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INE rearma su estrategia juvenil rumbo a 2027: 25 millones en el padrón
El Instituto cambia el formato de su promoción de la participación y pone el foco en los votantes de 18 a 29 años. En Durango ya firmó convenios escolares, pero el acuerdo con Telesecundarias vence el 31 de diciembre de 2026.

El INE prepara una estrategia de promoción de la participación rumbo al proceso electoral 2026-2027 centrada en personas de 18 a 29 años, tras el diagnóstico de la Comunidad de Reflexión 2026, que reunió aportaciones de las 32 entidades. En Durango ya firmó un convenio con el Sistema Estatal de Telesecundarias. El objetivo es reducir el abstencionismo juvenil hacia la jornada del 6 de junio de 202
El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una nueva estrategia de promoción de la participación ciudadana rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027 y coloca a las personas de 18 a 29 años en el centro del diseño. No es un ajuste menor de comunicación: es el reconocimiento institucional de que el formato tradicional de difusión no está funcionando con un segmento que en 2024 representó alrededor de 25 millones de integrantes del Padrón Electoral nacional, y de que el abstencionismo juvenil dejó de ser una anécdota para convertirse en un problema de legitimidad del proceso.
La estrategia surge de los trabajos de la Comunidad de Reflexión (CoR) 2026, ejercicio que reunió aportaciones de las 32 entidades federativas, con integrantes de las juntas locales y distritales del INE, organismos públicos locales electorales, academia y sociedad civil. De ese diagnóstico se desprende, según el Instituto, dejar atrás parte de los esquemas tradicionales de difusión: contenidos digitales, redes sociales, herramientas interactivas, actividades artísticas, espacios comunitarios, ferias democráticas y talleres en escuelas y universidades. Las acciones se dirigirán a juventudes y a grupos en situación de vulnerabilidad, con un enfoque territorial que adapte las actividades a las condiciones de cada entidad.
Durango, banco de pruebas
En Durango esa lógica ya tiene instrumentos. En agosto pasado, el INE y el Sistema Estatal de Telesecundarias (SETEL) firmaron un convenio para acercar a las comunidades escolares el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE) y el Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024, además de impulsar investigaciones sobre participación juvenil. El acuerdo vence el 31 de diciembre de 2026, es decir, antes del tramo más intenso del proceso. En junio, la Junta Local organizó un foro de la CoR con autoridades electorales, organismos empresariales y organizaciones civiles; el 24 de septiembre se presentó en el estado la investigación “Jóvenes y democracia en México: entre la desafección y la participación (2012-2024)”, que analiza las presidenciales de 2012, 2018 y 2024 y encuentra una brecha de participación asociada a la edad, visible a partir de los 20 años.
La lectura política
La estrategia funciona, en la práctica, como una operación de legitimidad preventiva. El INE no compite por votos, pero sí depende de que el electorado que se presente a las urnas sea suficientemente amplio y diverso para que el resultado del 6 de junio de 2027 no nazca cuestionado. Un proceso con baja participación juvenil alimenta el argumento de que las instituciones electorales hablan solas; uno con participación juvenil alta le da al Instituto un activo político frente a partidos, gobiernos y críticos. Por eso el Instituto se mueve antes que los partidos en un terreno —la participación de los jóvenes— donde los partidos tienen interés electoral pero poca credibilidad.
Hay tres señales que conviene leer juntas. Primera: el mismo día en que se difundió el cambio de estrategia se conoció que el INE determinó no continuar con el voto anticipado por internet para personas en postración y cuidadoras primarias, tras la prueba piloto en Coahuila. Es decir, el Instituto refuerza su apuesta digital para convocar, mientras cierra un canal digital para votar. Segunda: el INE afronta una reestructuración laboral con eliminación de puestos, recortes salariales y de prestaciones de cara a 2027; una estrategia intensiva en territorio y en contenidos multimedia exige capacidades operativas que esas condiciones ponen a prueba. Tercera: el 4 de enero de 2027 vence el plazo para que los partidos definan si competirán en coalición por la Cámara de Diputados, de modo que la geografía competitiva quedará fijada antes de que la promoción de la participación alcance su punto más visible.
El límite analítico es claro. La evidencia disponible no permite afirmar qué fuerza política se beneficiaría de un aumento del voto joven ni sostener que la estrategia tenga un propósito partidista; tampoco existe aún el documento público con lineamientos, presupuesto, metas o calendario de la estrategia, ni consta que las juntas locales ya operen con directrices nacionales cerradas. Sin esos elementos, hablar de un rediseño operativo en marcha es una inferencia razonable, no un hecho acreditado. Lo que sí es verificable es que el Instituto colocó el tema en la agenda antes de que arranque la contienda y que eligió a Durango como uno de sus escaparates.
Qué sigue
El primer punto de control es administrativo: si el convenio con SETEL se renueva o se amplía antes del 31 de diciembre de 2026, y si se firman acuerdos equivalentes con universidades y bachilleratos del estado. El segundo es la publicación de los lineamientos, el presupuesto y los indicadores de la estrategia nacional; sin ellos no habrá forma de medir si la promoción cambió algo. El tercero es la fecha del 4 de enero de 2027, cuando los partidos definan coaliciones y quede claro el mapa en el que operará la estrategia. Y el cuarto es la jornada del 6 de junio de 2027, donde se sabrá si la brecha de participación juvenil que documentó la propia investigación del INE se estrechó o se repitió.