Mícher alerta violencia partidista contra mujeres; Senado impulsa paridad; el reto municipal persiste

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Mícher Camarena, ubicó la violencia política contra las mujeres como un fenómeno estructural que nace dentro de los partidos y se despliega antes, durante y después de que una mujer busca una candidatura. Durante el conversatorio “Nosotras en la paridad vertical y horizontal rumbo a 2027”, realizado el 13 de octubre de 2026, el mensaje trascendió el discurso institucional: se trata de un llamado a intervenir en la fase de selección interna, donde operan las precandidaturas de facto y los mecanismos informales de filtrado que suelen excluir a las mujeres antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) registre un proceso formal.

El evento reunió a legisladoras, consejeras y representantes de la sociedad civil para trazar una hoja de ruta ante los comicios de 2027. La consejera del INE, Carla Humphrey Jordan, presentó cifras que delimitan el terreno de juego: aunque las mujeres representan casi el 54 por ciento de las legisladoras locales y hay 13 gobernadoras, el mayor rezago y la mayor violencia en razón de género se concentran en el ámbito municipal. Frente a este escenario, Mícher Camarena presentó tres instrumentos: una red que agrupe a mujeres de todos los estados, una cartilla sobre derechos políticos y un exhorto para precisar ante qué instancias se debe denunciar la violencia política. Asimismo, adelantó un punto de acuerdo para aclarar qué autoridad emite, en cada entidad, la constancia de no ser deudora alimentaria, un requisito que históricamente ha funcionado como barrera administrativa.

La lectura política

El posicionamiento de Mícher Camarena no es un ejercicio retórico; es una maniobra de anticipación institucional. Al señalar que la violencia comienza “antes” de la candidatura, la Comisión para la Igualdad de Género apunta directamente a la fase de aspiración, donde los partidos suelen operar con listas cerradas, designaciones de confianza o precandidaturas no registradas que escapan al escrutinio del INE. En la práctica, esto coloca a las legisladoras y a la autoridad electoral en una posición de presión sobre las dirigencias nacionales y estatales para que transparenten sus procesos internos.

El incentivo es claro: ordenar la sucesión de 2027 evitando rupturas que debiliten la coalición gobernante y, al mismo tiempo, establecer un precedente verificable que obligue a todos los partidos a someter sus selecciones a estándares de paridad sustantiva. El foco municipal es estratégico; ahí reside el mayor número de ayuntamientos y la mayor densidad de maquinaria partidista. Si el Senado logra aprobar el exhorto y el punto de acuerdo sobre la constancia de no ser deudora alimentaria, se reducirá un obstáculo burocrático que, en la práctica, funciona como filtro de lealtad. La señal es doble: para los partidos, que la vigilancia sobre la violencia política se intensificará en la etapa de selección; para las aspirantes, que el marco normativo se ajustará para proteger su ingreso al proceso formal.

Qué sigue

Los instrumentos propuestos por Mícher Camarena deberán someterse a votación en la Junta de Coordinación Política del Senado. El exhorto y el punto de acuerdo sobre la constancia de no ser deudora alimentaria tienen un plazo de discusión que se cierra con la sesión ordinaria correspondiente a noviembre de 2026. Paralelamente, el INE activará sus módulos de monitoreo en las entidades federativas para verificar el cumplimiento de los lineamientos de paridad en las etapas de selección interna. Los partidos deberán publicar sus calendarios y reglas de selección de aspirantes antes del primer trimestre de 2027, momento en el que la evidencia mostrará si las advertencias del Senado se traducen en procesos transparentes o en la reproducción de los mismos filtros que la Comisión busca desmantelar.