ruta 27.Un proyecto de ruido cero.
← Volver a la cobertura

RUTA 27 · LOW

INE observa a los seis partidos el 3% para liderazgo femenino rumbo a 2027

La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación revisó los programas 2026 de PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena: ninguno quedó exento y el seguimiento será público en el portal de fiscalización.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre seguridad del proceso electoral
Ilustración editorial de Ruta 27; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE aprobó recomendaciones a los programas 2026 de los seis partidos para mejorar el uso del 3% del financiamiento ordinario destinado al liderazgo político de las mujeres. Las observaciones señalan fallas en diagnósticos, metas, indicadores y seguimiento; también vinculan ese dinero con la prevención de la violencia política de género. El

El Instituto Nacional Electoral (INE) dejó por escrito, frente a los seis partidos, en qué fallan sus planes para ejercer el 3% del financiamiento público ordinario que la ley reserva a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGyND) aprobó recomendaciones a los Programas Anuales de Trabajo (PAT) 2026 de PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena, tras revisar cómo planean gastar ese dinero el año previo a la elección federal de 2027.

No hubo sanciones ni señalamientos individuales. El ejercicio es de escritorio y su resultado es incómodo por parejo: la lista cruza bloques políticos y deja a los seis partidos con tareas pendientes en un rubro donde todos presumen avances. Ninguna fuerza política quedó fuera del documento.

De la revisión de escritorio al expediente público

Las recomendaciones se emitieron con base en los Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG). Surgieron de la revisión que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) envió a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND), la cual analizó población objetivo, alcance territorial, accesibilidad, mecanismos de seguimiento y la congruencia entre diagnósticos, objetivos, acciones, metas e indicadores, con perspectivas de género, derechos humanos, igualdad sustantiva, transversalización, interculturalidad e interseccionalidad.

El catálogo de observaciones es revelador por lo que da por faltante: fortalecer diagnósticos e información metodológica; mejorar la coherencia entre objetivos y metas; desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación; delimitar la población beneficiaria y el territorio; incorporar medidas de accesibilidad y enfoques diferenciados; articular capacitación, investigación y difusión; reforzar la participación de las mujeres al interior de los partidos, y difundir mejor las actividades financiadas. El problema detectado no es sólo cuánto se gasta, sino cómo se planea, se documenta y se comprueba.

La presidenta de la CIGyND, la consejera Carla Humphrey Jordan, sostuvo que el análisis de los PAT permite conocer objetivos, metas y actividades de los partidos e identificar avances y áreas de oportunidad, y llamó a las fuerzas políticas a fortalecer su planeación. Afirmó que estos recursos constituyen una inversión para consolidar la igualdad sustantiva y dar a las mujeres herramientas para participar en condiciones de igualdad.

El cambio más concreto es de trazabilidad: la CIGyND instruyó a la UTIGyND a coordinar contenidos de capacitación para quienes planean, ejecutan y dan seguimiento a los PAT, con apoyo de la UTF, e instalar dentro de los 60 días naturales posteriores a la aprobación un banner en el Portal de Fiscalización con información sobre el ejercicio de estos recursos, avances y resultados mediante boletines, infografías, indicadores y numeralia. Ambas unidades darán seguimiento institucional a varias recomendaciones.

La lectura política

El 3% no es una bolsa menor ni neutral: es el dinero con el que los partidos forman a las mujeres que después aparecen en las listas. Quien controla la secretaría de mujeres y la planeación de ese gasto controla, en la práctica, una parte del pipeline de cuadros y de la negociación de candidaturas. Por eso pedir diagnósticos, población beneficiaria, metas e indicadores no es un trámite pedagógico: reduce el margen de discrecionalidad con el que se reparten cursos, viajes, congresos y lealtades internas.

Las recomendaciones no obligan jurídicamente ni sancionan. La CIGyND recomienda y da seguimiento; el filo vinculante está en la fiscalización de la UTF y, en su caso, en la ruta sancionadora de la VPMRG. Ninguna de esas consecuencias se activa por este acuerdo. Ese límite conviene no borrarlo: hay observación, no resolución condenatoria, y ningún partido ha sido sancionado por este proceso.

Lo que sí cambia es el soporte documental. Al trasladar el tema al Portal de Fiscalización, el INE convierte la opacidad en comparación: los programas podrán medirse entre sí con los mismos criterios. Para los partidos, el incentivo es doble rumbo a 2027: necesitan cuadros y candidatas para un proceso con paridad, pero también deberán justificar por escrito cómo los formaron. Para las mujeres dentro de los partidos, sobre todo las que no están en el círculo de la dirigencia, aparece una referencia verificable con la cual exigir.

Qué sigue

- La UTIGyND, con colaboración de la UTF, debe definir los contenidos de capacitación y solicitar la instalación del banner en el Portal de Fiscalización dentro de los 60 días naturales posteriores a la aprobación. - Ambas unidades darán seguimiento institucional a varias recomendaciones, con boletines, infografías, materiales gráficos, indicadores y numeralia sobre los avances y resultados de los PAT. - La evidencia disponible no precisa si los partidos deberán responder formalmente a cada recomendación ni si habrá una segunda ronda de revisión antes del arranque del proceso electoral de 2027, en el que se renueva la Cámara de Diputados. Ese dato —si la respuesta es obligatoria y si habrá nueva evaluación— es el que permitiría medir si la revisión de escritorio se convierte en consecuencia o queda como llamado anual.