INE retira el voto por internet para postrados: la prueba no escala

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el voto anticipado por internet para personas con discapacidad imposibilitadas para acudir a una casilla y para personas cuidadoras primarias no continuará como modalidad nacional en el proceso electoral 2026-2027. La decisión se discutió en la sesión del Consejo General del 24 de septiembre y deja al sufragio domiciliario en papel como la única vía disponible para ese universo de votantes.

El dato que detonó el cierre fue mínimo y, a la vez, decisivo: en la prueba piloto aplicada en Coahuila durante las elecciones locales de 2026, una sola persona se registró para usar el Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI). Con un universo de un votante, el mecanismo diseñado para proteger la privacidad operaba en sentido contrario: el sufragio podía asociarse sin esfuerzo a quien lo emitió.

Cómo operaba y por qué se cayó

El modelo no era improvisado. Para usarlo, personal electoral acudía previamente al domicilio de cada persona registrada, verificaba su identidad y entregaba las cuentas de acceso; el sufragio se emitía después desde un dispositivo personal, con mecanismos destinados a resguardar la privacidad. La modalidad convivió con el voto anticipado mediante boleta impresa, en el marco de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó analizar alternativas para facilitar el voto de personas con discapacidad y de quienes realizan labores de cuidado.

En la discusión interna, la consejera Carla Humphrey sostuvo que la participación marginal podía explicarse por las dificultades que enfrenta ese sector y por una difusión insuficiente de la alternativa, y recordó que la estrategia institucional de voto electrónico contemplaba pruebas adicionales entre 2027 y 2030. Otros integrantes del Consejo General leyeron el mismo resultado en sentido inverso: la prueba mostró que aún no están garantizados la identidad de la persona votante, la secrecía y la ausencia de presión durante la emisión del sufragio.

La lectura política

La determinación cumple una función distinta a la que sugiere su nombre. No es —todavía— una clausura del voto electrónico: es la contención de un riesgo jurídico en el tramo más delicado del calendario, cuando el proceso 2027 empieza a fijar reglas y cualquier decisión operativa puede terminar en impugnación. La autoridad prefirió perder alcance experimental antes que exponer un principio rector, la secrecía, a una controversia con precedente propio.

El incentivo es reconocible: los organismos electorales tienden a blindar el proceso antes que a innovar. La prueba de Coahuila dejó además una lección incómoda: el obstáculo no fue la tecnología, sino el tamaño del universo elegible. Cualquier modalidad remota que dependa de un padrón diminuto arrastra el mismo problema de anonimato, y ninguna capa de seguridad lo resuelve por sí sola. Eso desplaza 2027-2030, y no 2027, como la ventana realista de rediseño.

Hay también una consecuencia distributiva, discreta pero real. Las personas en situación de postración y las cuidadoras primarias vuelven a depender de la visita domiciliaria con boleta impresa: un esquema que funciona, pero que consume personal electoral, tiempos y logística en un año concurrente. En distritos cerrados, ese universo pequeño no es irrelevante. Y el mandato del TEPJF que originó el piloto no queda saldado con esta determinación: obliga a seguir buscando alternativas, aunque ahora el INE deba explicar por qué la mejor disponible resultó insuficiente.

Lo que falta para juzgar el argumento de Humphrey es un dato que la evidencia no ofrece: cuántas personas eran elegibles en Coahuila y cuántas recibieron información directa del INE. Sin ese universo, atribuir el registro único a la falta de difusión —o a la imposibilidad material de votar— es una hipótesis razonable, no una conclusión acreditada.

Qué sigue

El voto anticipado en papel, entregado y recibido en domicilio, seguirá vigente para el proceso 2026-2027. Queda por verse si el Consejo General formaliza la determinación en un acuerdo y si algún partido o colectivo de derechos de las personas con discapacidad la impugna. Mientras tanto, el calendario avanza: los partidos tienen hasta el 4 de enero de 2027 para definir si competirán en coalición, y la estrategia de voto electrónico del INE mantiene pruebas previstas entre 2027 y 2030.