INE fija el calendario de precampañas 2027 y partidos denuncian terreno disparejo

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios para las precampañas federales y el instructivo con el que los partidos deberán solicitar coaliciones rumbo a la elección de diputaciones de mayoría relativa de 2027. La decisión tiene una consecuencia inmediata: el proceso ya cuenta con calendario vinculante y con una regla explícita para repartir candidaturas cuando dos partidos se disputen el mismo distrito. Pero la sesión dejó algo más útil para leer el año que viene: los propios representantes partidistas describieron el terreno de la contienda como desigual antes de que esta arranque formalmente.

Las precampañas correrán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027. Los partidos deberán informar su método de selección de candidaturas a más tardar el 5 de diciembre de 2026. Las candidaturas de mayoría relativa deberán quedar definidas el 19 de febrero y las de representación proporcional el 26 de febrero. La consejera Carla Humphrey defendió fijar reglas claras de paridad e igualdad sustantiva para garantizar el cierre formal del proceso en las fechas previstas.

En el instructivo de coaliciones, el Consejo mantuvo el criterio de afiliación efectiva para determinar el partido de origen de cada candidatura en caso de discrepancias al momento de registrar una alianza. Ese detalle técnico es, en la práctica, la regla que resuelve quién es dueño del candidato cuando la negociación se atora. No es un dato menor en un proceso donde las alianzas suelen definirse distrito por distrito.

La sesión se realizó de manera virtual y eso produjo una segunda disputa, distinta a la del calendario. Carlos Eduardo Gutiérrez, representante del PRI, cuestionó la ausencia física de los consejeros en la sede. Marco Antonio Baños, representante de Somos, sostuvo que "no hay ningún argumento que justifique que las sesiones se realicen de manera virtual" y reclamó la respuesta a su solicitud para incluir siete informes, entre ellos procedimientos de remoción en organismos públicos locales electorales (OPLE), renuncias de personal y el pago de 6.2 millones de pesos en honorarios a ocho personas. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respondió: "Sí hay transparencia. Sí hay rendición de cuentas. Sí hay voluntad de presentar y entregar información a quien así lo solicite". También afirmó que el instituto está "listo, fuerte y sólido" para un proceso electoral que calificó de complejo por el contexto político, social y económico.

La lectura política

El instructivo de coaliciones reparte poder de negociación. Al conservar la afiliación efectiva como criterio de desempate, el INE traslada la disputa al terreno donde los partidos ya compiten: quién militó, quién construyó el territorio y quién puede reclamar la candidatura. Emilio Suárez Licona, representante del PRI, advirtió que las coaliciones no deben usarse para alterar la distribución de triunfos ni para evadir los límites de sobrerrepresentación. Es una acusación preventiva, no una resolución: no existe todavía acto de autoridad que confirme ese uso, y el INE no fijó en los criterios aprobados un mecanismo adicional de verificación sobre ese punto.

La segunda señal es de calendario, no de reglas. Suárez Licona afirmó que el oficialismo adelantó sus definiciones por meses y que las precampañas formales sólo servirán para institucionalizar decisiones previas. Marco Antonio Baños lo planteó en los mismos términos: "Estamos en una sesión paradójica que comienza un proceso que ilegalmente ya empezó desde hace varios meses". Conviene precisar el estatus: mientras no existan registros ni actos de precampaña en los términos del calendario, no hay precandidatura en sentido jurídico. Lo que sí opera, según estos propios representantes, es un posicionamiento anticipado que funciona como precampaña de facto. Juan Manuel Ramírez, de Movimiento Ciudadano, pidió vigilar la afiliación efectiva y que las alianzas no frenen investigaciones por actos anticipados o recursos irregulares: la vía impugnativa será la continuación natural de esta discusión.

El tercer elemento es interno y puede pesar más que los otros dos. Un árbitro que discute su modalidad de trabajo, que deja pendientes siete informes y que sesiona a distancia entrega a los partidos un argumento listo para impugnar cada resolución. En una elección intermedia donde se reparten diputaciones, la sospecha sobre el árbitro es, por sí misma, un activo de campaña.

Qué sigue

El 5 de diciembre de 2026 vence el plazo para que los partidos informen su método de selección de candidaturas: ahí se verá qué tan adelantadas están las definiciones que los representantes dicen que ya ocurrieron. El 4 de enero de 2027 arrancan formalmente las precampañas y el 12 de febrero cierran. Las candidaturas de mayoría relativa deben quedar el 19 de febrero y las de representación proporcional el 26 de febrero.

En paralelo quedan abiertos los frentes que la sesión no saldó: el desahogo de los siete informes solicitados, la discusión sobre sesiones presenciales o virtuales y las solicitudes formales de coalición bajo el instructivo aprobado. La evidencia disponible no precisa el plazo para presentar esas solicitudes ni cuántos partidos han manifestado intención de aliarse; sin ese dato no puede medirse el tamaño real de las alianzas ni anticiparse si la advertencia del PRI sobre la sobrerrepresentación tendrá consecuencias prácticas.