RUTA 27 · LOW
INE obliga a seis partidos a ajustar el financiamiento para el liderazgo femenino
La recomendación técnica exige a PAN, PRI, PT, PVEM, MC y Morena sustituir la capacitación genérica por diagnósticos territoriales y metas de colocación en cargos de elección popular.

El INE aprobó recomendaciones para que seis partidos ajusten el uso del tres por ciento de sus recursos hacia el liderazgo político de las mujeres. La medida obliga a sustituir la capacitación genérica por diagnósticos territoriales y metas de colocación en cargos de elección popular. El objetivo es blindar la igualdad sustantiva y anticipar la arquitectura de candidaturas rumbo a 2027, donde la c
La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGyND) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este 22 de septiembre de 2026 recomendaciones a los Programas Anuales de Trabajo (PAT) 2026 de seis fuerzas políticas. El objetivo es claro: que el tres por ciento del financiamiento público ordinario destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres deje de operar como un gasto administrativo y se convierta en un mecanismo estructurado de inserción en cargos de elección popular.
La revisión, realizada por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND) con apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), identificó que los documentos enviados por PAN, PRI, PT, PVEM, MC y Morena presentaban desconexiones entre diagnósticos, actividades y metas. La consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la CIGyND, subrayó que el recurso no es accidental, sino una inversión para la igualdad sustantiva. Las recomendaciones exigen fortalecer la información metodológica, delimitar poblaciones beneficiarias, incorporar enfoques interseccionales e interculturales, y establecer mecanismos de seguimiento vinculados a la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG).
A nivel operativo, la comisión instruyó a la UTIGyND a coordinar la publicación de un banner en el Portal de Fiscalización en un plazo de 60 días naturales. Allí se difundirán boletines, infografías y numeralia sobre el avance de los PAT. La UTF mantendrá un monitoreo paralelo para verificar que los recursos no se desvíen hacia actividades no contempladas o que no generen indicadores de colocación femenina en estructuras partidistas y candidaturas.
La lectura política
En la práctica, esta intervención del INE no busca solo auditar gastos; busca moldear los circuitos de selección de candidaturas rumbo a 2027. El tres por ciento funciona como un insumo estratégico: los partidos que logren convertirlo en diagnósticos territoriales y programas de mentoría con metas de colocación, obtendrán un filtro de lealtad y capacidad técnica para sus listas. Quienes lo mantengan como cursos genéricos o eventos de difusión perderán margen para argumentar equidad interna cuando se definan las planillas. La recomendación coloca a las dirigencias nacionales en una disyuntiva: formalizar una precandidatura de facto al interior de las estructuras, o arriesgarse a que la fiscalización marque inconsistencias que, en 2027, puedan traducirse en sanciones o en la imposición de candidaturas externas. No se trata de una declaración de aspiraciones, sino de un requisito estructural que anticipa quién tendrá la capacidad de desplazar a figuras tradicionales o de consolidar nuevas trayectorias. La señal es clara: el INE exige congruencia entre el discurso de igualdad y la arquitectura de poder partidista.
Qué sigue
Los partidos deberán ajustar sus PAT 2026 para incorporar los lineamientos de la CIGyND antes de que inicien los procesos de definición de candidaturas locales y federales. La UTIGyND y la UTF iniciarán el seguimiento institucional inmediato, con un primer reporte de avance programado para el 21 de noviembre de 2026, fecha límite para la publicación del banner en el Portal de Fiscalización. Si las fuerzas no modulan sus programas o no presentan indicadores de colocación femenina en cargos de elección popular, el INE podría aplicar sanciones administrativas y requerir la devolución de recursos no ejercidos conforme a los lineamientos. El calendario electoral de 2027 exigirá que estas correcciones estén consolidadas al menos seis meses antes de la jornada de votación.