México autoriza 649 MW solares con 750 mdd de inversión privada

La Comisión Nacional de Energía de México otorgó permisos para seis proyectos de energía solar que suman 649 megavatios (MW) de capacidad instalada y una inversión estimada de 750 millones de dólares. Los permisos tienen como fecha de inicio el 5 de noviembre de 2026 y operarán dentro del mercado eléctrico mayorista. El anuncio representa el segundo llamado del gobierno a la iniciativa privada para desarrollar infraestructura energética y confirma que la apertura avanza, aunque a un ritmo menor al que demandan las metas oficiales.

Los proyectos se reparten entre tres empresas: Green Park Energy, filial de Cox, con tres plantas en Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato; Ammper Generación, propiedad de Invex Controladora, con dos en Tlaxcala y Morelos; y Viva el Sol, con una en Coahuila. La distribución regional concentra 350 MW en Occidente, 289 MW en Oriental y 10 MW en Noreste. Todos incorporarán almacenamiento eléctrico, un componente que busca estabilizar el suministro y permitir una mayor integración de renovables intermitentes.

El mecanismo económico es directo: la inversión privada de 750 millones de dólares se canalizará a través de permisos de generación que compiten en el mercado eléctrico mayorista. Esto implica que las empresas asumen el riesgo de construcción y operación, mientras que el gobierno se reserva la facultad de otorgar permisos y fijar reglas de participación. El beneficio para el erario es indirecto: no hay desembolso público, pero tampoco ingresos directos por la venta de energía, que se transará en el mercado mayorista. El costo recae en los inversionistas, que buscarán recuperarlo con la venta de electricidad a precios de mercado; los usuarios finales podrían beneficiarse si la mayor oferta presiona a la baja los precios, aunque el efecto depende de la demanda y de la infraestructura de transmisión disponible.

La letra pequeña del proceso revela el margen del gobierno. De las 57 solicitudes recibidas en esta segunda ronda, solo el 11% cumplió con los requisitos de la Secretaría de Energía. Esa selectividad sugiere que la autoridad mantiene un control estricto sobre quién accede al mercado, lo que puede interpretarse como una barrera de entrada para proyectos menos robustos o como un filtro técnico necesario. El hecho de que solo seis proyectos hayan sido aprobados de 57 solicitudes indica que la apertura es real pero acotada, y que el gobierno conserva la discrecionalidad para decidir qué iniciativas avanzan.

El contexto energético mexicano explica la urgencia. Actualmente, más del 60% de la electricidad se genera con gas natural, y la meta oficial es incrementar la proporción de renovables del 24% al 38% hacia 2030. Para lograrlo, la Comisión Federal de Electricidad busca movilizar alrededor de 37,500 millones de dólares y añadir casi 22 GW de capacidad limpia en su plan 2026-2030. Sin embargo, el avance es parcial: hasta ahora se han completado 11 proyectos que suman 480 MW, y quedan pendientes unos 4,151 MW de proyectos conjuntos que aún no se han asignado. La brecha entre las metas y los proyectos completados es amplia, y los 649 MW recién autorizados representan solo una fracción de los 22 GW adicionales que se requieren para 2030.

La lectura

El patrón político es claro: el gobierno de México está abriendo espacio a la inversión privada en generación renovable, pero lo hace con un filtro exigente que limita el número de jugadores. Esto puede leerse como una estrategia para mantener el control sobre el sector sin cerrarlo por completo, en un contexto donde la empresa estatal CFE sigue siendo un actor central. La decisión redistribuye poder económico hacia empresas como Cox y Invex, que obtienen acceso privilegiado al mercado eléctrico mayorista, mientras que los solicitantes rechazados quedan fuera. Para el ciudadano, el efecto cotidiano comprobable es la eventual disponibilidad de más energía solar, aunque el inicio de operaciones en noviembre de 2026 significa que los beneficios en la factura eléctrica o en la calidad del suministro no serán inmediatos. La falta de datos sobre precios de mercado y sobre la capacidad de transmisión impide asegurar que la inversión se traduzca en tarifas más bajas; ese es el elemento que falta para una lectura completa.

Qué sigue

Los proyectos deberán cumplir con los hitos de construcción para iniciar operaciones en la fecha prevista. La Secretaría de Energía continuará evaluando las solicitudes restantes y se espera que en los próximos meses se anuncien nuevas rondas de permisos. El avance hacia la meta del 38% de renovables en 2030 dependerá de que estos proyectos se materialicen y de que la CFE logre movilizar los 37,500 millones de dólares previstos. Mientras tanto, la atención estará puesta en si el gobierno mantiene el mismo nivel de exigencia en las próximas convocatorias o si flexibiliza los requisitos para acelerar la transición energética.