Montiel: la formación política de Morena ya incide en coordinaciones rumbo a 2027

Ariadna Montiel Reyes situó al Instituto Nacional de Formación Política de Morena dentro de la maquinaria que define las coordinaciones estatales que "eventualmente podrían convertirse en candidaturas" para las elecciones de 2027. La afirmación, hecha en conferencia de prensa, no es un detalle de organigrama: en Morena la palabra coordinación ha funcionado como el envoltorio con el que se reparten posiciones antes de que exista una sola candidatura registrada.

Montiel presentó esa participación como parte de un paquete más amplio de control interno. Dijo que el partido dará seguimiento al desempeño de gobernadores, presidentes municipales y legisladores para evitar que quienes lleguen al poder bajo sus siglas incurran en corrupción, y aseguró que Morena "no es tapadera de nadie". Enumeró consecuencias ya aplicadas: la expulsión de un alcalde de Chiapas y la suspensión de derechos partidistas a un diputado de Nuevo León y a otro legislador por ausentarse de una comisión legislativa. Añadió que se elabora una lista de personas que, sin militar formalmente en el partido, ocupan cargos obtenidos bajo sus siglas y que por su comportamiento podrían quedar impedidas para volver a ser postuladas.

Sobre el mecanismo fue específica en las formas y vaga en los pesos: el Comité Ejecutivo Nacional emite las convocatorias y regula los procedimientos, pero "será el pueblo quien decida" mediante encuestas y otros instrumentos establecidos. Morena avanza en la selección de responsables de las 300 demarcaciones distritales federales después de cerrar el registro, y mantiene la intención de caminar con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, coalición que, dijo, sigue vigente pese a las tensiones registradas durante la definición de coordinaciones.

La lectura política

Conviene separar tres cosas. Una candidatura formal exige registro ante la autoridad electoral y una convocatoria de por medio. Una aspiración es una intención sin estructura. Una coordinación —estatal, distrital o municipal— es una figura partidista que no equivale a ninguna de las dos, pero que en la práctica coloca a quien la ejerce en posición de salida: tiene territorio, tiene marca y tiene relación directa con la dirigencia. Eso funciona como precandidatura de facto, aunque jurídicamente no lo sea todavía. La evidencia disponible no permite afirmar que exista ya una candidatura ni que haya fecha de convocatoria para las postulaciones de 2027.

El movimiento cumple tres funciones reconocibles. Primero, concentra en el Comité Ejecutivo Nacional y en la dirigencia el control del calendario: Montiel ya había precisado que los coordinadores de circunscripción no tendrán facultad de definir candidaturas directamente, lo que deja la decisión en el centro. Segundo, usa la formación y el seguimiento como filtro de disciplina: cursos, talleres y una lista de impedidos convierten la lealtad en requisito verificable y no solo en simpatía declarada. Tercero, administra la coalición: mantener al PT y al PVEM dentro del acuerdo sin cederles la definición territorial permite conservar el bloque electoral y, a la vez, reservar las posiciones más disputadas.

La señal es doble. Hacia dentro, quien aspire a una coordinación tendrá que pasar por encuestas y por una evaluación de conducta, lo que reduce el margen de las negociaciones locales y de los grupos que solían repartirse el territorio. Hacia fuera, el partido intenta descontar por anticipado el costo de los casos de corrupción que ya salpican a gobiernos municipales emanados de sus siglas. El límite del anuncio es que Montiel no precisó cómo incide el Instituto Nacional de Formación Política —si vota, si evalúa perfiles, si únicamente capacita— ni cuántas coordinaciones quedan reservadas. Sin ese dato, puede sostenerse que el Instituto participa; no que decide.

Qué sigue

Continúan las etapas internas con encuestas y requisitos de formación política para los aspirantes de las 300 demarcaciones distritales federales. El partido revisará las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso de la coordinación estatal en Nayarit antes de fijar su ruta; la evidencia no precisa plazos. También seguirá abierta la negociación con el PT y el PVEM, y pendiente la aplicación de sanciones o expulsiones derivadas del seguimiento a funcionarios y representantes populares. El traslado de coordinaciones a candidaturas dependerá de las convocatorias que emita el Comité Ejecutivo Nacional y del calendario que marque la autoridad electoral.