RUTA 27 · MEDIUM
INE recorta puestos rumbo a 2027 mientras su cúpula conserva compensación
La Junta General Ejecutiva avaló tabuladores con los que proyecta un ahorro de 374.4 millones de pesos en 2027. Las 127 plazas de alto nivel recibirían una compensación única por lo que dejarán de percibir.
El INE ajusta su estructura laboral rumbo a 2027: elimina y reestructura puestos, recorta sueldos y prestaciones, y proyecta un ahorro de 374.4 millones de pesos. La cúpula, con 127 plazas de alto nivel, recibiría una compensación única por lo que dejará de percibir. El ajuste ocurre antes de la elección más grande del país.
El Instituto Nacional Electoral (INE) está adelgazando su estructura laboral a un año del proceso federal de 2027. Elimina y reestructura puestos, aplica recortes de sueldo y prestaciones a un número aún no precisado de colaboradores y proyecta un ahorro de 374.4 millones de pesos para el año electoral. El ajuste llega en el momento de mayor carga operativa que el instituto ha enfrentado —19 mil 609 cargos en juego, entre ellos 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales y locales— y con una asimetría que domina la conversación interna: la cúpula conserva una compensación por lo que dejará de ganar, mientras la base absorbe la reestructuración.
De acuerdo con la información difundida, en junio la Junta General Ejecutiva (JGE) avaló nuevos tabuladores de sueldos y el Manual de Remuneraciones con el que se calcula ese ahorro, inscrito en "la austeridad que se pregona desde el gobierno federal". El ajuste toca 127 plazas de alto nivel: 76 administrativas —de la consejera presidenta a las direcciones de área— y 51 del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), entre ellas las Vocalías Ejecutivas de Junta Local. Para esas plazas se aprobó una compensación por única vez, equivalente al monto que dejarán de percibir en 2027, que en el caso de los consejeros puede llegar a 213 mil pesos.
Recorte parejo en el discurso, asimétrico en el organigrama
Hay un dato que el propio ajuste deja a la vista: de las 127 plazas con compensación, 76 son administrativas y 51 del servicio profesional, es decir, la mayoría de los mandos no queda desprotegida. Lo que no está documentado es el otro extremo de la operación. No se ha precisado cuántas plazas se eliminan en total, a qué áreas pertenecen, si las salidas son voluntarias o derivadas de la reestructuración, ni si existe un acuerdo formal del máximo órgano de gobierno que respalde cada movimiento. Sin ese desglose, la magnitud del recorte solo puede medirse por su efecto agregado: 374.4 millones de pesos proyectados y una plantilla que se reduce justo cuando el calendario electoral se acelera.
La lectura política
El INE no decide su propio techo de gasto: su anteproyecto pasa por la Cámara de Diputados. En ese marco, un ahorro de 374.4 millones de pesos funciona, en la práctica, como argumento de contención: demuestra austeridad antes de que alguien la exija, en un año en que el Congreso revisará cada peso del arbitraje electoral. La contención tiene costo político interno, y ese es el punto fino. Proteger con una compensación a consejeros, direcciones de área y vocalías ejecutivas evita una ruptura en la línea de mando y mantiene intacta a la cúpula que toma las decisiones; el precio lo paga la estructura operativa, que es la que capacita, integra casillas y opera los cómputos en la elección más grande de la historia.
No hay evidencia de que este movimiento busque colocar a alguien en una posición política ni de que responda a un interés partidista identificable. Lo que la evidencia sí sostiene es un desplazamiento de riesgo: la institución que debe garantizar la elección de 19 mil 609 cargos enfrenta su ciclo más exigente con menos personal y con una señal inequívoca, a propios y ajenos, de que opera bajo presión presupuestal. Eso importa para 2027 porque la capacidad de respuesta del árbitro —no su autonomía formal, que no se modifica con recortes administrativos— se vuelve un argumento disponible para quien quiera cuestionar sus resultados.
Qué sigue
El calendario ya tiene una fecha dura: el 4 de enero de 2027 vence el plazo para que los partidos políticos definan si competirán en coalición por la Cámara de Diputados. Antes de eso, el ajuste tendrá que transparentarse en los informes de la JGE y en el anteproyecto de presupuesto que el INE remite a la Cámara de Diputados, donde se podrá medir si el ahorro se concentra en la base o se reparte. Falta también el dato que define el terreno jurídico: si las salidas son voluntarias, por terminación de contratos o por desaparición de plazas. Ninguna de esas piezas está cerrada.