INE se declara incompetente sobre los coordinadores de Morena; resolverá el Tribunal

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró inicialmente incompetente para conocer la denuncia que el PRI y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron contra la figura de los “coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” de Morena, y la controversia pasó a discusión del Tribunal Electoral. El dato, divulgado el 10 de octubre de 2026, no cierra el caso: lo reencauza. Ninguna instancia ha resuelto todavía si esos nombramientos y los recorridos que los acompañan son organización interna —como sostiene Morena— o promoción anticipada de candidaturas rumbo a 2027.

El origen es un reparto. El 28 de septiembre concluyó la designación de los 17 coordinadores estatales en las entidades que renovarán gubernatura en 2027. La lista combina perfiles de Morena con personajes provenientes del PRD, el PAN, MC y el Partido Verde (PVEM): Nora Ruvalcaba Gámez en Aguascalientes, Julieta Ramírez Padilla en Baja California, Santiago Nieto Castillo en Querétaro, Clara Luz Flores Carrales en Nuevo León, entre otros. Al PVEM se le atribuyen al menos las coordinaciones de Nayarit y Baja California Sur, además de participación en la definición de Campeche; el Partido del Trabajo (PT) no obtuvo ninguna y manifestó inconformidad por los procesos de Guerrero y Colima.

Sobre ese tablero cayó la denuncia opositora. El PRI solicitó medidas cautelares y una revisión de los recursos usados en las actividades; MC argumentó que las giras y actos públicos podrían constituir promoción anticipada. Morena rechaza las acusaciones: los nombramientos, sostiene, corresponden exclusivamente a tareas de organización interna y ninguno de los coordinadores tiene todavía el carácter legal de candidato.

Una figura sin registro de candidatura

Conviene separar dos planos. En el jurídico no existe candidatura: no hay precandidatura registrada, no han comenzado formalmente las precampañas y los coordinadores no llaman al voto. En el político, la figura funciona como plataforma de posicionamiento: da nombre, presencia territorial y contacto con militantes y ciudadanos meses antes de que el calendario electoral abra sus compuertas. Eso es lo que la oposición quiere someter a escrutinio y es también el punto donde el derecho electoral mexicano se mueve con dificultad, porque el límite entre “recorrer” y “campañear” no se define en abstracto sino caso por caso.

La resolución de incompetencia es un filtro procesal, no una absolución ni una condena. La evidencia disponible no precisa en qué se sustentó —si en la competencia territorial, tratándose de procesos locales; en la naturaleza del acto, o en la vía elegida por los denunciantes—. Ese dato falta y es determinante: de él depende si PRI y MC pueden reencauzar el expediente ante otra autoridad o si su estrategia queda, por ahora, sin foro.

La lectura política

En el balance inmediato, quien gana margen es Morena, no por mérito propio sino por tiempo. Cada semana que el asunto se discute en el Tribunal es una semana en que sus 17 perfiles recorren estados sin una resolución que los califique de candidatos adelantados. La figura también le sirvió para ordenar su sucesión estatal, medir lealtades y colocar en posición de salida a aspirantes que de otro modo tendrían que dirimirse en una contienda interna abierta.

Para el PVEM el reparto funcionó como pago de alianza; para el PT, como costo. Que el partido aliado no haya obtenido ninguna coordinación y lo haya hecho público anticipa la negociación de 2027 más por la vía del reclamo que por la del acuerdo.

PRI y MC juegan otro juego: aunque pierdan el fondo, ganan narrativa —la de los “candidatos adelantados”— y, si alguna medida cautelar prospera, un freno concreto. Es una apuesta de bajo costo y alto rendimiento mediático. Hay además un efecto que ningún actor controla: el estándar que fije el Tribunal aplicará a todos los partidos, no solo a Morena, y eso incluye a quienes hoy denuncian.

Qué sigue

El Tribunal Electoral debe pronunciarse sobre la competencia y, en su caso, sobre el fondo o la remisión a otra instancia; la evidencia no precisa si se trata de la Sala Superior o de una sala regional, ni si existe fecha de sesión. Quedan pendientes las medidas cautelares solicitadas por el PRI y la eventual revisión de recursos. El reloj que realmente importa es el calendario de 2027: cuando arranquen formalmente las precampañas, lo que hoy es zona gris se convierte en acto regulado y cada recorrido tendrá costo jurídico.