INE fija el 4 de enero para coaliciones; oposición exige frenar sobrerrepresentación

El Instituto Nacional Electoral (INE) fijó el 4 de enero como fecha límite para que los partidos registren sus convenios de coalición rumbo a 2027 y dejó intacta la regla que la oposición quería mover: la verificación de la afiliación efectiva de quienes compitan en alianza se hará tomando como referencia esos convenios ya registrados. La decisión, adoptada en la sesión del Consejo General del 24 de septiembre, convirtió un acuerdo de lineamientos —material que rara vez sale del circuito especializado— en el primer pronunciamiento conjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Somos México contra el bloque oficialista.

El punto en disputa no es la fecha, sino lo que el convenio hace posible. Según la descripción del representante priista Emilio Suárez Licona, el partido con la mayor votación de una coalición puede transferir a sus aliados minoritarios candidaturas de mayoría relativa; esos triunfos dejan de contabilizarse a su cuenta al momento de asignar curules de representación proporcional, con lo que se evita el supuesto de sobrerrepresentación. "Los convenios de coalición no pueden convertirse en una vía para fabricar una representación distinta de la que corresponde conforme a la Constitución", advirtió MC. Marco Baños, de Somos México, pidió verificar la afiliación efectiva de todos los postulantes y garantizar que "no hubo cambio de militancias exprés".

El acuerdo aprobado establece que la revisión de a qué partido pertenece cada candidato se hará cuando se definan las candidaturas, ya validados los convenios. El consejero Arturo Castillo propuso mover la fecha de referencia al 24 de septiembre, día de aprobación del propio acuerdo, para "reducir los incentivos perversos" a modificar militancias en el intermedio. Nadie respaldó su propuesta. El PRI había pedido algo más ambicioso: fijar el corte en el 10 de septiembre, inicio del proceso electoral. Con el criterio vigente, la ventana para acomodar afiliaciones corre de septiembre al 4 de enero.

El PAN suscribió la posición conjunta, aunque en el registro de la sesión no aparece una intervención suya con argumentos propios: la evidencia disponible no permite reconstruir su razonamiento específico más allá del respaldo al bloque.

El precedente que explica la exigencia

Suárez Licona recordó que en los años noventa existían la transferencia de votos y la cláusula de vida eterna, y que de esa discusión salió el límite constitucional a la sobrerrepresentación. Añadió dos episodios que, sostuvo, muestran cómo se ha esquivado: en 2018 el Partido del Trabajo intentó desconocer 35 triunfos de su propia coalición para quedarse con más plurinominales, y en 2024 el criterio de afiliación efectiva habría sido burlado con triangulación de perfiles. Son acusaciones de un actor interesado, no resoluciones judiciales, y así deben leerse.

La lectura política

Lo sustantivo de esta sesión es el calendario. Al anclar la verificación de afiliación efectiva al 4 de enero, el INE concentra en una sola fecha dos decisiones que antes podían ir por separado: quién va con quién y a qué partido se le abona cada triunfo. Eso obliga a los partidos a cerrar el reparto de candidaturas antes de lo habitual, en un documento público, validable y potencialmente impugnable. El mecanismo no desaparece; se vuelve más visible.

La exigencia opositora tiene un costo para quien la firma: cualquier coalición que PRI, PAN, MC o Somos México registren en 2027 quedará sujeta al mismo escrutinio que piden endurecer. Esa simetría es lo que da credibilidad al planteamiento y lo que lo distingue de un comunicado de ocasión. En términos prácticos funciona como un compromiso anticipado entre fuerzas que aún no definen si competirán juntas, y como ensayo de un bloque opositor que hasta ahora no tiene candidatura ni plataforma compartida: es coordinación sobre las reglas, no una precandidatura.

El resultado de la votación matiza la lectura partidista. La propuesta de Castillo no fue respaldada por nadie, ni siquiera por los representantes que ese mismo día reclamaban un corte temprano. Eso indica que la mayoría del Consejo prefirió no cargar con un criterio retroactivo, más que una alineación limpia entre consejeros y bloques. Lo que sí queda como señal es el costo de oportunidad: entre septiembre y enero hay margen para mover militancias, y ese margen es precisamente lo que la oposición quería cerrar. A quién beneficia ese margen es una inferencia razonable, no un hecho acreditado en el acuerdo.

Qué sigue

El 4 de enero vence el registro de convenios de coalición y el INE deberá validarlos. La verificación de afiliación efectiva ocurrirá después, cuando se definan las candidaturas, y es ahí donde se medirá si el acuerdo tuvo efecto práctico o quedó como declaración de buenas intenciones. Queda por verse si alguno de los cuatro partidos presenta un recurso formal ante el INE o el Tribunal Electoral, si el PT y el PVEM responden con su propia lectura del instructivo, y si la posición conjunta del 24 de septiembre se repite cuando toque repartir candidaturas. Falta un elemento para sostener conclusiones más firmes: el texto final publicado de los lineamientos, que permitiría confirmar que la fecha ancla del 4 de enero no admite ajustes posteriores.