RUTA 27 · MEDIUM
Morena admite ajustar encuestas: su método de selección pierde blindaje
La dirigencia no precisó qué encuestas, en qué entidades ni para qué cargos se hizo el ajuste; lo justificó como una “definición política”. Queda abierta la pregunta de si la encuesta seguirá siendo el método obligatorio rumbo a 2027.
La dirigencia de Morena reconoció que ajustó encuestas para definir candidaturas rumbo a 2027, con el argumento de una “definición política”. No dio nombres, entidades ni cargos. El método que el partido presentó como sustituto del dedazo queda descrito como ratificación de decisiones ya tomadas, y eso debilita a los aspirantes cuyo único capital eran los números.
Morena admitió lo que durante años negó de manera pública: que las encuestas con las que reparte candidaturas no siempre miden, a veces confirman. La dirigencia nacional reconoció que en la nominación de candidaturas para 2027 hubo encuestas ajustadas para satisfacer una “definición política”. La frase pesa más que el ajuste. El instrumento que el partido presentó durante una década como sustituto del dedazo quedó descrito, en voz de sus propios responsables, como un mecanismo de ratificación: primero se decide, después se mide, y el número publicado termina de cerrar el acuerdo.
El reconocimiento es escueto y esa brevedad es la noticia. No se precisó qué encuestas, en qué entidades, para qué cargos ni quién ordenó el ajuste. Tampoco si la corrección ocurrió antes o después del levantamiento, si movió posiciones completas o apenas márgenes, ni si el resultado difundido correspondió al trabajo de campo. Lo que sí quedó dicho es la lógica: existió una “definición política” y la encuesta se acomodó a ella. El reconocimiento tampoco llega aislado: se publica junto a otros contenidos que aluden a encuestas “al gusto” y a señalamientos internos, señal de que la discusión ya circulaba dentro y fuera del partido.
Un termómetro que se volvió sello
En la política mexicana, la encuesta ha operado como un árbitro barato. Despersonaliza la decisión, evita que un dirigente cargue con la responsabilidad del “no” y entrega al aspirante derrotado una salida sin ruptura: no lo venció el dedazo, lo venció el número. Ese arreglo funciona mientras el número sea creíble. Cuando la dirigencia admite que se ajustó, lo que se rompe no es la situación jurídica de las candidaturas —ningún ajuste admitido anula por sí mismo una postulación definida conforme a las reglas partidistas—, sino el argumento de legitimidad del ganador y la vía de reclamo del perdedor.
Conviene distinguir con precisión. Un aspirante es quien se declara en disputa; una precandidatura de facto es el posicionamiento público que ya opera como campaña sin registro; la candidatura formal es la que entrega el partido conforme a sus reglas y la que después se registra ante la autoridad electoral. La encuesta ajustada no altera ninguna de esas tres categorías: altera quién llega a ellas con ventaja y con qué costo político interno.
La lectura política
El eufemismo elegido —“definición política”— hace el trabajo que un nombre no podría hacer: nombra el ajuste sin nombrar a nadie. La dirigencia gana margen de maniobra porque normaliza una idea útil para ella: la encuesta es insumo, no veredicto. Quien tiene estructura territorial, cargo, presupuesto o relación directa con el centro del partido conserva poder de negociación; quien solo tenía números en la mano pierde su principal activo. También quedan debilitadas las instancias internas que validan resultados, porque pasan a operar como sellos de una decisión ya tomada.
Rumbo a 2027, el cálculo es de calendario. La elección intermedia renueva la Cámara de Diputados y define cuánto poder territorial conserva cada grupo. Quien controle la nominación controla la campaña, los recursos y la relación con el gobierno en turno. Reconocer el ajuste hoy tiene un costo bajo —la conversación interna ya lo daba por hecho— y un beneficio alto: desactiva la denuncia por sorpresa y fija la expectativa de que el método seguirá siendo flexible.
Vale la advertencia simétrica: esto no es un vicio exclusivo de Morena. Cualquier partido que selecciona por encuestas sin reglas vinculantes, sin metodología auditable y sin consecuencias internas crea el mismo incentivo. Lo que cambia aquí es que la práctica dejó de ser sospecha de opositores y pasó a ser admisión de la dirigencia.
Qué sigue
Falta lo verificable, y es lo que conviene vigilar: si la dirigencia especifica qué procesos se ajustaron y con qué criterio; si algún aspirante afectado presenta queja ante la instancia interna de justicia del partido o impugna ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y si quienes compitan en 2027 aceptan reglas donde la encuesta sigue siendo el instrumento central. El dato decisivo llegará con el reglamento de selección para 2027: si define la encuesta como insumo no vinculante, el reconocimiento de hoy se convertirá en norma; si la mantiene como método obligatorio y sin auditoría, la próxima nominación repetirá el guion.