Monreal y Aguilar acuerdan etiquetar el presupuesto judicial 2027 por rubros

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, acordaron que el presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 2027 se asignará de manera etiquetada por rubros —Corte, Órgano de Administración Judicial (OAJ), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)— y no como un bloque globalizado de 72 mil millones de pesos. El entendimiento, adelantado por Monreal tras recibir a Aguilar en San Lázaro, implica además reasignaciones de recursos hacia otras dependencias.

La diferencia no es contable. Pasar de un techo global a una asignación etiquetada por órgano cambia quién controla el ritmo del gasto judicial y cuánta discrecionalidad conserva la Cámara de Diputados en cada tramo del proceso presupuestal. Monreal lo presentó como una demanda de origen: dijo que el ministro presidente lo buscó para establecer la asignación de 72 mil millones de pesos "pero asignado por rubros, no globalizado, sino etiquetado".

El encuentro se produjo en el contexto de la nueva etapa del Poder Judicial derivada de la reforma constitucional que modificó su integración y estableció la elección popular de sus integrantes. En la reunión también participó Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, quien describió la conversación como un intercambio sobre los retos en la impartición de justicia y la propuesta del Poder Judicial para fortalecer su coordinación.

La lectura política

El acuerdo beneficia políticamente a Monreal porque le permite presentarse como interlocutor eficaz del Poder Judicial sin ceder el control del Presupuesto de Egresos, que sigue siendo la palanca central del Legislativo. Para Aguilar, el etiquetamiento ofrece una ganancia acotada pero real: recursos identificables por órgano, en lugar de un monto único cuya distribución interna depende de decisiones ajenas a cada tribunal.

Monreal sostuvo que la Corte, el Tribunal Electoral, el de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración buscan "tener autonomía financiera, que se les asignen sus recursos de manera directa y simplemente el Órgano de Administración determine que son procedentes las asignaciones de recursos que les corresponden". Esa formulación conviene a ambas partes: el Poder Judicial obtiene visibilidad y trazabilidad de sus partidas; la Cámara mantiene la facultad de fijar cuánto va a cada rubro y de reasignar el resto.

El punto sensible es la reasignación de cinco mil millones de pesos a otras dependencias, que Monreal ubicó en Secretaría de las Mujeres-Comisión de Búsqueda, educación inicial y el recurso de Conagua para Jalisco. Ese movimiento confirma que el etiquetamiento no es una ampliación del techo judicial, sino una reorganización dentro de un monto ya definido. Quien gana margen es el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria, que conservan la decisión final sobre el destino de los recursos; quien pierde discrecionalidad es la estructura globalizada del Poder Judicial, aunque cada órgano gane identidad presupuestal.

El antecedente inmediato es el encuentro del 6 de noviembre, en el que Monreal destacó un diálogo "franco y abierto" con Aguilar tras la reforma judicial. La secuencia —reunión, fotografía, declaración pública y anuncio presupuestal— sugiere una negociación que se está procesando en canal institucional y no en confrontación abierta. Monreal subrayó que ya desde ahora la Cámara asigna cantidades por rubro y no la globalidad de 72 mil millones: "El hecho de que haya controles de manejos escrupulosos y honestos de los recursos es para bien de todos, no hay ningún problema, no tendrán dificultades".

La lectura institucional es que el Poder Judicial acepta operar con un presupuesto desagregado y vigilado por rubro a cambio de que se reconozca su autonomía de gestión. Es un intercambio políticamente viable, pero deja pendiente la pregunta sobre si el etiquetamiento protege realmente la autonomía o simplemente traslada la negociación a cuatro mesas distintas, cada una con su propia correlación de fuerzas.

Qué sigue

El anuncio de Monreal es una anticipación del contenido del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, no su aprobación. Lo que debe ocurrir es que el PPEF 2027 llegue al Pleno con las partidas desagregadas y que la Cámara fije por escrito los montos de cada órgano, además de las reasignaciones anunciadas. Falta conocer el desglose exacto: cuánto corresponde a la Corte, al OAJ, al TEPJF y al TDJ, y cómo se distribuyen los cinco mil millones reasignados entre Secretaría de las Mujeres-Comisión de Búsqueda, educación inicial y Conagua Jalisco.

También queda por verse si el TEPJF y el TDJ respaldan públicamente el esquema, dado que el acuerdo se anunció como una conversación entre Monreal y Aguilar. Sin esos montos y sin la posición de los otros órganos, la evidencia disponible no permite sostener que el Poder Judicial haya ganado autonomía financiera plena; permite sostener, en cambio, que la negociación presupuestal ya está encauzada y que el Legislativo conserva la última palabra.