RUTA 27 · MEDIUM
Maru Campos llama "mazo político" al caso CIA rumbo a Chihuahua 2027
La gobernadora panista sostiene que la detención del exfiscal César Jáuregui y el expediente de los agentes extranjeros se usan para calentar el ambiente electoral. La federación responde que ella misma señaló al exfiscal.
Maru Campos afirmó que el escándalo de los agentes de la CIA se convirtió en un "mazo político" para agitar el ambiente electoral de Chihuahua rumbo a 2027, donde se renueva gubernatura, ayuntamientos y Congreso. La gobernadora panista vinculó la detención del exfiscal César Jáuregui con una maniobra federal. La disputa anticipa el tono de la contienda estatal.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, calificó el escándalo por la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos de seguridad estatales como un "mazo político" para agitar el ambiente electoral antes de los comicios de 2027, en los que Chihuahua renovará gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales. La declaración no es un desahogo menor: convierte un expediente de seguridad nacional en material de campaña y fija la línea con la que el PAN buscará disputar el relato federal en uno de sus bastiones más grandes.
Campos detalló ante medios que su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en el aeropuerto de Ciudad Juárez fue "muy tensa y llena de reproches", con gritos durante unos diez minutos. Según su versión, Sheinbaum la increpó por acusarla de traición a la patria y ella respondió que debía investigarse por qué entraron agentes extranjeros sin permiso conforme a la Ley de Seguridad Nacional. La presidenta, por su parte, relató que Campos le aseguró que la entrada de los agentes no fue decisión suya sino del exfiscal César Jáuregui Moreno, detenido por traición a la patria, y que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, recibió de la gobernadora pruebas sobre corrupción y casinos atribuidas al exfiscal.
La gobernadora sostiene que la aprehensión de Jáuregui es "totalmente desproporcionada" y forma parte de un "circo político" federal. En la misma conversación, Campos acusó a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, de tener vínculos con el crimen organizado y propiedades en el estado; Sheinbaum respondió que no ha presentado pruebas y defendió a Montiel. El intercambio muestra que el diferendo no se limita al expediente de la CIA: toca la disputa por la narrativa de seguridad en la frontera y la legitimidad de las acusaciones cruzadas entre gobierno estatal y federación.
El caso Jáuregui tiene una arista electoral directa: el exfiscal era aspirante del PAN a la alcaldía de Chihuahua, según registros periodísticos, y su detención ocurre en la antesala del calendario local. Campos negó haber pactado con Sheinbaum su detención, pero la sola necesidad de desmentirlo revela que la oposición anticipa que el expediente será leído como una operación política. La gobernadora ha insistido en que en 2027 no habrá narcocandidatos ni narcopartidos y ha respaldado la reforma estatal que permite anular elecciones si interviene el crimen organizado, un marco que ella misma quiere convertir en bandera.
La lectura política
El movimiento de Campos cumple una función práctica: trasladar el costo del escándalo de seguridad del gobierno estatal al terreno de la contienda federal, donde Morena carga con la responsabilidad de la política migratoria y de inteligencia. Al llamar "mazo político" al caso, la gobernadora no presenta una candidatura formal ni una precandidatura: se posiciona como la voz opositora que ordena el relato en Chihuahua y marca territorio frente a la federación. Es una aspiración de liderazgo estatal, no un registro ante autoridad electoral.
El incentivo es doble. Por un lado, Campos necesita desactivar la lectura de que su gobierno permitió la operación de agentes extranjeros sin control; por otro, capitaliza el desgaste federal en un estado donde el PAN gobierna y donde la elección de 2027 definirá si el partido retiene la plaza más grande de la frontera norte. La acusación contra Montiel, originaria de Chihuahua, apunta a contaminar la marca de Morena en el estado y a obligar a la dirigencia nacional a defender a su presidenta en territorio adverso.
El límite es claro: no hay resolución judicial ni administrativa que acredite las acusaciones de Campos contra Montiel, y la propia gobernadora no ha presentado públicamente las pruebas que dice tener. La federación sostiene que fue ella quien señaló a Jáuregui. Esa contradicción será el campo de batalla: quien logre imponer su versión sobre quién ordenó qué ganará ventaja narrativa en la antesala de 2027.
Qué sigue
La fiscalía federal deberá informar el avance de la investigación contra Jáuregui por delitos contra la Ley de Seguridad Nacional y traición a la patria, mientras la fiscalía estatal sigue su propia línea por delitos del fuero común. El Congreso de Chihuahua y el Instituto Estatal Electoral tendrán que pronunciarse sobre el calendario local y la aplicación de la reforma que permite anular comicios por intervención del crimen organizado. La disputa por la candidatura del PAN a la gubernatura y las alcaldías definirá si Campos opera como jefa política del estado o como aspirante a un cargo federal.