Merino: el sistema electoral llega "muy maltrecho" a la contienda de 2027

Mauricio Merino Huerta, exconsejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE) y académico de la Universidad de Guadalajara, advirtió que el país llega a la contienda de 2027 con un sistema electoral "muy, muy maltrecho". Lo dijo al comentar el diagnóstico que la Red por la Rendición de Cuentas divulgó el 24 de septiembre de 2026 para ordenar la discusión sobre los riesgos del próximo proceso. No hay en el documento un caso nuevo ni una acusación con nombre: su peso político está en el orden en que coloca los problemas —dinero, fiscalización y autoridades electorales— antes de que las precampañas entren en su etapa más visible.

Merino, consejero del IFE antes de que ese organismo se transformara en el Instituto Nacional Electoral (INE), enumeró cuatro riesgos: el adelanto de las actividades partidistas, la posible intervención del crimen organizado, el ingreso de recursos ilícitos y la actuación de las autoridades encargadas de garantizar una competencia equitativa. Su advertencia más incómoda apunta a que la corrupción electoral no se agota en las campañas ni en la jornada de votación. "El intercambio es por puestos públicos, presupuestos, contratos, privilegios que se van otorgando después en los gobiernos", planteó, y llamó a vigilar el financiamiento, el uso de recursos públicos, la fiscalización y las decisiones que se tomen una vez concluidos los comicios.

El diagnóstico en números

El sustento son cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Inegi: 83.9% de la población considera que la corrupción es frecuente en los partidos políticos y sólo 23.9% confía en ellos. Las instituciones electorales corren una suerte parecida: 59.9% percibe corrupción frecuente en ellas, aunque 48.1% dice tenerles mucha o alguna confianza. El costo de la corrupción en trámites, pagos y contactos con autoridades ascendió a 17,707 millones de pesos en 2025, 48.7% más que en 2023. Frente a ese panorama, Merino sostuvo que "la elección es de la gente, no es de los partidos, no es del gobierno".

La lectura política

El diagnóstico funciona, en la práctica, como colocación de agenda. La elección de 2027 renueva la Cámara de Diputados y coincide con comicios locales en varias entidades, y las reglas con las que se competirá se deciden en el mismo tramo en que los partidos ya hacen política. Ahí está el incentivo: la opacidad en el dinero no paga costo electoral visible, la fiscalización de campañas suele resolverse años después y rara vez altera un resultado. Ningún partido gana votos endureciendo la revisión de sus propios ingresos.

El segundo movimiento es más fino. Al señalar que el intercambio ocurre después —puestos, presupuestos, contratos—, Merino traslada la vigilancia del expediente de campaña a la negociación poselectoral. Eso amplía el universo a revisar más allá de los partidos: alcanza a gobiernos, legislaturas y adjudicaciones. También mete en el mapa de riesgos a las propias autoridades, que dejan de ser árbitro externo y pasan a ser actor evaluado; con 48.1% de confianza, cualquier decisión disciplinaria se leerá en clave política. Quien gana margen con este encuadre son los organismos de observación y las autoridades que quieran exhibir rigor; quien lo pierde es quien prefiera que la discusión se quede en la jornada electoral, donde el daño es más difícil de rastrear.

El límite es claro: el documento no nombra partidos, candidatos ni entidades, no cuantifica el adelanto de actividades partidistas y no presenta evidencia de intervención del crimen organizado en un caso concreto. Es una lista de advertencias, no una resolución.

Qué sigue

El XV Seminario "Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral", previsto para el 15 de octubre en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara, reunirá a especialistas, organizaciones civiles y autoridades para discutir propuestas de prevención y vigilancia ciudadana. De ahí deberían salir los elementos verificables: si las conclusiones se convierten en protocolos de fiscalización, mapas de riesgo por entidad o esquemas de observación; y si el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los organismos locales retoman el diagnóstico o lo dejan como documento de seminario.

Lo que todavía no ocurre: no hay alerta formal de autoridad alguna, ni denuncia penal, ni procedimiento administrativo derivado de este diagnóstico, y ninguna de las cuatro conductas señaladas constituye por sí misma causa de nulidad. Para pasar de la advertencia a una consecuencia electoral haría falta un caso concreto, pruebas y una resolución.