Juicio oral en Chile contra dos mexicanos por laboratorio de metanfetaminas

El juicio oral contra dos ciudadanos mexicanos acusados de instalar un laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chile comenzó este lunes en Antofagasta, con alegatos de apertura y medidas especiales de seguridad por tratarse de una causa de crimen organizado. La Fiscalía Regional y Carabineros sostienen que los imputados formaban parte de una organización criminal transnacional presuntamente vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación, que habría buscado convertir al país en una plataforma de recepción, procesamiento y salida de cristales de metanfetamina hacia mercados de Europa y Oceanía.

El Ministerio Público acusa a ambos por tráfico de drogas, elaboración ilegal de drogas, tenencia de precursores químicos y asociación para cometer delitos de la Ley 20.000, y solicita penas de 35 años de presidio para cada uno. La causa, denominada "Cristales del Pacífico", es la investigación por metanfetaminas con la mayor incautación registrada en el país: 844 kilos de la sustancia.

Según la acusación, la droga y los insumos habrían ingresado a Chile por vía marítima, ocultos en tinetas de pintura, en una embarcación proveniente del Puerto de Manzanillo, en México. Los dos imputados fueron detenidos en enero de 2025 durante un operativo en una parcela del sector de Lolol, Región de O'Higgins, donde, de acuerdo a la pesquisa, funcionaba el laboratorio de síntesis. En el procedimiento participaron el OS7, el GOPE, el LABOCAR, la Prefectura Aeropolicial y drones (RPAS), además de equipos del Ministerio Público.

La lectura

El caso importa por varias razones que exceden la condena o absolución de dos personas. Por primera vez un tribunal chileno deberá pronunciarse, en juicio público, sobre la hipótesis de que una estructura mexicana de narcotráfico de alto perfil intentó usar territorio chileno como centro de producción y no solo como país de tránsito. Si la acusación prospera, el precedente judicial será relevante para futuras causas de crimen organizado transnacional, un fenómeno que la propia Fiscalía describe como una operación que "partió en México, cruzó el océano y pretendía instalarse en Chile".

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, subrayó que el Ministerio Público somete su investigación "al estándar de prueba más alto, en un juicio público", con una defensa que podrá controvertir cada pieza de la prueba. Esa declaración no es un detalle retórico: en causas de esta complejidad, la cadena de custodia de los 844 kilos, la trazabilidad de los precursores químicos y la autenticidad de las comunicaciones interceptadas serán sometidas a escrutinio. La solidez del caso dependerá de que la evidencia resista el contrainterrogatorio, no de la gravedad de la hipótesis.

El fiscal también destacó la cooperación interinstitucional y sostuvo que "una organización que opera sin fronteras solo es enfrentada de verdad cuando la persecución penal hace lo mismo". La afirmación describe una estrategia, pero no sustituye la prueba: el vínculo con el Cartel Jalisco Nueva Generación es, por ahora, una imputación de la Fiscalía que deberá acreditarse en el juicio. La evidencia disponible no permite confirmar ese vínculo ni el rol exacto de cada acusado dentro de la estructura; tampoco precisa si hay otras personas investigadas o prófugas.

Qué sigue

El juicio oral está programado para toda la semana en Antofagasta, con medidas de protección para los intervinientes. Quedan por esclarecer al menos tres puntos: si la defensa cuestiona la legalidad de las técnicas especiales de investigación empleadas; si la evidencia permite sostener la vinculación con el cartel mexicano más allá de la hipótesis acusatoria; y si el tribunal acoge las penas de 35 años solicitadas o impone una calificación jurídica distinta. La sentencia, cualquiera sea su signo, será el primer pronunciamiento judicial chileno sobre una operación de esta escala y servirá de referencia para causas futuras.