ITE pagó 12.4 millones a Cajas Graf y abre frente de revisión rumbo a 2027

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) pagó 12 millones 420 mil 972 pesos a la empresa Cajas Graf para producir 17,262 unidades de material electoral durante el proceso 2023-2024, de acuerdo con el informe anual del Órgano Interno de Control del propio instituto. La contratación, realizada por licitación pública ITE-LP-02-2024, quedó documentada en un reporte que ahora circula en medio de cuestionamientos sobre cómo el árbitro local elige y supervisa a sus proveedores.

La cifra no es un dato aislado. En el mismo proceso, el ITE contrató a Formas Inteligentes por 17 millones 758 mil 277 pesos para producir 2 millones 935 mil 579 boletas y documentación complementaria. Ambos contratos suman más de 30 millones 179 mil pesos en insumos electorales para una sola elección local, una cantidad que adquiere otra dimensión cuando se compara con el tamaño del padrón y la estructura operativa del estado.

El ITE sostuvo que sus procedimientos se apegaron a la legislación vigente y que las empresas ganadoras fueron seleccionadas mediante revisión de propuestas técnicas, documentación jurídica y ofertas económicas. También señaló que las compras de distintos procesos han involucrado a diferentes proveedores. Hasta ahora no existe resolución administrativa o penal que determine responsabilidades contra funcionarios del instituto por estas contrataciones.

La lectura política

El dato adquiere relevancia política porque el ITE no es un organismo cualquiera en el calendario rumbo a 2027. Es la autoridad que organizará los comicios locales, aprobará los lineamientos de paridad —ya lo hizo en octubre de 2026 al reservar 15 presidencias municipales para mujeres— y seleccionará a los medios que monitorearán la contienda. La revisión de sus contratos toca la credibilidad de quien arbitra, no solo la de quien compite.

El señalamiento periodístico sobre posibles vínculos entre proveedores de material electoral y personas del entorno de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), no equivale a una imputación jurídica. Pero en la política mexicana ese tipo de coincidencias funciona como munición discursiva: partidos y actores locales pueden usarla para impugnar decisiones del ITE, cuestionar su autonomía o exigir auditorías, aunque no exista resolución que lo sustente.

El incentivo del ITE es demostrar que sus procesos son competitivos y auditables; el de sus adversarios, convertir cualquier opacidad en argumento de deslegitimación. En un estado donde el organismo ya enfrenta cuestionamientos por la selección de medios para el monitoreo electoral, la acumulación de frentes de escrutinio puede erosionar su margen de maniobra justo cuando debe organizar la elección más compleja del sexenio local.

La diferencia entre una observación administrativa y una candidatura de facto no aplica aquí: no hay actores electorales en juego, sino la capacidad institucional de un árbitro para sostener sus decisiones frente a partidos que ya mostraron inconformidad con sus lineamientos de paridad. Lo que está en disputa no es un contrato, sino la autoridad política del ITE para conducir 2027 sin que cada resolución sea leída como favor o como cuota.

Qué sigue

El informe del Órgano Interno de Control corresponde al ciclo 2023-2024 y no implica por sí mismo un procedimiento sancionador. Lo verificable en el corto plazo es si el Consejo General del ITE publica o amplía la información sobre los criterios de licitación, si el Congreso local o la Auditoría Superior del Estado retoman el expediente y si los partidos con representación ante el instituto presentan solicitudes formales de revisión. El calendario electoral 2026-2027 ya está en marcha: los lineamientos de paridad fueron aprobados en octubre y el catálogo de medios para monitoreo se difundió el 4 de noviembre. Cualquier revisión de contratos pasados tendrá que convivir con esas decisiones presentes.