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Marcha en Cuernavaca exige justicia en ocho días por el asesinato de Gabriel Rivas
Activistas y familiares del defensor de derechos humanos marcharon del Palacio de Gobierno al Ayuntamiento y pidieron que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. La gobernadora Margarita González Saravia prometió que no habrá impunidad.
Activistas, amigos y familiares de Gabriel Rivas Ríos, defensor de derechos humanos asesinado el 4 de noviembre en Cuernavaca, marcharon para exigir justicia y dieron ocho días a las autoridades para presentar resultados. Pidieron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. La gobernadora Margarita González Saravia prometió en el velorio que no habrá impunidad. No se reportaban detenc
Con mítines, cohetes y una marcha por el centro de Cuernavaca, activistas, amigos y compañeros de lucha de Gabriel Rivas Ríos exigieron justicia por su asesinato, ocurrido el 4 de noviembre en Ejidos de Acapantzingo, y se comprometieron a dar continuidad a las causas que el defensor de derechos humanos dejó pendientes. La movilización no fue solo un homenaje: fijó un plazo concreto a las autoridades y colocó sobre la mesa la posibilidad de que la investigación salga de la órbita estatal.
La protesta comenzó en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, donde los participantes recordaron la trayectoria de Rivas, conocido como el "regidor del pueblo", quien durante más de cinco décadas participó en movimientos sociales y luchas ciudadanas en Morelos. Desde ahí marcharon hacia el Ayuntamiento de Cuernavaca, donde fueron recibidos por el alcalde José Luis Urióstegui Salgado.
Los manifestantes dieron un plazo de ocho días para que las autoridades presenten resultados y detengan al responsable; de no obtener respuesta, llevarán el caso a la conferencia matutina de la presidenta y solicitarán que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.
El planteamiento de la atracción federal no es un detalle menor. Durante el pronunciamiento, activistas y estudiantes advirtieron que el crimen se suma a una decena de homicidios de personas defensoras de derechos humanos registrados en Morelos desde 2015, entre ellos los de Gustavo Salgado Delgado y Samir Flores Soberanes. "¿Cuántos defensores más tendremos que ser asesinados en Morelos para que vuelvan a ver a nuestro estado?", cuestionaron. La exigencia de intervención federal se apoya en ese historial, no en una sospecha aislada sobre la fiscalía local.
La disputa por el territorio y el proyecto inmobiliario
La marcha también tuvo un contenido programático. Los participantes demandaron la cancelación del proyecto inmobiliario Alto Verde, contra el que se pronunciaba Rivas; la declaratoria de La Cazahuatera como área natural protegida, y la creación de un parque ecológico con su nombre. Advirtieron que su asesinato no debe convertirse en una vía para concretar el desarrollo al que se oponía.
El alcalde Urióstegui respondió que el Ayuntamiento no ha otorgado la licencia ambiental y que el cambio de uso de suelo ya estaba permitido; añadió que el proyecto está judicializado y que el gobierno municipal debe respetar las resoluciones de los tribunales. El edil planteó que, si existen recursos, los gobiernos federal, estatal y municipal podrían analizar la expropiación del terreno, una alternativa que los activistas dijeron que buscarán impulsar para concretar el parque ecológico.
Sobre el homicidio, Urióstegui pidió agotar todas las líneas de investigación y evitar especulaciones sobre los motivos. Aseguró que el Ayuntamiento colaborará con las autoridades ministeriales y que entregó a la Fiscalía grabaciones de cámaras de seguridad de Acapantzingo, así como material de las sesiones de Cabildo en las que participó Rivas. Los manifestantes, por su parte, cuestionaron qué información tenían funcionarios municipales sobre las presuntas amenazas contra el activista.
La lectura
El caso de Rivas combina dos dimensiones que suelen tratarse por separado: la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y la disputa por el uso del territorio. La exigencia de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación es, en los hechos, una señal de desconfianza hacia las autoridades estatales, respaldada por el registro de al menos diez homicidios de defensores en Morelos desde 2015. La promesa de la gobernadora Margarita González Saravia, formulada en el velorio, establece un compromiso público que puede medirse: hasta el momento no se habían reportado detenciones por el crimen.
La gobernadora Margarita González Saravia se reunió con la familia durante el velorio y afirmó: "Quiero hacer una promesa frente a él, frente a su familia: que no habrá impunidad". La mandataria recordó que Rivas fue su compañero de lucha durante muchos años, lo que añade un componente político personal a la exigencia de resultados.
El velorio se realizó en el campo de futbol de la colonia Flores Magón, donde nació el activista, con la presencia de políticos de Morena que buscan la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca en 2027, entre ellos Alejandra Flores Espinoza, Javier Bolaños Aguilar y Luis Machuca Nava. También hubo pronunciamientos de regidores de Morena, que condenaron el crimen y pidieron medidas para fortalecer la seguridad en la ciudad.
Qué sigue
El plazo de ocho días es el principal marcador verificable. Si las autoridades no presentan resultados ni detenciones, los manifestantes anunciaron que acudirán a la conferencia matutina presidencial y formalizarán la solicitud de atracción federal. Queda por esclarecer el avance real de la investigación estatal, el contenido de las presuntas amenazas contra Rivas y si existió alguna omisión institucional frente a ellas. También está pendiente la definición judicial del proyecto Alto Verde y la viabilidad de la expropiación planteada por el alcalde. La misa de cuerpo presente estaba prevista para el viernes 6 de noviembre a las 15:00 horas, y a las 16:00 el traslado de los restos al panteón La Paz.