nosotros?”. Su límite institucional es explícito: “Nosotros no somos autoridades investigadoras, serán esas instancias quienes deberán aportar esa información”. El propio consejero colocó marzo como el límite para construir los filtros. En la sesión de instalación del Consejo Local tomó protesta a Octavio Marcelino Herrera Campos como Vocal Secretario, así como a seis consejeras y consejeros electorales propietarios.

La lectura política

La reforma creó una facultad, pero no un procedimiento. El INE es árbitro, no fiscal: los datos duros sobre antecedentes penales viven en fiscalías, corporaciones de seguridad y áreas de inteligencia, y ninguna de esas instancias está obligada por el calendario electoral a entregarlos a tiempo. El hueco, entonces, no es solo administrativo. En la práctica, la verificación de integridad funciona como una aduana política: puede dejar fuera a un aspirante o, por omisión, avalarlo con el sello implícito de que “pasó los filtros”. Los dos resultados tienen costo.

Los incentivos apuntan en direcciones distintas. Para la junta local, lo cómodo es no cargar sola con la decisión; para el Consejo General que encabeza Guadalupe Taddei, lo urgente es fijar un criterio único antes de que el registro convierta cada caso en litigio. Para los partidos, en un estado con presión de seguridad, lo rentable es anticiparse: Morena ha anunciado un “doble filtro” anticrimen para sus aspirantes, señal de que las fuerzas políticas ya calculan que el tema será parte de la campaña de 2027, con gubernatura incluida.

Conviene ser preciso con las categorías. Todavía no hay candidaturas formales en Quintana Roo: el registro no ha ocurrido y lo que existe son aspirantes, precampañas por venir y posicionamientos. El filtro operaría antes del registro, sobre personas que aún no son candidatas. Si el acuerdo no queda escrito antes de esa fecha, cualquier exclusión —o cualquier aval— será leído como decisión política y no técnica, con la consecuente ruta de impugnación ante el Tribunal Electoral.

Qué sigue

El plazo que el propio Ruiz Catellot fijó es marzo de 2027, tres meses antes de la jornada del 6 de junio. En el calendario inmediato, el INE local debe recibir el acuerdo del Consejo General que defina mecanismos y responsables, y la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tendrá que emitir los lineamientos correspondientes. En paralelo, personal del organismo visitará los domicilios de más de 204 mil personas sorteadas en la primera insaculación, con 113 supervisores electorales y 672 capacitadores asistentes; las urnas electrónicas ya presentes en el estado no se usarán en 2027.

Queda pendiente lo esencial: si la verificación se concentra en Ciudad de México con criterios homogéneos o si cada junta local improvisa la suya. Ese es el punto a vigilar, porque de él depende que el filtro anticrimen sea un mecanismo verificable o un enunciado sin consecuencias. Con 165 cargos y la gubernatura en juego, la diferencia no es menor. Falta, además, un elemento que la evidencia aún no permite confirmar: el contenido mismo del acuerdo que definirá quién verifica, con qué fuentes y bajo qué estándar de prueba.