Maru Campos revela reunión a gritos con Sheinbaum por caso CIA en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, reveló que la reunión que sostuvo el 19 de septiembre con la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez fue un intercambio de reproches a gritos por la participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado en la entidad. La revelación convierte una diferencia ya pública en un episodio de conflicto directo entre dos gobiernos y coloca en el centro del debate la coordinación en seguridad y el uso político de un caso que involucra a una agencia extranjera.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Campos narró: “Hubo una conversación muy fuerte, muy tensa, una conversación llena de reproches, de reclamos mutuos”. La gobernadora dijo que ambas se levantaron la voz durante 8 o 10 minutos y que el encuentro se realizó en una oficina contigua al aeropuerto juarense, fuera de la agenda oficial de la gira presidencial. Su equipo se enteró de la visita por los medios y envió una carta a Palacio Nacional para solicitar la reunión.

La presidenta habría reclamado a Campos haber permitido el ingreso de agentes estadounidenses “por la puerta de atrás” durante el operativo en la Sierra del Pinal, y le habría dicho que es la única gobernadora con la que no puede tener una buena relación. Según la versión de la gobernadora, Sheinbaum también le reprochó haberla llamado públicamente “la presidenta de la muerte”, expresión que Campos reconoció y por la que ofreció una disculpa.

Del otro lado, Campos reclamó la falta de fuerzas federales en la Sierra Tarahumara y la ausencia de apoyo de la Sedena en Guadalupe y Calvo. El punto más tenso, según su relato, llegó cuando acusó directamente a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, de tener vínculos con el crimen organizado en Chihuahua. “Le dije exactamente, y subidito el tono de voz, que Ariadna Montiel estaba metida en el narco”, afirmó. La respuesta presidencial, siempre según Campos, fue defensiva: “María Eugenia, esto ya ahora sí que extralimitó todo límite”.

La lectura política

El episodio deja a Sheinbaum ante una acusación que no puede ignorar: una gobernadora en funciones señala a la dirigente de su partido de tener vínculos con el narco. La presidenta puede descalificar el señalamiento como parte de una campaña partidista, como ya hizo en la mañanera al referirse a los reclamos de Campos, pero la revelación pública obliga a su gobierno a definir si respalda o investiga a Montiel. La gobernadora gana visibilidad nacional al presentarse como la mandataria que confrontó a la presidenta por la seguridad de su estado, aunque asume el riesgo de que su testimonio sea leído como una operación política.

Campos aseguró haber percibido “una carga política electoral” en el enojo presidencial por el caso de los agentes estadounidenses. “Sentí perfectamente que había una carga política electoral en su agenda y fue cuando me preocupó”, dijo. Esa lectura es una interpretación de la gobernadora, no un hecho verificado: no hay evidencia pública de que la presidenta haya actuado por cálculo electoral. Lo que sí está documentado es que Sheinbaum había descartado inicialmente reuniones privadas con la mandataria estatal y que delegó las demandas de Chihuahua a la Secretaría de Gobernación.

El encuentro no produjo un pacto político, según la gobernadora, y los compromisos verbales de seguimiento con funcionarios federales nunca se concretaron. Campos relató que Sheinbaum le dijo que la recibirían la entonces secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario Omar García Harfuch, representantes de la Conagua y la fiscal Ernestina Godoy. Ese seguimiento, afirmó, no ocurrió. La revelación ocurrió minutos después de que un juez federal dictara prisión preventiva oficiosa contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui, acusado de traición a la patria, lo que añade presión institucional sobre el caso.

Qué sigue

El gobierno federal debe definir si responde formalmente a las acusaciones de Campos, en particular a la que involucra a la dirigente de Morena, y si aclara el alcance de la participación de la CIA en el operativo de Chihuahua. La gobernadora, por su parte, queda ante la exigencia de sostener su versión con documentación o testigos, y de explicar por qué hizo públicas las diferencias cinco semanas después del encuentro. El Congreso de Chihuahua y la fiscalía estatal tienen pendiente el caso del exfiscal Jáuregui, mientras la relación entre ambos gobiernos entra en una fase de confrontación abierta que puede afectar la coordinación en seguridad en una entidad clave para el crimen organizado.