RUTA 27 · MEDIUM
Morena fija reglas de alianza 2027 con encuestas cuestionadas
El Consejo Nacional definió criterios para negociar con el PT y el PVEM mientras la dirigencia reacomoda a quienes quedaron fuera de las 17 coordinaciones estatales. El registro de coordinaciones municipales, abierto hasta el 18 de octubre, es la siguiente pieza del reparto.

El Consejo Nacional de Morena llevó este sábado a su mesa los criterios para negociar acuerdos electorales rumbo a 2027, con dos frentes abiertos: el cuestionamiento del PT a las encuestas y el descontento de aspirantes que quedaron fuera de las 17 coordinaciones estatales. El reacomodo de Andrea Chávez en Ciudad Juárez muestra el método: conservar dentro al cuadro desplazado sin entregarle todaví
El Consejo Nacional de Morena llevó este sábado a su mesa los criterios para construir acuerdos electorales rumbo a 2027. La sesión no se agota en la negociación con el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM: también deja a la vista las dos fugas que la dirigencia intenta cerrar antes de que arranque formalmente la contienda, los cuestionamientos a las encuestas como método de selección y el descontento de aspirantes que conservan estructura propia tras la designación de las 17 coordinaciones estatales.
El dirigente petista Alberto Anaya ha cuestionado públicamente las encuestas, el instrumento con el que Morena ha ordenado buena parte de sus definiciones internas. En paralelo, cuadros que quedaron fuera de las coordinaciones estatales mantienen redes territoriales y capacidad de negociación propias, lo que convierte cualquier reparto en un asunto de equilibrio y no de simple trámite administrativo.
El caso más visible es el de Andrea Chávez. Después de la designación de Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua, la senadora recibió la coordinación municipal en Ciudad Juárez. El nombramiento la mantiene dentro de la estructura territorial y la coloca en posición relevante para la disputa municipal de 2027, pero no equivale por sí mismo a una candidatura formal: el partido abrió después su convocatoria para definir las coordinaciones municipales, cuyo registro está abierto desde el jueves y hasta el 18 de octubre.
"La nueva responsabilidad la mantiene dentro de la estructura territorial de Morena y la coloca en una posición relevante para la disputa municipal de 2027. Sin embargo, la designación como coordinadora no equivale, por sí misma, a una candidatura formal a la alcaldía", explicó Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral. El especialista añadió que el caso importa también por las señales de inconformidad posteriores a la definición estatal: integrantes del PT que respaldaban a Chávez dejaron abierta la posibilidad de competir por separado con ella.
Patricio Morelos, director de Poligrama, consideró que el partido se adelantó en la designación de sus coordinadores para disponer de tiempo suficiente y recomponer relaciones entre grupos antes de que se intensifique la disputa electoral. Javier Contreras, académico de la UNAM, cuestionó que las encuestas sigan operando como mecanismo de cohesión cuando persisten señalamientos sobre su metodología y denuncias de imposiciones.
La lectura política
Lo que el Consejo Nacional discute con el nombre formal de "criterios para construir acuerdos electorales" funciona en la práctica como el reglamento de un reparto: define quién negocia, con qué reglas y en qué orden. Fijar esos criterios antes de que se resuelvan las coordinaciones municipales le devuelve a la dirigencia nacional el papel de árbitro y evita que cada grupo negocie por su cuenta con el PT y el PVEM. Quien gana margen aquí es la cúpula partidista; quien lo pierde son los aspirantes que apostaron su capital político a una coordinación estatal y quedaron fuera.
El caso de Chávez muestra la lógica con precisión. Una coordinación no es una candidatura registrada ni un cargo en funciones: es un posicionamiento. En la práctica opera como una precandidatura de facto, porque coloca a quien la recibe en la ruta natural hacia la boleta y le da una estructura que administrar. El límite es verificable: la convocatoria sigue abierta y la resolución corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones, de modo que un coordinador nombrado directamente y otro que surja del proceso convocado no son equivalentes jurídica ni políticamente.
El otro frente es más delicado. Las encuestas son la moneda con la que Morena dirime sin conflicto abierto; si su metodología queda en entredicho, el partido no pierde una medición, pierde el instrumento que le permite negar los cargos sin romper con nadie. La sustitución obligada es el reparto de posiciones, más costoso y más visible. Que el PT cuestione las encuestas y amague con una ruta separada en Chihuahua es, además, una advertencia de precio: Morena necesita la coalición para 2027, pero no a costa de ceder espacios que ya comprometió.
El reacomodo de Chávez es un método de contención, no una resolución. La evidencia disponible no permite afirmar que las diferencias con el PT en Chihuahua estén cerradas, ni que los aspirantes desplazados hayan dejado de operar por fuera. Falta un dato clave para sostenerlo: que exista un convenio o una renuncia explícita de esas rutas alternas.
Qué sigue
El registro para las Coordinaciones Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional cierra el 18 de octubre, con la Comisión Nacional de Elecciones como instancia resolutoria. En paralelo, los criterios que salgan del Consejo Nacional tendrán que traducirse en acuerdos concretos con el PT y el PVEM, y aún no se conoce si esos acuerdos adoptarán la forma de convenios de coalición ni en qué términos se repartirán distritos y municipios.
Los indicadores a observar son dos: si algún aspirante inconforme o el PT en Chihuahua formaliza una vía separada de competencia, y si las coordinaciones surgidas de la convocatoria se distribuyen con el mismo criterio que los nombramientos directos o con uno distinto. Ahí se sabrá si las reglas discutidas este sábado ordenan la sucesión interna o solo postergan la fractura.