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Merino llama a vigilar el dinero electoral: la corrupción no termina en las urnas
El exconsejero del IFE advierte que parte de los acuerdos se cierra después de la jornada: puestos, presupuestos y contratos. La Red por la Rendición de Cuentas llevará el diagnóstico a un seminario el 15 de octubre.
Mauricio Merino Huerta, exconsejero del IFE y académico de la Universidad de Guadalajara, llamó a vigilar el financiamiento, el uso de recursos públicos, la fiscalización y las decisiones posteriores a los comicios de 2027. Advirtió que el sistema electoral llega “muy, muy maltrecho” y que parte de la corrupción se concreta después: puestos, presupuestos y contratos. La Red por la Rendición de Cue
Mauricio Merino Huerta colocó el foco en una zona que el calendario electoral mexicano casi nunca ilumina: lo que se reparte después de la jornada. En la divulgación del diagnóstico de la Red por la Rendición de Cuentas, el 24 de septiembre, el exconsejero electoral del IFE y académico de la Universidad de Guadalajara llamó a vigilar el financiamiento, el uso de recursos públicos, la fiscalización y las decisiones que se tomen una vez concluidos los comicios de 2027. Su tesis es que el intercambio no se agota en campañas y casillas: “el intercambio es por puestos públicos, presupuestos, contratos, privilegios que se van otorgando después en los gobiernos”.
El diagnóstico que enmarcó su intervención ofrece el suelo empírico. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Inegi, citada en el encuentro, reporta que 83.9% de la población considera frecuente la corrupción en los partidos políticos y que sólo 23.9% confía en ellos. Las instituciones electorales no quedan fuera del radar: 59.9% percibe corrupción frecuente en ellas, aunque 48.1% dice tenerles mucha o alguna confianza. A eso se suma el costo de la corrupción en trámites, pagos y contactos con autoridades, que en 2025 ascendió a 17 mil 707 millones de pesos, 48.7% más que en 2023, según el propio Inegi.
Merino describió un sistema electoral que llega a 2027 “muy, muy maltrecho”. Entre los riesgos enumeró el adelanto de las actividades partidistas, la posible intervención del crimen organizado, el ingreso de recursos ilícitos y la actuación de las autoridades encargadas de garantizar una competencia equitativa. Cerró con una frase que funciona como principio de observación: “La elección es de la gente, no es de los partidos, no es del gobierno”.
La lectura política
La advertencia de Merino no es una denuncia ni una acusación: es un mapa de riesgos construido sobre una asimetría conocida. La fiscalización electoral mexicana se concentra en el periodo de campaña —informes de ingresos y gastos, topes, monitoreo de promocionales, auditorías del INE— y se desinfla cuando arranca el gobierno. Ahí, en la etapa que Merino señala, el dinero y los favores cambian de manos sin un registro equivalente.
Eso explica por qué su llamado no apunta a reforzar una sanción sino a extender el periodo de observación. El incentivo para no hacerlo es evidente: un partido que gana no tiene alicientes para auditar lo que reparte después, y uno que pierde rara vez cuenta con los instrumentos. La consecuencia electoral es que la vigilancia post-electoral queda huérfana de reglas claras, sostenida sobre todo por organizaciones civiles y, de manera intermitente, por la prensa.
Conviene precisar el estatus de lo que Merino enuncia: es una advertencia pública, no una imputación. La evidencia disponible no permite sostener que una fuerza política específica esté operando ya con recursos irregulares en 2027 ni que exista una investigación en curso. Lo que sí sostiene es un problema de arquitectura institucional: la fiscalización llega hasta la jornada y no más allá. En la práctica, eso deja el tramo más costoso del ciclo —contratos, presupuestos y nombramientos— fuera del radar electoral, y coloca a las organizaciones ciudadanas en el papel de observadoras sin facultades sancionadoras.
Qué sigue
La Red por la Rendición de Cuentas llevará el diagnóstico a su XV Seminario, “Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral”, previsto para el 15 de octubre en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara. El encuentro reunirá a especialistas, integrantes de organizaciones civiles y autoridades para discutir propuestas de prevención y vigilancia ciudadana, según la convocatoria.
Será el primer punto verificable: si las autoridades electorales y fiscalizadoras asisten, qué compromisos concretos asumen sobre la etapa post-electoral y si alguno de los riesgos señalados —financiamiento, recursos públicos, fiscalización— se traduce en mecanismos de seguimiento con responsable, plazo y método. Sin eso, la advertencia quedará en el terreno del diagnóstico y de la buena intención.