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Morena advierte registros vencidos en el catálogo indígena del IEPC de Chiapas
El señalamiento ocurrió al discutir un anexo para Oxchuc. El IEPC prevé presentar una versión actualizada del documento en diciembre de 2026, a unos meses del proceso electoral de 2027.
El representante de Morena ante el IEPC de Chiapas, Martín Suárez, advirtió que el catálogo de autoridades comunitarias indígenas incluye personas electas en diciembre de 2023 por un año, cuyo cargo ya venció. El señalamiento surgió al discutir un anexo para Oxchuc. El IEPC reconoció que la actualización sigue en curso y prometió una nueva versión en diciembre de 2026, en la antesala de 2027.
El representante de Morena ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Martín Suárez, advirtió que el catálogo de autoridades comunitarias de los municipios indígenas del estado incluye nombres de personas electas en diciembre de 2023 para cargos de un año, cuyos periodos ya habrían concluido. El señalamiento no es un detalle de archivo: ese documento es la referencia con la que el organismo identifica a sus interlocutores en territorio, justo antes del proceso electoral de 2027.
El anexo de Oxchuc y el resto del catálogo
La advertencia se hizo durante la sesión del Consejo General que discutía una modificación al catálogo. El objeto del proyecto era acotado: incorporar un segundo anexo del municipio de Oxchuc, donde las autoridades se eligen mediante sistemas normativos internos y que no había quedado incluido originalmente en ese apartado. La propuesta no contemplaba una revisión integral del documento.
Suárez usó el punto para plantear el fondo: la vigencia de los registros. Dijo que algunos corresponden a personas electas en diciembre de 2023 para desempeñar el cargo durante un año, por lo que sus funciones habrían terminado sin que la información se actualizara, y consideró necesario depurar el catálogo ante la proximidad del proceso electoral.
La consejera electoral Teresa de Jesús Alfonso Medina respondió que el proyecto discutido solo buscaba sumar la información de Oxchuc, pero reconoció que la actualización general está en curso. Precisó que la Unidad Técnica de Asuntos Indígenas recopila datos directamente con los municipios y adelantó que una nueva versión del catálogo se presentaría en diciembre de 2026.
La lectura política
El catálogo no crea ni extingue cargos: el nombramiento de una autoridad comunitaria ocurre en la asamblea y conforme a las normas internas de cada municipio. Su peso es operativo y, por eso, político: define con quién se coordina el IEPC para acordar calendarios, acompañar asambleas y organizar la logística en territorios donde la vía partidista ordinaria no alcanza del mismo modo.
Visto así, el movimiento de Suárez funciona como posicionamiento institucional, no como candidatura ni precandidatura de nadie. Un representante partidista dentro de un órgano autónomo convierte una observación técnica en un punto de agenda con dos consecuencias: deja constancia pública de la advertencia —útil si en 2027 estalla un conflicto de representación en algún municipio indígena— y presiona a la autoridad electoral a mover un expediente que avanzaba por separado. La evidencia disponible no permite sostener más: no se sabe cuántos registros están vencidos, en qué comunidades, ni si alguno se usó en una decisión concreta del organismo.
El IEPC también tiene incentivos para acotar. Al delimitar que el proyecto era solo sobre Oxchuc, la consejera protegió el trámite y evitó que un anexo puntual se convirtiera en auditoría general. Una revisión integral abre un terreno incómodo: obliga a pronunciarse sobre qué autoridades son válidas en municipios donde la disputa por el control comunal es real. El compromiso de diciembre de 2026 es, a la vez, salida administrativa y forma de diferir el conflicto.
Hay una asimetría que conviene registrar: el partido que promueve la revisión gobierna el estado desde 2024. La exigencia no se lee como oposición al organismo electoral, sino como presión de una fuerza con poder territorial para tener un mapa más preciso de interlocutores en los municipios indígenas.
Qué sigue
El primer punto verificable es la publicación del anexo de Oxchuc aprobado en esa sesión. El segundo, la nueva versión del catálogo comprometida para diciembre de 2026, a cargo de la Unidad Técnica de Asuntos Indígenas y construida con información de los propios municipios. Habrá que ver si Morena formaliza el señalamiento en un punto de acuerdo o en un voto particular, o si lo deja como constancia de sesión. Y falta el dato que hoy no existe: cuántos registros están vencidos y en qué comunidades, información sin la cual no puede medirse el alcance real del desfase ni su posible efecto sobre la organización de 2027.