INE rechaza fiscalizar el proceso 2026-2027; alertan riesgo a la equidad

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por mayoría de votos los lineamientos generales que iban a regular y fiscalizar el proceso electoral federal y local de 2026-2027. La votación ocurrió en la sesión nocturna del jueves y deja sin instrumento específico la vigilancia de los gastos que partidos, organizaciones ciudadanas y aspirantes destinan hoy a posicionarse, antes de que exista siquiera una precandidatura registrada. El consejero Arturo Castillo Loza advirtió que la falta de regulación podría provocar "daños irreparables" a la equidad de la contienda; la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, votó en contra.

Lo que se cayó no era un trámite. El proyecto fijaba que las personas participantes en esos procesos políticos pudieran hacer aportaciones en dinero o especie de hasta 3 millones 304 mil 893 pesos para sus propias actividades de posicionamiento, con un límite de 826 mil 223 pesos para aportaciones individuales de militantes y simpatizantes, recursos que los partidos debían registrar y comprobar ante el INE. También obligaba a reportar al detalle los gastos de propaganda en redes sociales y plataformas digitales —plataforma utilizada y monto erogado— y a incorporar una leyenda visible cuando el material fuera generado o modificado, total o parcialmente, con inteligencia artificial. En materia de vigilancia, preveía visitas de verificación a eventos y recorridos, y daba a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) la posibilidad de hacer inspecciones no programadas y bitácoras de desplazamientos con fechas, horarios, lugares de origen y destino y medios de transporte.

El argumento de Castillo fue explícito: "El objetivo central de estos lineamientos es establecer directrices para fiscalizar desde ya los gastos relacionados con estos procesos políticos, de tal manera que, si llegaran a constituir actos anticipados de precampaña o campaña, puedan ser contabilizados dentro de los topes de gastos respectivos".

Un proyecto que ya había caído en mayo

Taddei sostuvo que el nuevo documento incorporaba modificaciones en materia de procesos locales, protección de datos personales, fiscalización e inteligencia artificial, pero que mantenía el mismo objetivo del proyecto que el Consejo rechazó el 27 de mayo: crear un régimen especial de obligaciones y controles para los partidos políticos.

El desenlace contrasta con el resto de la agenda institucional del mismo día. En esa jornada el Consejo aprobó el Catálogo Nacional de emisoras, con 4 mil 48 estaciones de radio y canales de televisión para la cobertura del proceso, y avaló que las representaciones partidistas integren con voz, pero sin voto, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, en acatamiento a una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Es decir: avanzó la parte organizativa y se detuvo la que tocaba el dinero. No es un patrón aislado para Castillo: el 24 de septiembre la mayoría también rechazó su propuesta de hacer válida de inmediato la afiliación efectiva, en la discusión del instructivo de coaliciones.

La lectura política

La función práctica de estos lineamientos era ampliar el perímetro de la fiscalización a los actos que aún no son precampaña formal pero buscan respaldo: recorridos, eventos y promoción digital previa. Si esos actos se convertían después en precampaña o campaña, el gasto ya registrado podría sumarse a los topes. Sin esa contabilidad anticipada, el posicionamiento previo se mueve en un terreno con menos trazabilidad, y quien tenga mayor capacidad de movilizar dinero y estructura antes del arranque formal queda en mejor posición relativa.

El bloque mayoritario acompañó la tesis de Taddei: la ley ya establece obligaciones generales y añadir controles específicos introduce cargas y posibles asimetrías. La lectura inversa es igual de válida: sin regla específica, la equidad depende de la capacidad de cada fuerza para gastar sin ser contabilizada. La evidencia disponible no permite establecer qué partido o fuerza gana con este rechazo; ese dato falta y cualquier atribución de intención sería especulación.

Hay que ser precisos en dos planos. Primero, el rechazo no autoriza actos anticipados de precampaña: esa prohibición no dependía de los lineamientos, y el propio proyecto los permitía solo mientras no constituyeran actos anticipados. Lo que queda sin instrumento es la fiscalización anticipada de esos gastos y su eventual contabilización, no la prohibición. Segundo, no existe todavía una candidatura ni precandidatura registrada para 2027; lo que está en juego es el control del dinero en la fase previa, que es donde suelen definirse las ventajas.

Qué sigue

No se anunció en la sesión una ruta para reinscribir el proyecto ni una fecha para una tercera versión. La UTF queda sin las facultades específicas que el documento rechazado le daba: inspecciones no programadas y bitácoras de desplazamientos. El calendario organizativo continúa con los acuerdos ya aprobados, empezando por el catálogo de emisoras.

Previsiblemente, la discusión sobre qué gasto previo debe contar reaparecerá cuando arranquen las precampañas, y si hay controversia el TEPJF tendría la última palabra. Falta un elemento para sostener una lectura más fuerte: no hay evidencia pública de que la omisión haya sido negociada con alguna fuerza política ni de que exista ya un borrador en camino.