RUTA 27 · LOW
MC propone transporte gratis el día de la elección; falta definir quién lo paga
El diputado local Marco Gama Basarte plantea que el servicio sea gratuito durante la jornada de 2027 en San Luis Potosí. La medida necesita una ley, un subsidio y la firma de alguien que no aparece en su lista.

El diputado local de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí, Marco Gama Basarte, propuso que el transporte público sea gratuito durante la jornada electoral de 2027 para abaratar el traslado a las casillas. Habló de coordinación con el CEEPAC, el INE y los partidos, pero no presentó iniciativa ni costo. La propuesta instala un tema de equidad del voto rumbo a una elección que renovará gubernatura
El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC) Marco Gama Basarte propuso que el transporte público sea gratuito durante la jornada electoral de 2027 en San Luis Potosí, como condición para facilitar el voto. El planteamiento convierte un asunto de movilidad urbana en un tema de equidad electoral: si trasladarse a la casilla cuesta dinero, la participación deja de depender solo de la voluntad cívica. Y coloca a MC en la discusión de las reglas de un proceso que todavía no arranca formalmente.
Gama Basarte expuso la idea después de la comparecencia del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, durante la glosa del Quinto Informe de Gobierno. Dijo que observó apertura para atender los planteamientos. Según su exposición, el esquema exige voluntad política y coordinación entre el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos. Su argumento central: la gratuidad funcionaría como incentivo para votar y reduciría el costo de traslado que hoy asumen los electores. Citó países con esquemas similares, sin precisarlos.
Del dicho al boleto
La evidencia disponible tiene un hueco que el planteamiento no cubre: quién paga y con qué facultad. Los organismos electorales no operan autobuses ni tienen presupuesto de transporte; el CEEPAC y el INE pueden facilitar acuerdos y emitir criterios, pero el servicio urbano depende de concesionarios y del gobierno estatal, y su gratuidad requeriría una fuente de financiamiento aprobada por el Congreso del Estado o un convenio con cargo al erario local. Hasta ahora no hay iniciativa de ley, punto de acuerdo, costo estimado ni dictamen. La propuesta, en términos formales, es una declaración legislativa; en términos prácticos, es la apertura de un tema.
Tampoco está resuelta la objeción más delicada: un transporte gratuito sin reglas de operación claras puede convertirse en objeto de disputa por su uso proselitista. Ese riesgo no lo resuelve la buena intención, lo resuelve la letra chica: quién administra las unidades, qué rutas cubren y cómo se audita.
La lectura política
El movimiento tiene una función práctica distinta a la que declara. MC no gobierna San Luis Potosí y no tiene mayoría en el Congreso local; lo que puede producir, con bajo costo, es un tema de agenda propio. La gratuidad del transporte el día de la elección es un asunto de bolsillo, con alta visibilidad y difícil de rechazar en público: oponerse obliga a explicar por qué alguien debería pagar para ir a votar.
Eso reordena los incentivos de los demás. El gobierno estatal queda frente a la pregunta de si subsidia o no; el CEEPAC, frente a la de si su papel es promover la participación o administrar un servicio que no le corresponde; los partidos, frente a la de si apoyan una medida que después podría usarse para mover electores. Quien plantea la idea fija el marco y deja a los demás en posición reactiva. Si prospera, MC capitaliza; si no, conserva el tema para la campaña.
El límite importa para no confundir categorías: esto no es una candidatura, ni una precandidatura de facto, ni siquiera un aspirante declarado. Gama Basarte ocupa una curul y usa su tribuna. El posicionamiento temático es real; la aspiración electoral no está en la evidencia y no debe atribuírsele sin ella.
El cálculo de fondo es de participación. En 2027 San Luis Potosí renovará gubernatura y Congreso local, en coincidencia con la elección federal intermedia, y en comicios concurrentes el costo de traslado y la logística pesan más en municipios dispersos. Ahí está la apuesta: subir el piso de participación sin mover una sola casilla.
Qué sigue
Tres verificaciones concretas: si la propuesta se convierte en iniciativa ante el Congado del Estado o se queda en punto de acuerdo; si hay mesa formal con el CEEPAC, el INE, la Secretaría General de Gobierno y los concesionarios, y con qué costo estimado; y si el tema aparece en los lineamientos y el calendario que el organismo electoral local apruebe al inicio del proceso. Sin esos tres datos, la gratuidad sigue siendo una idea bien colocada.