Laboratorio Electoral alerta violencia criminal en cinco estados rumbo a 2027

Laboratorio Electoral divulgó su primer informe sobre riesgos para el proceso electoral 2027 y colocó la violencia criminal como uno de los principales obstáculos para que los comicios se desarrollen con integridad. El documento identifica focos rojos en Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Guanajuato, entidades donde, según la organización, grupos delictivos han intimidado a la población, atacado a autoridades e interferido en la organización de los comicios. La advertencia no es un pronóstico: es una radiografía de riesgos construida con el monitoreo que el laboratorio realiza desde 2018.

El informe se organiza en tres ejes —violencia, gobernanza e integridad electoral— y sostiene que las agresiones pueden afectar distintas etapas del proceso, desde la selección de candidaturas y las campañas hasta la instalación de casillas y el ejercicio libre del voto. El documento reporta que la violencia electoral ha mostrado una tendencia ascendente desde 2017-2018 sin que exista una política pública estructurada para atenderla. Como antecedente, el laboratorio documentó que el proceso 2023-2024 fue el más violento del que se tiene registro: al menos 41 contendientes políticos asesinados, 116 víctimas mortales vinculadas a las elecciones y 379 eventos violentos.

La concentración territorial y de cargo es el dato más incómodo del informe. El 75 por ciento de los ataques ocurrió en el ámbito municipal y el 92 por ciento de las candidaturas asesinadas buscaba una presidencia municipal, sindicatura o regiduría. Es decir, la violencia no se dirige principalmente contra las grandes candidaturas federales, sino contra el eslabón más débil de la cadena política: quienes compiten por el poder local, donde el crimen organizado tiene intereses más concretos y capacidad de presión más directa. El documento también advierte que las agresiones alcanzan a autoridades electorales, colaboradores, militantes, dirigentes partidistas y familiares, y enumera modalidades que van del asesinato y el atentado a las amenazas, secuestros y presiones para paralizar campañas o forzar renuncias.

Entre las afectaciones ya registradas, el informe menciona la anulación de 11 elecciones municipales por hechos de violencia y de otras 16 por violaciones a la libertad del sufragio o falta de certeza, además de casos de quema de urnas y secuestro de funcionarios electorales. Frente a ese panorama, Laboratorio Electoral planteó recomendaciones dirigidas sobre todo a los partidos: evaluaciones internas de riesgo, revisión de la idoneidad de sus candidaturas y capacitación de aspirantes para enfrentar escenarios de violencia. El llamado a las autoridades es reforzar la prevención y la protección para garantizar elecciones seguras e íntegras.

La lectura política

El informe llega en un momento en que los partidos todavía no definen candidaturas, pero ya negocian territorios. Al poner el foco en cinco estados y en el nivel municipal, el laboratorio desplaza la discusión de la seguridad de los candidatos federales hacia la selección de quienes competirán por alcaldías y regidurías. Ese es el punto donde la violencia puede alterar la competencia sin necesidad de suspender una elección: basta con que un aspirante se retire, un partido no encuentre quién acepte la candidatura o una casilla no pueda instalarse.

La recomendación de revisar la idoneidad de las candidaturas tiene una consecuencia política delicada. En la práctica, puede funcionar como un filtro de elegibilidad que los partidos aplican sin reglas claras y sin transparencia, o bien como un argumento para justificar la exclusión de aspirantes incómodos. El informe no propone un mecanismo vinculante ni una autoridad que valide esas evaluaciones; deja la decisión en manos de los propios partidos, que son también los primeros interesados en no perder estructuras locales. Esa ambigüedad es, a la vez, una protección y un riesgo.

El antecedente de 2023-2024 también envía una señal sobre los incentivos. Si la violencia se concentró en el ámbito municipal, los partidos enfrentan un dilema previsible para 2027: competir en los municipios de mayor riesgo o replegarse y ceder espacios al crimen organizado. La ausencia de una política pública estructurada, que el propio laboratorio subraya, significa que la protección de candidatos y autoridades electorales seguirá dependiendo de arreglos locales y de la capacidad de cada partido para negociar con los gobiernos estatales.

El informe no afirma que la violencia vaya a repetirse con la misma intensidad ni identifica a los grupos responsables. Tampoco evalúa el desempeño de las autoridades electorales en los casos ya documentados. Lo que ofrece es un mapa preliminar de riesgo que, si los partidos lo ignoran, podría traducirse en candidaturas vulnerables y en municipios donde la elección se defina más por la intimidación que por el voto.

Qué sigue

Laboratorio Electoral presentó hallazgos preliminares y recomendaciones; se espera que publique informes subsecuentes conforme avance el calendario electoral. Los partidos tienen pendiente definir sus procesos de selección de candidaturas municipales, el punto donde el informe concentra el mayor riesgo. Las autoridades electorales no han anunciado, según la evidencia disponible, una respuesta específica al documento. El siguiente hito verificable será la publicación del calendario oficial del proceso 2027 y, con él, el arranque formal de las precampañas.

Actualización

El asesinato de Gabriel Rivas Ríos confirma la alerta de violencia criminal en Guerrero publicada por Laboratorio Electoral como foco rojo para el proceso electoral 2027. Leer el nuevo desarrollo.