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INE plantea hasta tres informes de gasto por campaña rumbo a 2027

El esquema escalona la fiscalización según la duración de cada campaña. La oposición aprovechó la misma sesión para reclamar que no se revisan las precampañas anticipadas de Morena.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre financiamiento y fiscalización electoral
Ilustración editorial de Ruta 27; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

El INE planteó que las campañas del proceso 2026-2027 presenten entre uno y tres informes de ingresos y gastos según su duración: uno si duran 30 a 40 días, dos si van de 41 a 70 y tres si superan los 70. El objetivo declarado es uniformar la rendición de cuentas. En la misma sesión, la oposición acusó inequidad por la falta de fiscalización a las precampañas anticipadas de Morena.

El Instituto Nacional Electoral (INE) planteó en la sesión del Consejo General del 29 de septiembre de 2026 un nuevo esquema de fiscalización para el proceso electoral 2026-2027: las campañas entregarán entre uno y tres informes de ingresos y gastos según cuánto duren. La regla —un informe para campañas de 30 a 40 días, dos para las de 41 a 70 y tres para las que excedan los 70— parece un ajuste técnico. En la práctica define cuándo y con qué granularidad se podrá revisar, impugnar y, llegado el caso, sancionar el dinero que se mueva en las 17 gubernaturas y en el resto de los cargos en disputa.

El INE justificó la medida con un argumento de orden: "racionalizar y uniformar los periodos de rendición de cuentas, sin modificar la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos". Los partidos deberán reportar por cada elección en la que participen, distinguiendo los recursos de la organización y los de sus candidaturas, en lapsos de 30 días contados desde el arranque de la campaña, con entrega a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a más tardar tres días después de cerrar cada periodo.

La queja que marcó la sesión

El acuerdo no llegó solo. Las fuerzas opositoras aprovecharon la discusión para reclamar que el INE no ha fiscalizado las precampañas anticipadas de Morena. Marco Antonio Baños, representante de Somo, lo dijo sin rodeos: "Nosotros creemos que este es un proceso absolutamente inequitativo, y ha sido inequitativo entre otras cosas con la inacción que el instituto ha tenido que se fiscalicen los procesos adelantados. No sabemos cuánto han estado". Es una acusación, no una resolución: hasta ahora no hay pronunciamiento del INE que la confirme ni sanción firme derivada de ella.

La lectura política

El calendario de informes es, en la práctica, el calendario de la impugnación. Cada corte de 30 días abre una ventana para que la UTF revise, para que los partidos contrasten lo reportado con lo que ven en territorio y para que la oposición construya expedientes. Un esquema con menos cortes concentra la revisión al final y reduce los puntos de fricción; uno con más cortes la distribuye. El INE eligió un punto medio que no altera la obligación de fondo, pero sí la frecuencia con la que el gasto se vuelve visible.

Ahí está el incentivo real. Para el partido en el gobierno, un calendario predecible permite administrar la narrativa de la fiscalización y evitar que cada semana se abra un frente. Para la oposición, cada informe es una oportunidad de señalar asimetrías. Y para el INE, el dilema es doble: si fiscaliza con dureza los actos anticipados, entra en conflicto con el actor más fuerte del sistema; si no lo hace, la queja de inequidad se convierte en el eje del debate de 2027 y erosiona la autoridad que necesita para organizar 17 gubernaturas.

La sesión del 29 de septiembre lo muestra con claridad. El mismo Consejo General aprobó asumir los conteos rápidos de las 17 gubernaturas y reforzó los mecanismos de vigilancia y verificación de observadores y de la selección de supervisores y capacitadores. Es decir: el INE se está dotando de instrumentos para la noche electoral y para el control del terreno, mientras la disputa sobre el dinero y los actos anticipados queda abierta. La fiscalización es hoy el flanco más débil de su credibilidad.

Conviene precisar los límites. Que un actor haga campaña antes del plazo legal no equivale automáticamente a una precandidatura registrada ni a un gasto sancionable: hace falta que la autoridad acredite actos anticipados, origen de recursos y responsables. Eso es exactamente lo que la oposición reclama y lo que, hasta ahora, no ocurre.

Qué sigue

El siguiente paso verificable es la versión final del acuerdo y su publicación por el INE, con el anexo que detalle los plazos por tipo de elección. Después vendrá la prueba de fuego: si la UTF abre procedimientos por los actos anticipados que la oposición denunció y si esos procedimientos llegan a resoluciones antes de que arranquen formalmente las campañas de 2027.