Morena impugna ante la SCJN el recorte de precampañas en San Luis Potosí

Morena impugna ante la SCJN el recorte de precampañas en San Luis Potosí

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el Decreto 0586 del Congreso de San Luis Potosí, que reduce a 20 días las precampañas de 2027 —la mitad del tiempo vigente— y comprime también los plazos con que cuentan los aspirantes independientes para reunir el apoyo ciudadano. La acción de inconstitucionalidad quedó registrada como 113/2026 y fue acumulada con la 114/2026, promovida por el partido Somos México; ambas serán instruidas por la ministra María Estela Ríos González.

No es un asunto de trámite: se disputa el manual con el que operará la elección en que se renuevan la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos, y la pelea llega antes de que arranque formalmente el proceso electoral. En principio, la impugnación no suspende el decreto: el calendario aprobado en agosto sigue rigiendo hasta que exista sentencia.

Un recorte aprobado en agosto

El decreto fue propuesto por la diputada Leticia Vázquez Hernández, del Partido del Trabajo, y aprobado por mayoría en el Pleno del Congreso del Estado el 12 de agosto. Además de dejar las precampañas de la gubernatura en 20 días, acorta los periodos equivalentes para diputaciones locales y ayuntamientos, y reduce el tiempo para conseguir el respaldo ciudadano que exige la vía independiente. Ese último punto encarece la ruta de quienes compiten sin partido: menos días para reunir firmas equivale a un umbral más alto.

La dirigencia estatal de Morena, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, respaldó la impugnación. Legisladores de Morena y de otras fuerzas se manifestaron en contra durante el debate, y el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, condenó el recorte al considerar que altera reglas fundamentales del proceso.

La lectura política

Una acción de inconstitucionalidad es un instrumento jurídico, pero también una forma de fijar posición. Al presentarla, el CEN de Morena no solo disputa la validez del decreto: se coloca como defensor del calendario largo y obliga a la Corte a pronunciarse antes de que la elección tome velocidad. Que Somos México, una fuerza de signo distinto, haya impugnado lo mismo en el expediente 114/2026 sugiere que el rechazo al recorte no corre por la línea gobierno-oposición.

El incentivo de Morena, sin embargo, no es abstracto. Una precampaña de 20 días comprime el periodo en que un partido mide, filtra y legitima internamente a sus aspirantes. En una fuerza cuyo método de selección combina encuestas, acuerdos de cúpula y movilización territorial, dejar tres semanas de visibilidad favorece al cuadro con respaldo institucional y deja a los competidores internos sin espacio para crecer. Proteger la precampaña es, en los hechos, proteger la capacidad del partido para ordenar su sucesión local sin fracturas: una precandidatura de facto necesita tiempo para volverse evidente, y eso es justo lo que el decreto recorta. Para los independientes el efecto es el inverso y más severo: el recorte no les quita protagonismo, les sube el costo de entrada.

Dos cautelas. La impugnación no convierte a nadie en candidato ni en precandidato registrado: es un acto procesal del partido, no una candidatura. Y no hay evidencia pública de que la acción responda a un desacuerdo de coalición, aunque el decreto lo haya propuesto una diputada del PT, aliado habitual de Morena en el plano federal. Para sostener esa lectura faltaría conocer cómo se negocia la candidatura al gobierno estatal, dato que no aparece en el expediente.

Qué sigue

El camino tiene reloj. La ministra instructora debe admitir y sustanciar los expedientes acumulados, solicitar los informes que marca la ley y, en su caso, poner un proyecto de sentencia a votación del Pleno. El efecto práctico depende de que la resolución llegue antes de que inicie el proceso electoral local y corra el calendario de precampañas y de recolección de apoyo; después de ese punto, una sentencia favorable tendría alcances cada vez más limitados.

Hay tres desenlaces verificables: que la Corte invalide total o parcialmente el decreto y fije un criterio sobre cuánto puede un Congreso comprimir las precampañas; que valide el recorte y deje el calendario como está; o que el Congreso potosino modifique el decreto por su cuenta y el litigio quede sin materia. Cualquiera de los tres ocurre, si ocurre, antes de 2027, y será leído como precedente por los congresos que aún no ajustan sus reglas.