Morena designa a Julieta Ramírez en BC: precandidatura de facto para 2027

La dirigencia nacional de Morena designó el 15 de septiembre a la senadora con licencia Julieta Ramírez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Baja California. Traducido al lenguaje electoral, es la precandidatura de facto de ese partido —y de la coalición Morena-PT-PVEM— a la gubernatura que se renovará en 2027, con campaña que arrancaría en enero de ese año.

El anuncio se hizo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Lo encabezaron Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, quien explicó el método: "Derivado de este proceso, primero una encuesta telefónica y luego el levantamiento en vivienda, el pueblo de Baja California ha decidido que sea la compañera Julieta Ramírez". Hernández subrayó además que se trata de la coordinadora más joven anunciada hasta ahora: la frase confirma que hay un calendario escalonado de designaciones por entidad.

La competencia previa tuvo 11 aspirantes, que durante semanas recorrieron el estado en actos públicos. El filtro no fue una elección interna abierta, sino una encuesta cuyo diseño y resultados no se expusieron en el anuncio.

El expediente de la designada llega con ruido. Ramírez acumula sanciones del Tribunal Electoral por actos anticipados de campaña, señalamientos por la presunta revocación de su visa estadounidense y audios filtrados sobre operaciones de desprestigio interno. Los dos últimos son señalamientos: la evidencia disponible no incluye ninguna resolución que los acredite.

La lectura política

El nombre del cargo es deliberadamente ambiguo, y ahí está su función. "Coordinación estatal de la Defensa de la Transformación" coloca a Ramírez en posición de candidata sin activar todavía las obligaciones de una precampaña formal: no hay registro, no hay coalición formalizada ante la autoridad electoral local, no corre un plazo oficial. Morena ya usó esa fórmula en el ciclo 2023-2024 para designar a quienes después fueron sus candidatos a gubernaturas. Pero es justo el terreno donde el Tribunal Electoral ha sancionado actos anticipados, incluidos los de la propia Ramírez: el margen que la dirigencia gana en política lo puede perder en litigio.

Lo segundo es el método. Al resolver por encuesta y anuncio del CEN, la dirigencia nacional conserva la llave de la sucesión: no delega en el comité estatal ni abre una contienda de militantes. Los 11 derrotados quedan en posición de disciplinarse para cobrar después —una diputación local, un espacio en el gabinete estatal, la presidencia del partido en el estado—. La encuesta legitima la decisión ante la militancia, pero no la obliga jurídicamente.

Tercero, la coalición. El cargo anunciado es de Morena, aunque se proyecta sobre una candidatura de coalición con el PT y el PVEM. El reparto de posiciones entre aliados queda para una segunda negociación: el anuncio manda la señal de que el bloque va unido, sin resolver qué espacio le toca a cada socio.

Baja California, entidad que Morena gobierna desde 2019, es un caso de sucesión sin alternancia a la vista. La designación temprana busca cerrar la dispersión interna antes de que arranque el año electoral y manda un mensaje a los demás estados con gubernatura en 2027: el método será el mismo y la decisión será del centro.

Qué sigue

- La formalización de la coalición y el registro de la candidatura ante la autoridad electoral local, dentro del calendario 2026-2027. Hasta entonces no existe candidatura en sentido legal. - El acomodo de los 11 aspirantes y la reacción de las estructuras estatales, que en las próximas semanas definirán si la designación se acepta sin fractura. - Eventuales impugnaciones por actos anticipados derivadas de los actos públicos de la coordinación, a la luz del antecedente sancionador. - Los anuncios pendientes en otras entidades, conforme avance el mismo calendario.