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Levy lleva su ofensiva contra el INE a Washington, sin prueba de investigación
El documento que el empresario hizo público pide indagatoria, cancelación de visas y congelamiento de cuentas, pero él mismo reconoce que no está acreditado el ingreso de recursos a Estados Unidos. Las dependencias señaladas no han emitido pronunciamiento.
Simón Levy, exsubsecretario de Turismo, afirma que denunció ante el Departamento de Estado, el Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y otros consejeros, por presunto lavado de dinero en contratos electorales. Pide visas canceladas y cuentas congeladas. Ninguna autoridad estadounidense ha confirmado investigación o sanción: es pr
Levy lleva su ofensiva contra el INE a Washington, sin prueba de investigación
Simón Levy Dabbah afirma haber presentado una denuncia ante tres dependencias de Estados Unidos contra la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y otros integrantes del instituto. Ninguna autoridad estadounidense ha confirmado la apertura de una investigación, la imposición de sanciones o la cancelación de visas. La distancia entre lo que un actor dice haber entregado y lo que una autoridad resuelve es, aquí, toda la nota.
Levy —abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exdirector de la agencia ProCDMX y subsecretario de Turismo entre diciembre de 2018 y abril de 2019— difundió en redes sociales que acudió al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia, y mencionó también al FBI y al Congreso estadounidense. El documento que él mismo publicó está fechado el 23 de septiembre de 2026 y va dirigido al FBI y al Departamento de Justicia. En él solicita una indagatoria preliminar sobre si recursos vinculados a contratos de materiales electorales pasaron por el sistema financiero estadounidense, además de cancelación de visas y congelamiento de cuentas o bienes, con base en normas sobre lavado de dinero y decomiso civil.
El propio documento acota su alcance: reconoce que no está establecido que recursos hayan ingresado a Estados Unidos y precisa que las personas señaladas no han sido condenadas ni acusadas por los hechos que describe. Lo difundido es una solicitud, no una resolución, y las dependencias involucradas no han emitido pronunciamiento público conocido sobre el caso.
El trasfondo es la disputa por las reglas con las que el INE llegará a las elecciones federales de 2027. El Consejo General aprobó el 3 de septiembre, por siete votos contra cuatro, un criterio para documentar las llamadas "boletas planchadas" —las que aparecen en las urnas sin los dobles habituales— y dejar que los consejos distritales determinen si se incorporan al cómputo. Levy también ha cuestionado decisiones del instituto sobre la participación de observadores electorales.
Tampoco es el primer frente externo contra consejeros del INE. En agosto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pidió al Departamento de Estado sanciones contra tres consejeros; Taddei respondió entonces que ningún integrante del Consejo General debía emitir sus votos bajo amenazas. Levy, por su parte, enfrenta procesos en México: la Fiscalía capitalina ha señalado investigaciones por delitos contra el ambiente, amenazas y daño en propiedad ajena, y la Fiscalía General de la República informó previamente de una ficha roja de Interpol por daño a la propiedad y fraude. Él ha rechazado los señalamientos.
La lectura política
El movimiento funciona, en la práctica, como presión política con envoltura jurisdiccional extranjera. No es una candidatura, ni una precandidatura, ni un acto partidista formal: es la construcción de un relato en el que el árbitro electoral aparece capturado y la vía para corregirlo sería Washington, no los tribunales mexicanos ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Para que ese relato rinda, basta con que la denuncia exista y circule: la mención de visas y cuentas congeladas opera como sanción simbólica antes de cualquier resolución.
Los incentivos son distintos en cada lado. Levy es un exfuncionario con causas penales abiertas en México y el foro internacional le da una visibilidad que el foro local no le concede. Para actores opositores al INE, cada denuncia externa suma argumentos sobre una supuesta parcialidad del instituto rumbo a 2027. Para el instituto, el costo no es jurídico —no hay resolución que acatar— sino de legitimidad ante una elección federal ya en preparación.
La pieza sensible es el equilibrio interno del Consejo General. La votación 7-4 del 3 de septiembre ya mostraba un bloque mayoritario y una minoría con motivos para cuestionar criterios operativos; exponer a consejeros con nombre y apellido a presión externa estrecha el margen de esa minoría y encarece cada decisión de la mayoría de cara a los consejos distritales, que definirán caso por caso si una boleta planchada entra al cómputo. El límite es igual de claro: no hay investigación confirmada, ni sanciones, ni imputación. Lo que falta para sostener una lectura más fuerte —que Washington esté actuando— es un documento oficial: acuse, apertura de expediente o medida cautelar.
Qué sigue
- Confirmación o silencio de las dependencias estadounidenses sobre la recepción y el curso del documento del 23 de septiembre. - Posicionamiento del INE: si Taddei o el Consejo General responden y si ajustan protocolos de seguridad o comunicación. - La aplicación del criterio sobre boletas planchadas en los consejos distritales, donde la disputa se convierte en cómputo. - El avance de las causas penales de Levy en México, su principal vulnerabilidad pública.