RUTA 27 · LOW
Maru Campos no descarta la diputación federal en 2027 y evita hablar de licencia
La gobernadora confirma que Jorge Romero ya le planteó un escaño en San Lázaro, pero deja sin respuesta la pregunta que define todo: cuándo y cómo dejaría la gubernatura. Su salida abriría la sucesión del PAN en Chihuahua.
María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, no descartó ser candidata a diputada federal en 2027, después de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, la propusiera para San Lázaro. Confirmó que el planteamiento ya le fue hecho, pero no dijo si pediría licencia ni en qué distrito competiría. Chihuahua también renueva gubernatura ese año.
María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, no descartó competir por una diputación federal en 2027 y confirmó que la propuesta ya fue comentada con el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera. No anunció nada más: tampoco dijo si pediría licencia ni bajo qué condiciones entraría a la contienda. El solo hecho de que una mandataria en funciones deje abierta esa puerta mueve el escenario electoral de Chihuahua, donde la sucesión se juega el mismo año.
La declaración respondió al planteamiento de Romero Herrera de incorporarla a la Cámara de Diputados para defender los intereses del estado. "Es una posibilidad que tenemos, es una posibilidad de la cual se ha comunicado con una servidora", sostuvo Campos Galván, y añadió que el propósito sería "que Maru Campos esté en la Cámara de Diputados defendiendo a Chihuahua, generando una narrativa fuerte de defensa para los chihuahuenses". Agradeció el reconocimiento del dirigente; la definición quedó para después.
Los detalles que faltan son los que importan. No precisó si buscaría un distrito o una candidatura por representación proporcional, en qué entidad competiría ni en qué momento. La omisión no es casual: en el sistema electoral mexicano, la distancia entre "posibilidad" y "candidatura" se mide en actos verificables —licencia, precampaña, registro— y ninguno ha ocurrido.
El calendario ya fijó la fecha límite
El artículo 55 de la Constitución exige a los gobernadores separarse del cargo por lo menos 90 días antes de la jornada electoral si buscan un escaño federal en su propia entidad. Como la elección federal de 2027 se celebra en junio, la decisión sobre la licencia tendría que estar tomada a más tardar a principios de ese año, antes de que el PAN cierre sus listas. Y la licencia no la otorga la gobernadora: la concede el Congreso del Estado, que también define quién despacha el Poder Ejecutivo durante la ausencia. Ese es el primer costo real: no es el escaño, es el hueco que deja en Palacio.
El antecedente más cercano es Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, quien pidió licencia en 2024 para competir por una diputación federal en medio de fricciones con su Congreso local. Aquí se trata de una gobernadora de oposición, no de un aliado del gobierno federal.
La lectura política
La diputación, en sí misma, no es el premio: en jerarquía formal está un escalón por debajo de una gubernatura, y el mandato de Campos Galván no admite reelección. Lo que ofrece es otra cosa: plataforma federal, tribuna y una salida ordenada al final del sexenio estatal. En la práctica funciona como mecanismo de continuidad política, no como ascenso.
El movimiento también le sirve a Romero Herrera. Colocar a una gobernadora en su bancada le da peso frente a los propios gobernadores del partido y manda la señal de que la dirigencia nacional reparte posiciones. Para el PAN, en una intermedia donde la abstención suele castigar a la oposición, un nombre con voto propio vale más que el escaño.
Para la gobernadora, el costo está en la otra mitad del cálculo. Dejar abierto que podría irse a San Lázaro la coloca en posición de salida y reduce su capacidad de arbitraje en la sucesión estatal: si compite, el PAN de Chihuahua tendría que definir su candidatura a la gubernatura sin su principal figura en el cargo. En términos precisos, esto no es una candidatura ni una precandidatura —esa figura tiene fechas, reglas de gasto y un proceso regulado—; es un posicionamiento ventilado en público por el dirigente del partido y no desmentido por la gobernadora.
Falta el dato que permitiría una lectura más fuerte: la evidencia disponible no incluye pronunciamiento del PAN estatal de Chihuahua, ni distrito, ni fecha. Mientras eso no aparezca, la "posibilidad" es una señal, no un hecho.
Qué sigue
Tres plazos ordenan la decisión. Primero, la definición interna de candidaturas del PAN, que el partido resuelve en los meses previos a la contienda. Segundo, la eventual solicitud de licencia al Congreso del Estado, obligada por el plazo constitucional de 90 días si compite en Chihuahua. Tercero, el registro formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para el escaño federal y ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) si entra en la boleta local. Antes de eso, cada pronunciamiento —de ella, del PAN estatal o de sus competidores internos— será un indicador a seguir.