RUTA 27 · LOW
Michoacán: recorte al INE pone en riesgo la calidad de la elección de 2027
El vocal ejecutivo del INE en la entidad, David Alejandro Delgado Arroyo, advirtió que un ajuste de 5 mil millones pegaría en la contratación de capacitadores y en la logística electoral. Más de 10 mil millones del presupuesto están etiquetados para las prerrogativas de los parti
La Junta Local del INE en Michoacán advirtió que un recorte de 5 mil millones de pesos —de 47 mil a 42 mil millones— comprometería la organización de la elección de 2027. David Alejandro Delgado Arroyo señaló que el ajuste pegaría en capacitadores, boletas y materiales, con antecedentes delicados en 2021, 2024 y la elección judicial.
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán advirtió que un recorte de 5 mil millones de pesos al organismo —de 47 mil millones a 42 mil millones— podría comprometer la calidad de las elecciones de 2027. Quien lo plantea es David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE en la entidad, y la advertencia tiene un destinatario identificable: quienes aprueban el Presupuesto de Egresos de la Federación. No es un ajuste contable. Es la diferencia entre cuántas personas recorrerán cada colonia para integrar casillas, cuántas casillas se instalarán y cuántos electores deberá atender cada funcionario de mesa directiva.
El desglose que ofreció Delgado Arroyo ordena el problema: del presupuesto federal, más de 10 mil millones de pesos están etiquetados para el financiamiento de los partidos políticos, lo que deja alrededor de 30 mil millones para el resto de las operaciones y la logística del proceso. Dentro de ese bloque, solo la contratación de supervisores y capacitadores asistentes electorales cuesta a nivel nacional unos 6 mil millones. Son los miles de personas que localizan, notifican y capacitan a quienes integrarán las casillas; si el dinero no alcanza, la cadena se rompe en su eslabón más frágil.
El vocal ejecutivo rechazó además el criterio de actualizar el presupuesto solo por inflación. Faltan dos variables, dijo: el crecimiento poblacional y el aumento al salario mínimo. La segunda pesa doble, porque en los procesos de 2021 y 2024 las remuneraciones del personal eventual quedaron prácticamente al nivel del mínimo, lo que derivó en bajas y dificultades de contratación. El efecto no se detiene en la nómina: alcanza la impresión de boletas y la adquisición de materiales.
Como antecedente citó la elección del Poder Judicial, donde no se instalaron todas las casillas previstas y la carga por casilla pasó de 750 a 1,500 electores. Ese es el escenario que el INE busca evitar en 2027, cuando Michoacán renueve gubernatura en una jornada concurrente con la elección federal de la Cámara de Diputados.
La lectura política
Hay un dato que ordena todo el debate: las prerrogativas de los partidos son la parte del presupuesto electoral que menos se toca. Se calculan con una fórmula y están protegidas por el diseño constitucional, de modo que cualquier tijera termina cayendo sobre el área operativa del INE. El resultado práctico es incómodo: los partidos conservan su dinero y el costo político de una elección mal organizada se carga al árbitro. Ante la casilla que no abrió, la responsabilidad pública recae en el INE, no en el partido que cobró su financiamiento.
Eso explica por qué la advertencia sale de una junta local y no de un comunicado central. El dolor presupuestal es territorial: se mide en municipios sin capacitadores, en recorridos incompletos, en casillas que atienden al doble de electores. En Michoacán, donde 2027 incluye la gubernatura y el mapa local está en disputa, la logística no es un tema secundario.
También hay un componente de equilibrio interno. El INE tiene prohibido intervenir en la contienda partidista, pero puede documentar el costo de cada peso no asignado. Advertir antes de que el recorte se consuma es una forma de trasladar la decisión a la Cámara de Diputados y dejar registro público de la consecuencia. Para los partidos el tema es de doble filo: les conviene un árbitro sin excusas, pero no que el ajuste toque sus prerrogativas.
Conviene precisar el límite: no hay todavía una resolución presupuestal que confirme el recorte ni un anuncio del INE sobre qué actividades sacrificaría. La advertencia describe un escenario, no un hecho consumado.
Qué sigue
La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación y, en particular, la definición del financiamiento de la consulta popular, cuya resolución se espera para noviembre. El punto a observar es si la advertencia se traduce en un ajuste a la partida de prerrogativas o si, como en 2021 y 2024, el INE absorbe la diferencia y opera con menos personal del previsto.