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RUTA 27 · LOW

INE sesiona en línea en pleno proceso 2027 y la oposición protesta desde afuera

La presidenta Guadalupe Taddei defendió la modalidad como legal; PRI y Somos advierten que hay temas —precampañas, renuncias y un pago por 6 millones de pesos— que exigen debate presencial.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre justicia y controversias electorales
Ilustración editorial de Ruta 27; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

El Consejo General del INE sesionó de forma virtual al inicio del proceso electoral 2026-2027. Representantes del PRI y de Somos protestaron desde fuera del recinto y exigieron debate presencial; Morena respondió que es 'politiquería'. La presidenta Guadalupe Taddei sostuvo que el formato es legal. En la agenda estaban las fechas de precampaña.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionó este jueves de manera virtual, en pleno arranque del proceso electoral federal 2026-2027, y eso derivó en protesta: dos representantes del PRI siguieron la sesión desde afuera del salón de plenos y el de Somos sostuvo que no hay argumento que justifique deliberar a distancia. Guadalupe Taddei, presidenta del instituto, respondió que la norma permite convocatorias presenciales, virtuales o híbridas. El diferendo no se libra en el terreno de la legalidad, sino en el del costo político de que el árbitro desahogue los temas del calendario sin consejeros ni representantes en el recinto.

El salón vacío como forma de protesta

Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el INE, y Carlos Gutiérrez Mancilla, del mismo partido por el Poder Legislativo, siguieron la sesión desde fuera del recinto. "En una forma de protesta amigable, decidimos venir aquí afuera del recinto, tomar la sesión desde aquí", dijo Suárez. Su argumento reconoce el fondo legal —la presidenta puede convocar en cualquiera de las tres modalidades— y discute la oportunidad: en la sesión se verían las fechas del periodo de precampaña, que a su juicio exigen presencia. Pidió un receso para que los consejeros pasaran al pleno; la presidencia no lo consideró.

Marco Baños, de Somos, amplió la lista de pendientes: la remoción de consejeros de los Organismos Públicos Locales, las renuncias que, dijo, se han registrado en la Secretaría Ejecutiva y en el Servicio Profesional Electoral Nacional, la investigación por el pago de 6 millones de pesos en honorarios a ocho supuestos trabajadores del instituto y los actos anticipados de precampaña y campaña. "No hay ningún argumento que justifique que las sesiones se realicen de manera virtual", expresó. Taddei respondió que ya fueron nombrados los representantes partidistas de enlace con la Secretaría Ejecutiva. Guillermo Santiago, de Morena, llamó a la petición "politiquería" y acusó que los propios representantes del PRI han tomado sesiones virtuales antes.

La lectura política

El nombre formal del conflicto es "modalidad de convocatoria". La función práctica es otra: fijar el primer punto de fricción del ciclo y obligar a la presidencia a justificar su conducción del Consejo. Para la oposición, la protesta tiene mérito táctico: no exige romper la mesa ni presentar impugnación, cuesta poco y deja constancia ante la militancia de que cada sesión será vigilada. Para Taddei, mantener la convocatoria en línea o híbrida preserva discreción sobre el ritmo del órgano en los meses en que manda el calendario.

Los temas enumerados pesan para 2027: las fechas de precampaña fijan el reloj del ciclo, la vigilancia de actos anticipados decide cuándo el posicionamiento de los aspirantes deja de ser narrativa y se vuelve materia sancionable, y las salidas en la Secretaría Ejecutiva y el Servicio Profesional tocan la capacidad operativa del instituto. Nada de eso equivale aún a una candidatura registrada ni a una precandidatura formal: es la antesala donde esas definiciones comienzan a ser fiscalizables.

Los límites importan. La evidencia no acredita que las sesiones virtuales sean ilegales —el propio representante del PRI reconoció que la facultad existe— ni que exista impugnación formal o resolución jurisdiccional. Los pendientes citados fueron planteados por un representante de partido, no establecidos por un acuerdo del Consejo, y su alcance no puede verificarse con este material.

Qué sigue

El paso verificable es el acuerdo que el Consejo apruebe sobre el calendario de precampaña y su publicación: ahí se verá si el formato fue solo el envoltorio de una sesión con decisiones de fondo. Habrá que observar si las representaciones formalizan la protesta —solicitud por escrito, punto de acuerdo o impugnación— o la dejan como declaración, y si la presidencia cambia la modalidad de las siguientes convocatorias. También, si alguno de los pendientes mencionados se traduce en un punto de acuerdo votado, que es el único camino para pasar de la acusación al expediente.