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Morena alista en septiembre su coordinación en BCS y perfila la ruta de 2027

Karina González Gavarain dijo que los resultados de la encuesta interna se conocerán antes de que termine septiembre. Siete entidades esperan definición y el PT ya cuestiona el método en otros estados.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre encuestas de opinión pública
Ilustración editorial de Ruta 27; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

Karina González Gavarain, presidenta de Morena en Baja California Sur, anunció que antes de que termine septiembre se conocerán los resultados de la encuesta para definir al coordinador estatal del Movimiento. Siete entidades esperan definición. La figura funciona en la práctica como precandidatura de facto rumbo a la gubernatura de 2027, aunque ninguna candidatura está registrada.

La presidenta del Comité Estatal de Morena en Baja California Sur, Karina González Gavarain, anunció que los resultados de la encuesta interna para definir al coordinador estatal del Movimiento se darán a conocer antes de que termine septiembre. El anuncio no resuelve la disputa: le pone fecha. Y en una entidad que renovará la gubernatura en 2027, la fecha pesa tanto como el resultado.

González Gavarain sostuvo que durante una reunión nacional la presidenta del partido, Ariadna Montiel, aseguró que las coordinaciones estatales pendientes se concretarán "en pocos días". Según la dirigente, siete entidades —Baja California Sur entre ellas— siguen esperando resultados, lo que coloca esta definición en el último tramo de un proceso interno que Morena ha administrado con cuentagotas.

La dirigente también anticipó que los resultados se harán públicos y respondió por anticipado al Partido del Trabajo (PT), cuyas inconformidades en otras entidades describió como parte del proceso de selección. "Estamos en la alianza, en la coalición, sin duda alguna", afirmó, y añadió que el PT tiene derecho a cuestionar, pero debe sentirse seguro con las encuestas.

Encuesta sí, pero con reglas sin explicar

El mecanismo elegido —encuesta interna con resultados publicados— cumple una función política antes que administrativa. Una encuesta no obliga jurídicamente a nadie: su fuerza depende de que los competidores la acepten como árbitro. Publicarla busca precisamente eso, convertir un dato en decisión colectiva y abaratar el costo de la inconformidad.

Lo que la evidencia disponible no permite saber es justamente lo que más pesa: qué casa encuestadora levanta el ejercicio, con qué metodología, sobre qué universo y con qué márgenes. Tampoco hay lista de aspirantes ni confirmación independiente de la dirigencia nacional. Sin esos elementos, la transparencia anunciada es todavía una intención, no un documento verificable.

La lectura política

El nombre formal es "coordinador estatal del Movimiento". La función práctica es otra: colocar a una persona en posición de disputar la candidatura a la gubernatura de 2027. No es una candidatura —no hay registro, no hay precampaña y el calendario electoral aún no arranca—, pero sí es un posicionamiento con ventaja: quien coordine tendrá la interlocución partidista en el estado, presencia territorial y voz en el reparto de espacios con los aliados. Es, en los hechos, una precandidatura de facto sin efectos legales.

Los incentivos apuntan en dos direcciones. La dirigencia nacional necesita cerrar los pendientes antes de que las inconformidades se acumulen y migren al calendario formal; cada definición aplazada es un frente abierto y un argumento para el desplazado. La dirigencia estatal, en cambio, gana al presentarse como quien tiene línea directa con la presidenta del partido: su anuncio la coloca como vocera de la decisión, no como parte interesada en ella.

El PT revela qué tipo de conflicto es este. Sus inconformidades no apuntan a una ruptura, sino a un diferendo por espacios en la coalición. Que la dirigente estatal las trate como algo que se resuelve con encuestas y unidad sugiere una negociación de reparto, no de salida. Es la misma pauta que se repite en cada entidad donde Morena define coordinaciones mientras sus aliados miden cuánto obtienen.

Rumbo a 2027 la señal es doble: hacia adentro, la encuesta ordena lealtades y desalienta la disputa abierta; hacia afuera, publicar el resultado pretende blindar la coalición frente a la acusación de dedazo. Ninguna de las dos cosas está garantizada. Si el margen es cerrado, si el método no se explica o si el PT concluye que perdió más de lo que ganó, la definición de septiembre se convertirá en el primer conflicto de 2027 en lugar de su solución.

Qué sigue

El primer plazo es el más simple y el más verificable: los resultados deben conocerse antes del 30 de septiembre. Después viene la prueba de fondo, que no es la fecha sino el documento: casa encuestadora, metodología, universo, márgenes y nombre de los aspirantes medidos.

Falta también la confirmación de la dirigencia nacional sobre las siete entidades pendientes y la reacción formal del PT y de los partidos aliados, que es donde se sabrá si el resultado se acepta o se impugna. Y falta, sobre todo, el calendario: la candidatura a la gubernatura de Baja California Sur no existe ni puede existir todavía, porque el proceso electoral de 2027 no ha comenzado. Lo que se defina este mes no tiene efectos jurídicos; tiene efectos políticos, y en política estatal esos suelen pesar más.