INEGI: Guerrero lidera el desplazamiento forzado rumbo a la gubernatura de 2027

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puso por primera vez un número oficial al desplazamiento forzado en México, y ese número tiene un primer lugar incómodo: Guerrero. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 510 mil hogares mexicanos —alrededor de 1.6 millones de personas— tuvieron al menos a un integrante que cambió de residencia por violencia o inseguridad delictiva, según la encuesta intercensal difundida el 23 de septiembre. Guerrero registra la mayor proporción del país, con 3.4% de su población, por encima de Morelos y Baja California Sur (2.4% cada uno), Colima (2.3%) y Zacatecas y Querétaro (2.2%). En el otro extremo aparecen Campeche, Oaxaca y Nuevo León (0.9% cada uno) y Coahuila (0.8%).

La cifra llega con calendario electoral encima: en Guerrero se elige gubernatura en 2027. El columnista Carlos Puig escribió que, siendo el estado el primer lugar de la lista, "no estaría mal que fuera el principal tema de la campaña" por la gubernatura. Es una opinión y conviene tratarla como tal: el INEGI midió; la jerarquía que esa medición ocupe en la campaña la deciden los actores políticos.

El dato y su límite

Hay dos cautelas antes de usar la cifra como arma. La primera es de composición: el INEGI agrupa el desplazamiento por "inseguridad delictiva o violencia" con el provocado por "desastres naturales o de origen humano". El 3.4% de Guerrero no equivale, por tanto, a 3.4% desplazado por el crimen; sin desagregación por causa y entidad no puede atribuirse todo el fenómeno a los grupos armados, sobre todo en un territorio sísmico y expuesto a huracanes. La segunda es de serie: es la primera medición, así que no hay comparación posible. No se puede saber aún si el desplazamiento crece o si simplemente ahora se ve. En política ambos argumentos se usan: el primero para matizar responsabilidades; el segundo, para discutir si el problema existe.

La lectura política

El INEGI no compite en elecciones, pero su producto entra a la contienda. Su función práctica es convertir una demanda difusa —familias que se van, casas abandonadas, comunidades que se vacían— en indicador con fuente estatal y metodología publicada, difícil de despachar como simple "percepción". En Guerrero, donde la conversación electoral suele ordenarse alrededor de la seguridad, el dato mueve el eje: de los homicidios y los operativos hacia el despojo territorial, la extorsión y el retorno.

De ahí los incentivos encontrados. El gobierno estatal en funciones y la federación tienen razones para leer la cifra como fenómeno nacional y multifactorial —de ese tamaño es la utilidad política de que la estadística sume desastres y violencia—. Oposiciones y aspirantes tienen el incentivo inverso: personalizar el primer lugar. Ninguna lectura es neutral y el INEGI no puede arbitrar esa disputa; solo fijó el piso de la discusión.

Sobre candidaturas, precisión necesaria: la evidencia disponible no permite identificar precandidaturas, nombres ni fechas del proceso en Guerrero. No hay registro ni convocatoria en el material citado, de modo que hablar de precandidatura de facto sería especulación. Lo que sí existe es posicionamiento temático. Quien instale el desplazamiento en la agenda ganará un marco para hablar de seguridad sin medirse contra la estadística de homicidios, terreno ya muy disputado. El riesgo simétrico, aplicable a cualquier fuerza, es convertir el dato en consigna sin propuesta verificable.

Qué sigue

En el frente técnico, los tabulados y microdatos de la encuesta intercensal, donde se verá si hay desagregación por entidad, municipio y causa. Ese detalle determinará si Guerrero puede leerse como caso de violencia o como caso de riesgo climático, y es la diferencia entre un debate informado y una acusación sin sustento.

En el político, tres señales verificables: si el desplazamiento aparece en plataformas y discursos de quienes aspiran a la gubernatura; si el gobierno estatal o el Congreso local anuncian instrumentos específicos —registro, atención, protocolos de retorno—; y si los municipios con mayor expulsión reciben partidas presupuestales. La prueba de que el dato se volvió tema no será la columna: será una partida, un protocolo o un registro.