Morena impugna prerrogativas de SOMOS; el partido irá a tribunales

El partido SOMOS denunció que la impugnación que Morena presentó para revocar sus acuerdos de acreditación ante el organismo electoral local y su acceso a financiamiento público le coloca un nuevo obstáculo para competir en igualdad en las elecciones de 2027. Lo que se presenta como un litigio técnico sobre prerrogativas es, en la práctica, una disputa sobre quién decide qué fuerzas llegan con dinero y estructura al año electoral.

Francisco Xavier Nava Palacios, presidente del Comité Estatal de SOMOS, sostuvo que la resolución se apoyó en la ausencia de disposiciones específicas en la legislación local para repartir financiamiento a partidos nacionales de nueva creación, pese a que el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) establece hasta fórmulas para su asignación. Anunció que la sentencia se combatirá por la vía jurídica y que el partido mantendrá sus actividades políticas "en la entidad".

La dirigencia nacional subió el tono. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional de SOMOS, responsabilizó a Morena de generar un ambiente de violencia que, dijo, impide la participación de nuevas fuerzas políticas: "Si no le tuvimos miedo a Andrés, menos a Morena", frase que remite al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Roberto Heycher, secretario de Operación Electoral y Alianzas, consideró preocupante que una controversia de esta naturaleza se resolviera sin discusión suficiente sobre sus consecuencias para la equidad de la contienda.

El nudo jurídico

De acuerdo con la versión de SOMOS, Morena argumentó que asignar esos recursos afectaría las prerrogativas de otros partidos. El punto fino está en qué norma aplica: la LGPP regula el financiamiento público de los partidos nacionales, mientras que la acreditación ante un organismo electoral local y las prerrogativas que de ella derivan se rigen por legislación local. Cuando un partido de nueva creación con registro nacional busca operar en el ámbito local, la pregunta es si la ley de esa entidad tiene una fórmula prevista para él. El Tribunal habría respondido que no; SOMOS replica que el artículo 51 ya la contiene.

Falta lo que permite medir la magnitud del golpe: qué tribunal resolvió, bajo qué expediente, si la sentencia ya dejó sin efecto la acreditación y el dinero o si ambos siguen vigentes mientras se litiga, y de qué entidad federativa se trata. La información disponible no precisa ninguno de esos datos.

La lectura política

Mover una impugnación sobre financiamiento es la vía más barata para estrechar la cancha: no prohíbe a nadie, sólo deja al competidor sin recursos, sin estructura y, en el extremo, sin acreditación. El argumento de que asignar esos recursos afectaría las prerrogativas de otros partidos tiene un efecto secundario: convierte a quienes ya cobran en interesados en que la puerta no se abra, sin que ninguno aparezca como el que la cierra. Es competencia por el mismo voto, mediada por reglas.

Para SOMOS, el litigio también rinde. Un partido de nueva creación a un año de 2027 necesita lo que el dinero compra menos que lo que la narrativa hace circular: la idea de que el sistema protege a los grandes. Acosta Naranjo planteó la respuesta en tres tiempos —"jurídica, política y organizativa"—, la secuencia clásica de quien convierte un expediente en identidad y una denuncia en trabajo territorial.

Hay una señal interna que conviene leer aparte. El propio dirigente nacional recordó que el partido abrirá sus candidaturas a personas vinculadas con causas ciudadanas y que sus dirigentes nacionales no podrán usarlo como instrumento para obtener candidaturas. En la práctica, esa regla refuerza el discurso antisistema, contiene expectativas internas y reserva los espacios para aspirantes externos; también fija un límite explícito a lo que la dirigencia podrá reclamar después. No es una candidatura ni una precandidatura de facto: es diseño de reglas internas, y su cumplimiento será la prueba real.

Qué sigue

SOMOS dijo que combatirá la sentencia, pero no precisó la vía —recurso de reconsideración, juicio local o eventual atracción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)— ni plazos. Lo verificable en los próximos días es acotado: quién resolvió y en qué expediente; si la impugnación de Morena sigue viva o el asunto ya está en revisión; si la acreditación y las prerrogativas continúan vigentes mientras se litiga; y si el partido sostiene actividades políticas en la entidad, como anunció.

El fondo del asunto no se decide en una sola sentencia. La pregunta que importa rumbo a 2027 es si la fórmula para los partidos de nuevo registro se definirá por la vía judicial o por el presupuesto, porque cualquiera de esas rutas sella, antes de la primera boleta, quién puede competir y con cuánto.