MC critica reserva de 13 municipios para mujeres y advierte riesgo de litigios

El 18 de septiembre de 2026, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Sandra Alicia Pedroza Orozco criticó el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que reserva 13 municipios exclusivamente a candidaturas femeninas en 2027. Su objeción no es al objetivo declarado —dijo que su bancada respalda la paridad sustantiva—, sino al diseño: sostuvo que la medida parte de un estudio histórico deficiente, no supera el examen de proporcionalidad constitucional y contiene “una visión patriarcal al asumir que las mujeres solo pueden ganar si compiten entre sí”.

“A mí me parece muy patriarcal pensar que poner a competir a las mujeres solo entre nosotras es la única forma en la que podemos llegar; somos perfectamente capaces de competir contra los hombres y ganarles”, planteó. En su argumento, la autoridad electoral confunde cuotas aritméticas con justicia en las urnas y evade la pregunta de fondo: por qué las mujeres no llegaron al poder en procesos anteriores en los que sí compitieron.

Ahí colocó su punto más incómodo para los partidos: las barreras económicas. “Muchas candidatas han tenido menos financiamiento que sus compañeros varones, incluso dentro de su mismo partido. La violencia económica se vive muchas veces casa adentro, no solo frente a los adversarios”, expuso. Lo que el instituto debió investigar y corregir, agregó, son esas condiciones, no el número de espacios vedados a los hombres.

El acuerdo tiene un efecto inmediato en el mapa de la fuerza naranja. En Cortazar, municipio gobernado por el alcalde Mauricio Estefanía Torres, la disposición cancela cualquier postulación masculina para el siguiente periodo. No es un daño colateral: es territorio propio, y el costo cae justo donde MC tenía proyecto en curso.

Una crítica que cruza partidos

La reserva reparte costos entre todas las fuerzas, y eso explica que las objeciones no tengan color único. En el Partido Acción Nacional (PAN) la dirigencia anunció que no impugnará el acuerdo, pero la diputada Susana Bermúdez Cano lo calificó de retroceso institucional y acusó al IEEG de extralimitarse “para legislar al vapor”, sin diagnósticos demográficos ni análisis de rentabilidad política. Mencionó San Francisco del Rincón, donde figuraba Antonio Navarro, y Romita, donde al alcalde de Morena Pedro Tanamachi Reyes se le cierra la vía de la reelección consecutiva.

Su objeción técnica es la misma familia de argumentos que usa Pedroza Orozco: el IEEG habría ignorado que ya existían bloques de rentabilidad que obligaban a postular mujeres en zonas competitivas, y que forzar la exclusividad por el solo antecedente de que nunca ha gobernado una alcaldesa puede empujar a las aspirantes a municipios perdidos, como Juventino Rosas, en lugar de abrirles espacios viables.

La lectura política

Conviene precisar qué es y qué no es esto. Se trata de un acuerdo administrativo: no hay candidatura formal, ni precandidatura, ni siquiera una lista de aspirantes. El IEEG fijó una condición de elegibilidad para 2027 y, mientras no exista una resolución jurisdiccional que la revoque, esa es la regla operativa del proceso. El pronunciamiento de Pedroza Orozco es, por ahora, un posicionamiento legislativo, no una impugnación: no habló a nombre de la dirigencia estatal ni anunció litigio alguno.

Dicho eso, el patrón político es reconocible. Cuestionar el “cómo” y no el “qué” permite criticar una acción afirmativa sin pagar el costo de aparecer contra la paridad. MC y el PAN, desde trincheras distintas, usan el mismo repertorio: deficiencia del estudio, examen de proporcionalidad, falta de diagnóstico. Esa coincidencia sugiere que el incentivo no es derogar la paridad, sino recuperar margen de maniobra para decidir quién encabeza las planillas en plazas donde cada partido ya tiene una sucesión en curso. En Cortazar, MC pierde la carta con la que contaba; en Romita, Morena pierde una reelección; en San Francisco del Rincón, el PAN pierde un perfil. La medida ordena el acceso de las mujeres a la boleta, pero desordena las sucesiones locales.

La señal rumbo a 2027 es que la paridad dejó de discutirse como principio y empezó a administrarse como reparto territorial. Cada partido calcula si le conviene pelear en tribunales —y con qué costo reputacional— o aceptar y recolocar cuadros. Si la disputa se judicializa, la decisión saldrá de los partidos y quedará en manos de jueces federales; si no, los partidos tendrán que resolver internamente un conflicto que hasta ahora nadie quiere firmar por escrito.

Falta un dato para calibrar la fuerza real de esta crítica: ninguna fuerza política ha anunciado formalmente una impugnación contra el acuerdo y el IEEG no ha respondido públicamente a los cuestionamientos técnicos. Sin eso, no hay manera de saber si el descontento se quedará en declaraciones o se convertirá en litigio.

Qué sigue

La ruta verificable tiene tres estaciones. Primera, si MC —como partido y no solo mediante una diputada— presenta un medio de impugnación contra el acuerdo; hasta hoy no lo ha hecho público y la legisladora tampoco lo anticipó en primera persona. Segunda, la respuesta del IEEG al cuestionamiento de proporcionalidad: de su fundamentación depende que la medida sobreviva, y la propia Pedroza advirtió que las acciones afirmativas sin sustento sólido “se terminan cayendo”, como ocurrió en Jalisco y Aguascalientes. Tercera, lo que resuelvan los tribunales federales antes de que arranque la etapa de precampañas, porque el calendario no da margen: la ley electoral ya no alcanza a reformarse para este proceso, según su propia lectura. Queda además el compromiso que ella misma planteó para el Congreso local y el federal: reglas claras para los siguientes procesos, para no dejar la paridad colgada de un acuerdo impugnable.