MC impugna los 'coordinadores' de Morena y pone al INE ante 2027

Movimiento Ciudadano (MC) llevó al Instituto Nacional Electoral (INE) la disputa por el calendario rumbo a 2027. El coordinador de la bancada naranja en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió que el árbitro debe asumir un papel activo frente a las campañas adelantadas y sostuvo que cambiar el nombre de los aspirantes de Morena por el de “coordinadores” no elimina las implicaciones proselitistas de sus actividades. No es una queja suelta: su partido afirma haber presentado ya los recursos para impugnar esa estrategia. Con eso, la contienda de 2027 empieza a resolverse en el terreno contencioso antes que en las urnas.

“Es un fraude a la ley, están adelantando los tiempos electorales, están violando la normatividad electoral”, dijo el senador, quien aseguró que MC presentó “los recursos correspondientes” para frenar el posicionamiento anticipado de perfiles que competirán por distintas gubernaturas. Castañeda colocó buena parte de la responsabilidad en el árbitro: “Necesitamos un árbitro que se tome en serio su papel”, afirmó, y describió la cancha rumbo a 2027 como “completamente dispareja”. El mensaje también tuvo un destinatario interno: MC, dijo, “no está en la búsqueda de desilusionados ni de personas que han quedado fuera de este proceso”, con lo que marcó distancia de cualquier expectativa de que su partido sea refugio de cuadros que pierdan la disputa interna en Morena.

Coordinador: la palabra que no está en la ley

El objeto de la impugnación es una figura que el derecho electoral mexicano no reconoce. Morena no ha registrado candidaturas —eso correspondería a los plazos formales del proceso—, pero ha presentado perfiles con cargos como el de “coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía nacional”, denominación con la que se dio a conocer a Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche, según el recuento periodístico del caso. En términos legales se trata de una designación partidista, no de una precandidatura ni de una candidatura, y el nombre no exime ni condena por sí mismo. Lo que se juzga es la conducta: proselitismo, llamados al voto o promoción sistemática de una persona antes de los plazos previstos. La evidencia disponible no permite saber cuántos recursos se presentaron, con qué números de expediente, ni si ya fueron admitidos; tampoco si el INE abrirá procedimientos sancionadores. Ese dato falta para medir la fuerza real de la ofensiva.

La lectura política

En la práctica, la estrategia de “coordinadores” opera como una precampaña sin ese nombre: ordena una sucesión interna, mide lealtades entre aspirantes, contiene tensiones dentro de la coalición gobernante y coloca a los designados en posición de salida hacia 2027. El eufemismo cumple además una función jurídica. Si el acto se llama coordinación, el partido puede sostener que es tarea organizativa y no promoción personalizada. La apuesta de MC es que el INE no acepte esa traducción.

Para MC, tercera fuerza sin la maquinaria de los dos bloques mayoritarios, un arbitraje estricto es lo único que puede emparejar una cancha que su dirigencia considera desnivelada. Pero el cálculo tiene costo: si los recursos no prosperan, el partido queda atrapado en el papel de denunciante permanente y su ofensiva se lee como estrategia de posicionamiento propio. Hay un incentivo adicional, más silencioso: aparecer como el actor que cuida las reglas envía señal a su electorado y a eventuales aliados, mientras obliga a Morena a defender públicamente una figura que hasta ahora no tenía que explicar.

Conviene precisar el límite: no existe aqui una acusación de confesión ni una resolución que declare ilegal la estrategia. MC sostiene una hipótesis jurídica —actos anticipados de campaña— y la traslada a la autoridad; el resto depende de cómo la autoridad la lea.

Qué sigue

La ruta inmediata es administrativa: las áreas del INE encargadas de lo contencioso electoral deberán admitir y resolver los recursos, y de ahí puede derivarse o no un procedimiento sancionador. Si MC no obtiene respuesta favorable, la vía siguiente es impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ha construido el estándar sobre qué cuenta como acto anticipado de campaña.

En paralelo, cada nueva designación estatal de Morena —y cada evento público de los perfiles ya nombrados— será un caso potencial, sobre todo conforme se acerquen las definiciones de candidaturas de 2027. Queda un efecto de segundo orden que ningún partido puede ignorar: cualquier criterio que el árbitro fije se aplicará también a MC y al resto de las fuerzas políticas. Si el INE se mueve, no lo hará solo contra Morena.