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México elimina 88% de HCFC, pero el último tramo del Protocolo de Montreal sigue abierto
El país reporta un avance récord en la eliminación de hidroclorofluorocarbonos con corte a diciembre de 2025, aunque la meta final de 100% para 2030 aún exige decisiones sobre alternativas industriales y control fronterizo.
México eliminó el 88% del consumo de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) respecto a su línea base nacional, con corte a diciembre de 2025. El dato muestra cumplimiento parcial del Protocolo de Montreal, pero el tramo final hacia la eliminación total en 2030 implica definir sustitutos industriales, reforzar la vigilancia aduanal y atender a los sectores que aún dependen de estos gases refrigerantes.
México eliminó el 88 por ciento del consumo de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) respecto de su línea base nacional, con corte a diciembre de 2025, informaron autoridades ambientales. La cifra representa el avance más alto reportado por el país en la reducción de estas sustancias que agotan la capa de ozono y que también tienen alto potencial de calentamiento global. El dato, sin embargo, no cierra el expediente: la meta del Protocolo de Montreal es la eliminación total del consumo para 2030, y el tramo que resta es el más complejo porque toca a industrias que aún dependen de estos refrigerantes.
El 88 por ciento de reducción coloca a México por delante del calendario internacional, que exige a los países en desarrollo congelar el consumo en 2013 y reducirlo gradualmente hasta cero en 2030. El país había reportado avances parciales en años anteriores, pero este corte a diciembre de 2025 confirma una trayectoria sostenida. La eliminación de HCFC no es solo un asunto de capa de ozono: estos compuestos son gases de efecto invernadero con un poder de calentamiento cientos de veces mayor que el CO2, por lo que su reducción también cuenta para los compromisos climáticos de México.
La lectura
El avance del 88 por ciento es resultado de una combinación de factores: la sustitución de equipos de refrigeración en la industria, la reconversión de procesos en la fabricación de espumas y aerosoles, y el control progresivo de importaciones. La responsabilidad institucional recae en las autoridades ambientales, que deben verificar el cumplimiento y reportar los datos al Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, de donde México recibe financiamiento para proyectos de reconversión.
El conflicto por recursos aparece en la asignación de esos fondos y en la presión sobre los sectores que aún usan HCFC. Las comunidades afectadas no son solo las industriales: talleres de refrigeración, pequeñas empresas de servicios y consumidores finales enfrentan el encarecimiento de equipos y la necesidad de capacitarse en el manejo de nuevas sustancias. El tramo final hacia el 100 por ciento exige decisiones sobre los sustitutos: las hidrofluorolefinas (HFO) y otras alternativas tienen menor impacto climático, pero su costo y disponibilidad en el mercado mexicano aún no están resueltos.
La evidencia disponible no permite determinar si el 88 por ciento se distribuye de manera uniforme entre sectores o si algunos, como la refrigeración comercial, concentran el consumo restante. Tampoco precisa cuántos equipos siguen operando con HCFC ni el monto de los recursos comprometidos para la siguiente fase. Esos elementos son necesarios para evaluar si la meta de 2030 es alcanzable con la política actual.
El control fronterizo es otro punto crítico: la reducción del consumo legal no garantiza que no existan importaciones ilegales de HCFC, un riesgo documentado en otros países de la región. Sin datos desagregados de aduanas y vigilancia, el 88 por ciento mide el consumo reportado, no necesariamente el consumo real.
Qué sigue
El siguiente punto de decisión es la definición del plan de eliminación total para el periodo 2026-2030, que las autoridades deben presentar ante el Fondo Multilateral. Ese plan incluirá metas anuales, sectores prioritarios y la solicitud de financiamiento para la reconversión de las empresas que aún usan HCFC. También se espera que se refuercen los mecanismos de verificación y que se publique el desglose sectorial del consumo restante.
México llega a esta etapa con un avance significativo, pero el último tramo suele ser el más costoso y políticamente sensible, porque implica a los usuarios finales y a las pequeñas empresas. La eliminación completa no será solo un logro ambiental: será una prueba de capacidad institucional para gestionar la transición sin dejar atrás a los sectores más vulnerables.