Morena denuncia a funcionario de Tabe por precampaña con recursos públicos

La diputada Ceci Vadillo y el legislador Víctor Hugo Romo, de Morena, presentaron una denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra César Garrido López, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo. Lo acusan de promoción anticipada de su imagen rumbo al proceso electoral de 2027 con presunto desvío de recursos públicos. El expediente no es un trámite aislado: coloca a la demarcación gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN) en el centro de la disputa por la Ciudad de México meses antes de que arranquen las precampañas formales y traslada el "posicionamiento" —la palabra con la que la política mexicana nombra lo que todavía no es candidatura— al terreno penal.

Vadillo detalló en conferencia de prensa que hay reportes de llamadas telefónicas a habitantes de la alcaldía en las que se pregunta si reconocen el nombre de Garrido López, qué percepción tienen de él y qué opinan de una posible continuidad del proyecto político de la administración actual. Mostró imágenes de redes sociales institucionales donde se difunde el trabajo del funcionario como militante del PAN, y sostuvo que existen columnas políticas que lo promueven y que presentan al alcalde Mauricio Tabe como su respaldo. Los legisladores estimaron en 10 millones de pesos el gasto de esa promoción.

"Está desviando personal de la alcaldía porque los utiliza para los recorridos que hace de promoción personal y para los videos que graban las cuentas institucionales... Debería de estar trabajando para la ciudadanía, pero está trabajando para una campaña política orquestada", dijo Vadillo. Romo acotó que la objeción no es la aspiración política de Garrido —ubicado como aspirante a la Jefatura de Gobierno capitalina—, sino el supuesto uso de recursos y de personal de la alcaldía. La evidencia disponible no contiene la versión de Garrido López ni de la alcaldía: esa pieza falta para completar el cuadro, y tampoco existe resolución que confirme los hechos imputados.

El tablero donde cae la denuncia

El anuncio ocurrió días después de que la diputada Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano (MC), presentara en el Congreso capitalino una iniciativa para anular elecciones cuando se detecten actos de campaña anticipada. Urriza acusó al Partido Verde, PRI, PAN, PRD, PT y "sobre todo a Morena" de designar candidaturas "de manera anticipada e ilegal" mediante figuras como los "coordinadores", un "modelo fraudulento" que atribuyó a la 4T. En el calendario oficial, las precampañas de diputaciones locales y alcaldías en la Ciudad de México van del 4 de enero al 12 de febrero de 2027.

La lectura política

La denuncia cumple, en la práctica, una función que excede el caso individual: construye simetría. Si los "coordinadores" de la 4T son, como sostiene MC, precampaña disfrazada, entonces el posicionamiento de un funcionario de una alcaldía panista con estructura, teléfono y redes institucionales lo sería con mayor razón. Morena instala así la discusión en el uso de recursos públicos —donde la acusación es difícil de remontar en la conversación pública— y no en la aspiración política, que ninguna norma sanciona.

Hay además un cálculo territorial. Miguel Hidalgo es bastión de la oposición y el funcionario señalado opera el área de Gobierno y Asuntos Jurídicos, es decir, la ventanilla cotidiana de la demarcación. Al vincular el caso con el respaldo del alcalde Mauricio Tabe, los denunciantes no solo apuntan a un aspirante: elevan el costo político de cualquier acto de promoción hecho desde el aparato de la alcaldía en un año en que la Ciudad de México renueva alcaldías y Congreso.

Conviene ser preciso con las categorías. No hay candidatura registrada, ni precandidatura formal, ni sanción: hay una aspiración, un posicionamiento y una denuncia presentada. Calificar esos actos como "precampaña" corresponde, en su caso, a la autoridad electoral; determinar si hubo desvío de recursos, al Ministerio Público. Los denunciantes no anunciaron una queja por la vía electoral, que sería la ruta natural ante una acusación de actos anticipados de campaña; eligieron la penal, lo que suele traducirse en tiempos largos y en un umbral de prueba alto.

Existe también un efecto poco deseado para quien denuncia: un expediente instala un nombre. Para un funcionario con notoriedad acotada fuera de su demarcación, la denuncia le da prensa y, en términos de posicionamiento, eso puede jugar a favor suyo.

Qué sigue

La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos deberá resolver si admite la denuncia e inicia la investigación; la evidencia disponible no precisa plazos ni el sentido de esa determinación. Falta la respuesta de Garrido López y de la alcaldía sobre las imputaciones. La iniciativa de Urriza para anular elecciones por campaña anticipada seguirá su curso en el Congreso capitalino. Y el calendario corre: las precampañas locales arrancan el 4 de enero de 2027, cuando el terreno que hoy se disputa en conferencias de prensa y denuncias ya tenga reglas y plazos formales.