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RUTA 27 · HIGH

Monreal exige purga en el INE antes de la sucesión de Taddei

El coordinador de Morena en Diputados condiciona la legitimidad del relevo en el INE a la remoción de funcionarios ligados a la presidenta saliente y al proveedor denunciado. La exigencia llega mientras la Cámara arranca el proceso de designación.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre Congreso y reglas electorales
Ilustración editorial de Ruta 27; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió que quien presida el nuevo consejo del INE remueva a funcionarios con vínculos irregulares o cercanos a Guadalupe Taddei. La renuncia de Taddei ya activó el proceso de relevo, estimado en cuatro o cinco semanas. La exigencia busca proyectar imparcialidad rumbo a 2027, pero también concentra en el Legislativo la presión sobre e

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, planteó que quien sea designado presidente o presidenta del consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) debe iniciar una remoción de funcionarios sin idoneidad o con vínculos con el proveedor denunciado o con la presidenta saliente, Guadalupe Taddei. La declaración, hecha en conferencia de prensa, no es un trámite: llega cuando la Cámara de Diputados ya recibió la renuncia de Taddei y debe organizar la sustitución en un plazo estimado de cuatro a cinco semanas.

Monreal sostuvo que la renuncia de Taddei no la excluye de responsabilidades y que las investigaciones deben llegar hasta el final, incluidos funcionarios y proveedores. En su planteamiento, el nuevo titular del consejo debe pedir renuncias o remover a quienes no acrediten idoneidad, con el argumento de garantizar un proceso electoral "impoluto" rumbo a 2027. El legislador mencionó expresamente a la Auditoría Superior de la Federación, al órgano interno de control del INE, a la Unidad de Inteligencia Financiera y, en su caso, a la Fiscalía General de la República como instancias llamadas a desahogar las pesquisas.

La exigencia combina dos planos que conviene separar. Uno es el jurídico: la remoción de servidores públicos del INE no corresponde al coordinador de un grupo parlamentario, sino a los procedimientos internos del propio instituto y, en su caso, a las autoridades fiscalizadoras y judiciales. Otro es el político: el líder de la bancada mayoritaria fija desde ahora el estándar con el que su partido evaluará al próximo árbitro electoral y, de paso, envía una señal sobre el costo de mantener cuadros asociados a la gestión saliente.

El contexto inmediato es la salida de Taddei, anunciada y confirmada en la Cámara de Diputados, que activó el procedimiento para elegir al nuevo titular del consejo. Monreal ha estimado que el proceso tomará entre cuatro y cinco semanas, con conclusión probable entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre. En paralelo, el legislador ha anticipado que la próxima presidencia del INE removerá a funcionarios designados por Taddei en al menos trece áreas por falta de confianza, lo que sugiere que la discusión sobre el relevo no se limita al nombre del consejero presidente.

La lectura política

La declaración funciona como una precandidatura de facto de la agenda de limpia institucional: no registra candidatos, pero ordena el terreno sobre el que se negociará el relevo. Monreal no propone un nombre para la presidencia del INE; propone un criterio de depuración que cualquier aspirante deberá aceptar si quiere el voto de Morena en la Cámara. Eso convierte la designación en una prueba de lealtad programática y traslada al Legislativo una presión que formalmente corresponde al instituto.

El incentivo es doble. Hacia adentro de Morena, el coordinador se posiciona como garante de la imparcialidad electoral ante 2027, un activo útil frente a aliados y adversarios. Hacia afuera, la exigencia de remover funcionarios ligados a Taddei o al proveedor denunciado busca anticipar el desgaste de un proceso que la oposición podría impugnar por falta de independencia. Quien gane la presidencia del consejo quedará atado a un mandato político de limpieza que no nace del propio INE, sino de la bancada mayoritaria.

El límite es claro: no existe aún una resolución administrativa o judicial que acredite responsabilidades individuales de los funcionarios señalados. Monreal habla de vínculos irregulares y de falta de idoneidad, pero la evidencia pública disponible no permite afirmar que esos vínculos estén probados. La lectura política es que la remoción opera como condición de credibilidad, no como sanción jurídica consumada.

Qué sigue

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados debe convocar y desahogar el procedimiento de designación. El calendario estimado por Monreal coloca la resolución entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre. En paralelo, quedan pendientes los pronunciamientos de la Auditoría Superior de la Federación, del órgano interno de control del INE y de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso Taddei y el proveedor denunciado. La pregunta verificable es si el nuevo consejo presidente llega con un mandato explícito de remoción o si la limpia se negocia antes de la designación.