Loera rechaza encuestas de Morena en Chihuahua y expone la pugna por 2027

El senador de Morena Juan Carlos Loera de la Rosa rechazó el proceso interno que designó a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la transformación en Chihuahua y llamó a revisar los mecanismos con los que el partido elige a sus coordinadores municipales. El pronunciamiento, difundido en video, no se agota en un resultado: cuestiona el método. Y ahí está su peso político, porque el mecanismo de encuestas es hoy la vía principal con la que Morena ordena sus aspiraciones rumbo a 2027 en un estado donde se renueva la gubernatura.

Loera acusó falta de imparcialidad, equidad y transparencia, y sostuvo que la designación del coordinador estatal dejó "más dudas que certezas". Según su versión, desde meses antes de conocerse los resultados existían señales de preferencia de sectores relevantes de la dirigencia nacional hacia uno de los contendientes: mencionó expresiones públicas, posicionamientos políticos e imágenes difundidas en las que se mostraba cercanía con el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, quien participó en la contienda interna.

El senador planteó que mientras unos recorrieron el estado con recursos limitados y sin estructuras gubernamentales de apoyo, otro contendiente tuvo una presencia desproporcionada en redes sociales, radio, prensa y televisión. Denunció un presunto uso de estructuras burocráticas en favor del designado y afirmó que las cifras de la encuesta fueron sumamente cerradas, con observadores apuntando a un empate técnico. "Un empate técnico no puede convertirse en una victoria contundente", dijo, y aclaró que su señalamiento no busca cuestionar a una persona en particular, sino advertir sobre prácticas que, desde su perspectiva, se apartan de los principios democráticos del movimiento.

El reclamo llegó un día después de que la ex senadora Marybel Villegas hiciera público un cuestionamiento similar, y en plena convocatoria para elegir coordinadores municipales. Loera pidió mecanismos de revisión, observación y auditoría para los procesos actuales y futuros.

La lectura política

En el vocabulario de Morena, "coordinador de la transformación" es un nombre formal; en la práctica funciona como una precandidatura de facto. No es un cargo previsto en la ley electoral ni una candidatura registrada ante autoridad alguna: es la figura con la que el partido coloca a alguien en posición de salida antes de que corran los plazos formales. De ahí que una encuesta interna —instrumento sin efectos jurídicos— genere conflictos con consecuencias electorales reales.

El incentivo de Loera es doble. Por un lado, si la dirigencia nacional sostiene el resultado, él queda en desventaja; el reclamo público es su vía para reabrir el método o, cuando menos, negociar posición dentro del reparto local. Por otro, la queja no es gratuita en términos de costo para quien la firma: romper la disciplina interna en un año preelectoral implica exponerse a la narrativa de la división. Que lo haga un senador en activo sugiere que el cálculo de quedarse callado resultó peor.

Quien gana margen es la dirigencia nacional: conserva la facultad de decidir y puede administrar el conflicto como ruido menor. Quien lo pierde es el designado, que arranca con ventaja organizativa pero con un pasivo de legitimidad que sus adversarios pueden cobrar más adelante, en la definición de candidaturas. Y el partido en su conjunto carga con un costo: cada proceso interno resuelto por encuesta y no por reglas verificables deja militantes con incentivos para litigar en público.

La señal rumbo a 2027 es precisa. El conflicto no es sobre quién ganó, sino sobre quién decide y con qué método. Cuando el procedimiento concentra la decisión en la cúpula, el costo de la legitimidad lo pagan los perdedores y la unidad se vuelve un acuerdo frágil. En Chihuahua el premio mayor es la gubernatura, y ese es el motivo por el que una inconformidad interna deja de ser un asunto administrativo.

El límite analítico también importa: la evidencia disponible es el video del senador. No hay versión pública de la dirigencia nacional, ni metodología, ni documento de la encuesta. Sin esos elementos no puede verificarse ni la imparcialidad del proceso ni la existencia de un empate técnico; son afirmaciones de un actor interesado en el resultado, no hechos acreditados. Tampoco hay elemento para sostener que la designación implique ilegalidad alguna.

Qué sigue

La convocatoria para elegir coordinadores municipales en Chihuahua sigue en curso, y es el escenario inmediato donde se probará si las exigencias de auditoría de Loera encuentran eco o quedan sin respuesta. Habrá que observar tres cosas: si la dirigencia nacional fija reglas de observación y revisión antes de que concluya ese proceso; si el reclamo se replica entre aspirantes municipales que se sientan afectados, como ocurrió con Villegas y ahora con Loera; y si el designado estatal logra o no construir legitimidad interna en los meses previos al arranque formal del proceso electoral local. Ninguna de esas definiciones está resuelta, y todas prefiguran cómo se repartirá la candidatura al gobierno de Chihuahua.