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INE multa a Morena por 39.9 mdp y acumula presión rumbo a 2027
El Consejo General resolvió 20 de 36 procedimientos por afiliaciones sin consentimiento acreditado. Un representante partidista en la sesión proyectó que el mismo concepto ya acumularía alrededor de 70.4 millones de pesos.

El INE multó a Morena con 39.9 millones de pesos en 20 resoluciones por afiliaciones indebidas, dentro de 36 procedimientos sancionadores en los que se acreditaron 249 afiliaciones sin consentimiento. La consejera presidenta Guadalupe Taddei convocará a los partidos a revisar sus procedimientos. Entre 2025 y 2026 las sanciones por el mismo concepto acumularían 70.4 millones, según una intervención
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a Morena con 39 millones 924 mil 142 pesos en 20 resoluciones por afiliaciones indebidas. El monto es alto, pero el dato con mayor peso político es otro: esas 20 resoluciones forman parte de un paquete de 36 procedimientos ordinarios sancionadores resueltos en la misma sesión, de los cuales 26 estuvieron vinculados con la afiliación de personas sin que se acreditara su consentimiento. El instituto documentó 249 casos de ese tipo. La sesión se celebró a menos de ocho meses de la jornada del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.
Durante la deliberación, el representante del partido Somos, Marco Antonio Baños Martínez, subrayó la concentración de expedientes: "de los 36 apartados, 20 tienen que ver con el partido político de Morena". Su intervención no se limitó al conteo. Sostuvo que las sanciones proyectadas se suman a otras impuestas por el mismo concepto entre el 31 de octubre de 2025 y marzo de 2026, por 31 millones 654 mil 005 pesos, más una multa de septiembre, con lo que el acumulado alcanzaría alrededor de 70.4 millones de pesos.
Esa cifra merece una precisión: es una estimación de parte hecha en la sesión, no un consolidado del INE, y con los números expuestos no se reconstruye del todo. La suma de los 31 millones 654 mil 005 pesos y los 39 millones 924 mil 142 pesos da 71 millones 578 mil 147 pesos, y a eso habría que agregar la sanción de septiembre. La diferencia respecto de los 70.4 millones no quedó explicada en la discusión.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, evitó personalizar el problema. "La afiliación indebida no es un asunto exclusivo de una fuerza política. Es una problemática que hemos conocido respecto a diversos partidos y que afecta un derecho fundamental de la ciudadanía", dijo, y pidió resolver los expedientes de manera individual, con base en las pruebas de cada caso. Anunció además que convocará a los partidos a un diálogo para revisar los procedimientos de afiliación.
El paquete incluyó otras determinaciones que muestran el tono del instituto: en cuatro asuntos no se acreditó la infracción denunciada y uno fue sobreseído por desistimiento de la parte promovente. Movimiento Ciudadano fue declarado cumplido en las adecuaciones a su Declaración de Principios, pero solo parcialmente en las modificaciones a sus estatutos relacionadas con paridad sustantiva y con la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género.
La lectura política
La afiliación partidista rara vez es un trámite. En la práctica funciona como inventario de poder interno: de ella dependen los padrones que se usan en procesos de selección, la capacidad de movilizar en territorio y el peso que un partido puede exhibir al negociar candidaturas y coaliciones. Un padrón inflado, o construido sin consentimiento verificable, es un activo político mientras nadie lo audite. Lo que cambia con estas resoluciones es que la auditoría ya ocurrió y quedó documentada por escrito a un año del arranque formal de la sucesión en 17 estados.
Para Morena, el costo inmediato es económico; el costo estratégico es de método. Los procesos internos con los que el partido suele definir candidaturas dependen de estructuras y listas que ahora están bajo escrutinio judicial y mediático. Cada nueva resolución por el mismo concepto debilita el argumento de que se trata de errores administrativos aislados y abre la puerta, previsiblemente, a impugnaciones de sus adversarios internos y externos.
Para el INE el incentivo es distinto. Taddei necesita que la sanción se lea como tutela de derechos ciudadanos y no como golpe a un partido, de ahí su énfasis en que el problema cruza fuerzas políticas y su llamado al diálogo. Ese diálogo, sin embargo, tiene un riesgo: si la mesa con los partidos termina flexibilizando el criterio con el que se acredita el consentimiento, la sanción pierde efecto disuasorio justo antes de la elección más grande del sexenio. Y una comparación incómoda queda sobre la mesa: los números muestran concentración en Morena; el discurso institucional reparte responsabilidades. Ambas cosas pueden ser ciertas, pero conviene no confundirlas.
El límite del asunto también debe quedar claro: ninguna de estas resoluciones cancela registros de militantes, anula procesos internos ni sanciona a personas. Son multas a un partido por un procedimiento irregular, y así deben leerse.
Qué sigue
El INE sostiene que los expedientes se resuelven caso por caso y que la convocatoria a los partidos para revisar los procedimientos de afiliación se hará en los próximos días; la evidencia disponible no precisa fecha. Movimiento Ciudadano tiene pendientes ajustes estatutarios en materia de paridad sustantiva y violencia política de género, cuyo cumplimiento volverá a revisarse.
Es previsible que las sanciones se impugnen ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya ha corregido criterios del INE en otras materias. Y el calendario corre: el proceso electoral concurrente 2026-2027 avanza con la integración de comités técnicos y la operación de los conteos rápidos para la jornada del 6 de junio de 2027, cuando Morena y el resto de los partidos deberán llegar con sus padrones y sus cuentas en orden.